Fracasa la apuesta de Washington por Irak
Al-Zaidi institucionaliza a las milicias de Irán y socava los esfuerzos de Estados Unidos por desalojarlas.
Ali Almrayatee es exintérprete de combate de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la Operación Libertad Iraquí. Posteriormente trabajó como asesor principal de seguridad del Parlamento iraquí, donde contribuyó al rescate de rehenes estadounidenses en 2016 y a la lucha contra el Estado Islámico (ISIS), y como activo de inteligencia antiterrorista para organismos del Gobierno de Estados Unidos. Fue diplomático en Irak y Turquía, centrado en la seguridad internacional, el extremismo, la guerra híbrida y los asuntos geopolíticos.
La administración Trump respaldó al primer ministro Ali al-Zaidi con expectativas explícitas: desarmar a las milicias alineadas con Irán, restablecer el monopolio estatal sobre el uso de la fuerza, crear condiciones favorables para las empresas estadounidenses y frenar la explotación por parte de Teherán de la soberanía iraquí. Cuatro meses después, ocurre lo contrario. La apuesta de Washington por al-Zaidi se ha venido abajo porque su Gobierno está permitiendo que elementos armados alineados con Irán consoliden su poder dentro de la maquinaria del Estado, al tiempo que siguen beneficiándose de concesiones financieras y políticas de Estados Unidos. Al acomodarse a este Gobierno, Washington corre el riesgo de socavar su propia estrategia para desmantelar las redes regionales de Irán.
Durante su visita a la Casa Blanca, al-Zaidi prometió desarmar y disolver las facciones armadas a más tardar el 30 de septiembre de 2026. El plazo venció sin medidas sustantivas. Su Gobierno tampoco ha logrado impedir ataques originados por milicias iraquíes contra países vecinos y la Región del Kurdistán. Ya sea por incapacidad o por falta de voluntad, tampoco ha conseguido frenar la actividad terrorista transfronteriza en la que participan los apoderados extranjeros de Irán y leales a Asad, que utilizan territorio iraquí como base de operaciones.
La incapacidad de al-Zaidi para proyectar la autoridad soberana de Bagdad no se hace más evidente que allí donde milicias de las Fuerzas de Movilización Popular se burlan abiertamente de la soberanía iraquí, profanando la bandera estadounidense mientras izan la de Irán. Las amenazas contra estadounidenses han continuado pese a la retirada militar de Estados Unidos. Las fuerzas de seguridad iraquíes escoltaron a vloggers estadounidenses hasta la Región del Kurdistán para protegerlos. Posteriormente, organismos de seguridad iraquíes pidieron al corresponsal de The Wall Street Journal Jared Malsin que abandonara Irak para salvaguardar su vida. Autoridades iraquíes, europeas y estadounidenses también emitieron advertencias. Un primer ministro que no puede proteger a estadounidenses no puede prometer de forma creíble un entorno seguro para la inversión estadounidense.
Estos fallos de seguridad reflejan acuerdos políticos que preservan la influencia de las facciones. Al-Zaidi ha mantenido a personal y asesores vinculados a milicias, nombrados por el ex primer ministro Mohammed al-Sudani, como Hussein Allawi y el director de la Oficina del Primer Ministro, Ihsan Al‑Awadi, cuya función es promover al primer ministro a través de los medios. También ha designado a candidatos perdedores en las elecciones de varios bloques políticos para puestos de asesoría y cargos de dirección en el Gobierno, como la asesora Ala Talabani y la presidenta en funciones de la Comisión Iraquí de Energía Atómica (Iraqi Atomic Energy Commission), Thanaa Al‑Zajrawi, compensando así a los partidos mediante el sistema iraquí de cuotas políticas y sectarias.
La aplicación de medidas anticorrupción sigue siendo un mecanismo de purgas, más que de rendición de cuentas. Entretanto, el Gobierno tolera la explotación por parte de Teherán de la economía y el sistema financiero iraquíes para eludir sanciones y financiar sus operaciones. El clientelismo, la aplicación selectiva de la ley y la permisividad financiera protegen a aliados políticos, preservan el control de las facciones y dejan a Teherán canales con los que sostener su influencia.
El momento elegido para anunciar el presupuesto récord de Irak, junto con la conclusión del reparto ministerial y el nombramiento de Laith Al-Khazali —un operativo sancionado de Asa’ib Ahl al-Haq— como viceprimer ministro, deja al descubierto el pacto político subyacente. El presidente del Parlamento iraquí alegó que contaba con la aprobación de Washington. Los nuevos Ministerios de Inteligencia Artificial y de Turismo servirán como vehículos institucionales para que las facciones armadas accedan a recursos del Estado y se desprendan de su nomenclatura miliciana sin renunciar a su poder. El acuerdo de cooperación en inteligencia artificial entre Irak e Irán, firmado durante el mandato de al-Sudani, garantiza que esos ministerios funcionen como canales de asistencia iraní. Las empresas estadounidenses podrían acceder a contratos iraquíes de inteligencia artificial solo si eluden sanciones y se asocian con entidades ya designadas como organizaciones terroristas.
El anuncio por parte del Marco de Coordinación Chií de un «Consejo de Liderazgo del Estado» (State Leadership Council) completa el sometimiento institucional. Al-Zaidi pasa del papel que Washington le había asignado —plantar cara a las facciones proiraníes y crear oportunidades estadounidenses-iraquíes— a actuar como lo que Kata’ib Hezbollah denomina abiertamente un «cajero». Su utilidad consiste ahora en asegurar exenciones estadounidenses que permitan a las facciones respaldadas por Irán sobrevivir y sortear la presión de Estados Unidos. Las autorizaciones para vuelos desde Irán a Najaf y los permisos previos para flujos de dólares muestran cómo la acomodación de Washington se ha convertido en un instrumento de la estrategia iraní.
Las voces en Washington que abogan por la indulgencia y siguen pasando por alto este fracaso debilitarían la campaña estadounidense más amplia contra los grupos armados y los partidos políticos alineados con Irán. Esas facciones y sus socios están socavando los objetivos estadounidenses. Washington no puede exigir el desmantelamiento de las milicias mientras facilita los canales financieros y los arreglos institucionales que las sostienen. Este enfoque renuncia a la capacidad de presión estadounidense justo en el momento en que Washington debería ejercerla.
Washington debe tratar los ministerios recién adjudicados y los cargos de viceprimer ministro como entidades y operativos terroristas, y negarse a cualquier interlocución con ellos. Irak debería enfrentarse a una disyuntiva: sostener la alianza con Irán y asumir las consecuencias del aislamiento financiero, o abandonar a las milicias.