Las amenazas de Turquía y la implicación de Francia en el Great Sea Interconnector sientan un precedente peligroso
Turquía se opone a actividades que considera lesivas para sus intereses y contrarias a su doctrina de la «Patria Azul».
Christos Konstantinidis es periodista, director de Geopolitico.gr, copropietario de PontosVoice.com y miembro del Instituto Internacional de Estrategia (International Institute of Strategy).

El Great Sea Interconnector, el proyecto de conexión eléctrica entre Grecia y Chipre financiado por la Unión Europea, se ha convertido en un thriller diplomático. El pulso comenzó en julio de 2024, cuando el buque de investigación italiano Ievoli Relume realizaba prospecciones del lecho marino al sur de Kasos. Ankara envió cinco buques de guerra y cuestionó la jurisdicción griega en un intento de hacer valer el acuerdo marítimo ilegal de Turquía con Libia. Atenas sostuvo que las operaciones programadas ya se habían completado, mientras que Ankara afirmó que las prospecciones se habían realizado en coordinación con ella.
Las reacciones pusieron al Gobierno bajo presión. Incluso un antiguo asesor del primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, admitió, dos años después, que se había sentado un precedente negativo respecto del ejercicio de los derechos soberanos. El proyecto acumuló retrasos en 2025, achacados a problemas financieros, regulatorios y geopolíticos, pero el desafío de Turquía lo sobrevoló en todo momento.
Grecia decidió seguir adelante e incorporar a Francia a la ecuación para sortear los obstáculos planteados por Ankara. Así, el 5 de agosto de 2026, la empresa francesa Meridiam acordó adquirir una participación del 66 por ciento en el Great Sea Interconnector al Operador Independiente de Transmisión de Energía de Grecia (Independent Power Transmission Operator), una operación ante la que Turquía profirió amenazas de conflicto militar. El 6 de noviembre, Grecia emitió un télex de navegación (NAVTEX) advirtiendo de que el buque francés Abeille Marengo realizaría nuevas prospecciones.
Sin embargo, el 5 de noviembre, cinco días antes de la partida del buque, Francia envió una nota verbal a Turquía para notificarle las operaciones previstas. Ankara, no obstante, sostuvo que había concedido permiso, en un intento de presentarse como la autoridad competente para autorizar las prospecciones. Atenas rechazó esa afirmación e insistió en que solo Grecia y Chipre tienen la facultad de expedir permisos, alegando que el término «notificación» tiene un significado distinto al de «permiso».
«Turquía intenta, por vías indirectas, provocar una suerte de legitimación y reconocimiento internacional del memorando Turquía-Libia, que es jurídicamente nulo y sin efecto. Y ahora utilizará la iniciativa francesa para tratar de crear hechos consumados», advirtió Prokopis Pavlopoulos, presidente de la República Helénica entre 2015 y 2020.
Para el embajador retirado Dimitris Karaitidis, describir la comunicación como una «notificación» y no como una «solicitud de permiso» resultaba «engañoso». «Turquía interpreta esto deliberadamente como un reconocimiento indirecto de los derechos ilegales que pretende imponer», dijo Karaitidis, antiguo asesor del primer ministro griego Costas Simitis.
Giorgos Anthrakefs, especialista en Derecho europeo, acusó a Atenas y a París de distorsionar la ley. «El artículo 79 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982 establece las disposiciones que regulan el tendido de cables submarinos. No exige notificación de ningún tipo a ningún país. Grecia y Francia vulneraron, distorsionaron y alteraron esta disposición, creando un precedente peligroso que podría permitir a otros países vulnerar, distorsionar y alterar su aplicación en la práctica», afirmó.
Las declaraciones del jefe de las Fuerzas Navales turcas confirman la inquietud de los analistas y políticos griegos. El almirante Ercüment Tatlıoğlu expone las posiciones estratégicas de Turquía y expresa la oposición de Ankara a actividades que considera lesivas para sus intereses en el Mediterráneo oriental y contrarias a la llamada «Patria Azul», una doctrina revisionista proclamada por el Gobierno de Erdoğan.
«En esencia, Ankara quiere que sus derechos soberanos sean reconocidos de este modo. Después de lo ocurrido con el Great Sea Interconnector, no podremos hacer nada en el Egeo sin su aprobación. Quiere emitir avisos NAVTEX, incorporarlos a su expediente e invocarlos si el asunto llega ante un tribunal internacional», declaró Savvas Kalenteridis, antiguo oficial del Servicio Nacional de Inteligencia griego. Hasta ahora, Turquía lo ha conseguido en diez casos, el más reciente relativo al buque de investigación Kobi Ruegg, para cuyo despliegue los alemanes solicitaron el consentimiento de Turquía.
Se crea así un precedente peligroso que no afecta solo a Grecia y Chipre. Cuando Grecia, a través de Francia, empieza a cursar notificaciones de este tipo, se introduce una práctica que no está prevista en el Derecho del Mar, que forma parte además del Derecho europeo. En cierto modo, aunque las reivindicaciones marítimas de Turquía sean estrambóticas e ilegales, la deferencia griega y europea en general corre el riesgo de convertirlas en realidad.