¿Es real la reforma laboral en el Golfo árabe?

Los Estados árabes del Golfo invierten miles de millones de dólares en diversificación económica, infraestructuras e inversiones globales. Sin embargo, buena parte de esa transformación sigue dependiendo de los trabajadores migrantes, que soportan una parte desproporcionada de sus costes físicos, financieros y sociales. Todos los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo han reformado el sistema de kafala, que vincula el estatus legal del trabajador extranjero a un patrocinador local, pero los problemas a los que se enfrentan los migrantes son más profundos. La economía de la migración suele trasladar la deuda de contratación, los costes de alojamiento y los gastos administrativos a unos trabajadores que ya lidian con la separación familiar, los riesgos para la salud y la inseguridad laboral, mientras los beneficios del desarrollo se concentran en manos de la élite.

A lo largo de la última década, los Estados han introducido reformas laborales, entre ellas sistemas de protección salarial, límites a la jornada, disposiciones de seguridad en el trabajo y mecanismos legales para cambiar de empleo o salir del país. Sin embargo, la existencia de leyes no significa que siempre funcionen. Las preguntas son: ¿qué ocurre cuando los trabajadores migrantes con salarios bajos intentan ejercer sus derechos? ¿Pueden recuperar con rapidez los salarios impagados? ¿Pueden abandonar a un empleador abusivo sin poner en riesgo su estatus legal o perder ingresos? ¿Pueden cambiar de trabajo sin incurrir en nuevos costes administrativos? ¿Pueden permitirse un alojamiento alternativo si se les retira la vivienda facilitada por el empleador? ¿Y qué sucede cuando un trabajador enferma o queda discapacitado tras años de exposición laboral, sobre todo cuando las complicaciones aparecen una vez terminada la relación laboral?

Muchos trabajadores migrantes afrontan gastos desde el principio. Los agentes de contratación pueden cobrar sumas considerables, lo que empuja a algunos trabajadores a endeudarse antes incluso de cobrar su primera nómina. Las leyes pueden prohibir que se cobren comisiones de contratación a los trabajadores, pero estos carecen de la capacidad de negociación o de la información necesarias para impugnar cargos ilegales. A su llegada al destino, los visados, la documentación de residencia, los reconocimientos médicos, el transporte, el alojamiento y otros requisitos pueden generar gastos para los trabajadores, especialmente cuando los empleadores trasladan al trabajador los costes de incorporación. Un trabajador puede percibir un salario que sobre el papel parece bueno y quedarse con bastante menos tras los costes vinculados a la migración, la devolución de la deuda y las remesas.

La vivienda es un punto ciego. El desarrollo del Golfo árabe se ve en torres de lujo y ciudades planificadas, pero los alojamientos de los trabajadores pueden seguir siendo hacinados, insalubres y estar situados muy lejos. La vivienda facilitada por el empleador crea dependencia: perder el empleo significaría perder a la vez los ingresos y el alojamiento.

Otra cuestión que ilustra la diferencia entre la protección legal formal y la autonomía práctica es la retención por parte de los empleadores de los pasaportes de los trabajadores. En los países del Consejo de Cooperación del Golfo existen restricciones legales a que los empleadores retengan los pasaportes de los trabajadores, aunque las normas y su aplicación varían mucho según el país y la categoría de trabajador.

Millones de trabajadores migrantes mantienen a sus familias. Los trabajadores con salarios bajos casi siempre tienen que dejar a su familia atrás. Los hijos crecen separados de sus padres, y la presión por enviar dinero incluso cuando las condiciones laborales se deterioran agrava el estrés. Enfrentarse a un empleador que actúa de forma poco ética puede suponer no solo perder el trabajo, sino también poner en peligro el futuro económico de la familia del trabajador.

Los riesgos se agudizan especialmente en la construcción y en los megaproyectos. Los proyectos financiados por los gobiernos pasan por múltiples capas de contratistas y subcontratistas. Cuando acontecimientos como la guerra con Irán llevan a los gobiernos a aplazar, recortar o abandonar proyectos, las pérdidas financieras se trasladan hacia abajo hasta los trabajadores, que no tienen recurso alguno cuando los salarios quedan impagados o se les retira el empleo y el alojamiento.

La enfermedad sigue siendo un problema. Los empleadores no siempre respetan las restricciones del horario de trabajo en verano. Las indemnizaciones diseñadas para accidentes laborales identificables no reconocen las enfermedades o discapacidades acumulativas que aparecen una vez finalizado el empleo.

Que existan derechos formales sobre el papel no significa que se traduzcan en una reforma efectiva. En 2025-26, las vulneraciones de los derechos laborales continuaron en todo el Consejo de Cooperación del Golfo. En Arabia Saudí, una empresa con sede en Dammam dejó abandonados a 53 trabajadores nepalíes sin trabajo, sin paga y sin comida. Otro caso afectó a trabajadoras domésticas filipinas que sufrieron jornadas excesivas, explotación y abusos sexuales. En Kuwait, muchas trabajadoras domésticas se enfrentan al encierro en el domicilio, a retrasos en el pago de los salarios y a otros abusos.

A medida que las instituciones financieras y los inversores estadounidenses interactúan cada vez más con el capital y los fondos soberanos del Golfo árabe, las prácticas laborales cuestionables incrementan el riesgo comercial y reputacional y afectan a la transparencia de la cadena de suministro. Encargar a diplomáticos estadounidenses que informen sobre ello y a los reguladores que velen por que las reformas sobre el papel se traduzcan en realidad puede parecer intrusivo o caro a corto plazo, pero ignorar esa regulación puede generar problemas mucho mayores más adelante, no solo para los trabajadores migrantes, sino también para los inversores que buscan su mano de obra.