La solución de dos Estados en Yemen es una salida práctica, no ideológica

La 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas se reúne bajo el lema «Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que respondan a todos». Yemen pone a prueba ese lema. Esta última semana, en Nueva York, tres escenas ilustraron la crisis: una dentro, otra fuera y otra en la pantalla.

Dentro del hemiciclo, Abdullah al-Alimi Bawazir, miembro del Consejo de Liderazgo Presidencial y dirigente del partido Islah, afiliado a los Hermanos Musulmanes, encabezó la delegación yemení. Pidió apoyo contra el terrorismo y el contrabando, y ayuda para desmantelar las redes que financian y arman a los hutíes. Pocos discreparían.

La paradoja está en el orador. Al-Alimi Bawazir representa a Islah en el Consejo de Liderazgo Presidencial, anunciado en Riad en abril de 2022 y reconfigurado por Arabia Saudí en enero de 2026, cuando Riad maniobró para apartar al Consejo de Transición del Sur. Que un dirigente de un partido afiliado a los Hermanos Musulmanes, algunas de cuyas ramas Washington ha designado como organizaciones terroristas, se dirija al mundo sobre la lucha antiterrorista, mientras las fuerzas del sur que combatieron a Al Qaeda y a los hutíes luchan por ser escuchadas, pone de relieve hasta qué punto está rota la ecuación vigente.

A pocos metros de allí, yemeníes del sur residentes en Estados Unidos celebraron una vigilia para denunciar la tutela saudí sobre Yemen del Sur y reivindicar su derecho a la autodeterminación y a un Estado propio. Dentro, al-Alimi Bawazir reiteró su apego a la unidad yemení, la misma unidad en cuyo nombre su partido, armado con edictos religiosos, participó en la matanza de sureños durante la invasión de Yemen del Sur por Yemen del Norte en 1994. La vigilia llegó nueve meses después de que aviones saudíes atacaran a fuerzas del sur cuando perseguían redes terroristas de contrabando, y tras el anuncio de Riad, el 9 de enero de 2026, de la disolución del Consejo de Transición del Sur. El anuncio no cerró la cuestión; más bien la trasladó de las instituciones a la calle, como atestiguan las multitudes en Adén, Mukalla y ahora ante la sede de Naciones Unidas.

El día de la vigilia, el exenviado estadounidense para Yemen Tim Lenderking dijo que la división de Yemen en dos Estados es «posible», y señaló el precedente. Su futuro, afirmó, deben decidirlo los yemeníes en la mesa de negociación, y no imponerlo actores externos. Las conversaciones se antojan difíciles por ahora, dijo: el clima está militarizado y los hutíes están acumulando capacidades y explotando las divisiones de sus adversarios.

El discurso oficial trata la unidad como la condición natural de Yemen. La historia dice otra cosa. A lo largo del siglo XX, el Norte y el Sur se gobernaron por separado y, entre 1967 y 1990, fueron dos Estados soberanos, cada uno con su propio escaño en Naciones Unidas. La unificación del 22 de mayo de 1990 fue un pacto entre dos Estados; la guerra de 1994 convirtió la asociación en anexión por la fuerza.

Nada de esto niega el peso de Arabia Saudí ni su interés en la seguridad fronteriza. Pero una década de tutela saudí ya ha dictado su veredicto. En el Norte, los hutíes pasaron de ser una insurgencia local a una potencia regional que amenaza el mar Rojo y Bab el-Mandeb. En el Sur, la exclusión de las fuerzas del Consejo de Transición del Sur que combatieron a los hutíes y a Al Qaeda dejó el campo abierto, en la práctica, a Islah. La apuesta de Riad pone en peligro tanto la seguridad saudí como el tráfico marítimo internacional.

Si el futuro es una decisión yemení, como planteó Lenderking, debe tomarse entre los propios yemeníes y no imponerse desde las autoridades saudíes en Riad. Para lograrlo, Washington debería, en primer lugar, liderar el proceso político a través del Cuarteto internacional, con Riad y Abu Dabi como garantes y socios. Estados Unidos no puede subcontratar su interés en Bab el-Mandeb, y tiene una posición única para convocar y garantizar, no para escribir el futuro de Yemen. La ausencia estadounidense es un vacío que llenan tanto los hutíes como Irán.

En segundo lugar, el diálogo debería salir de la supervisión saudí, no por hostilidad hacia Riad, sino porque una parte implicada militarmente no puede arbitrar al mismo tiempo. Las conversaciones podrían incluso incluir a los hutíes, no para legitimarlos, sino para vincularlos a acuerdos fronterizos y de seguridad bajo supervisión internacional.

En tercer lugar, una solución de dos Estados debería abordarse como una salida práctica, no ideológica: las fronteras de 1990 como base de la negociación, acuerdos de reparto de recursos, garantías para la libertad de navegación y relaciones de buena vecindad entre dos Estados soberanos que aseguren las fronteras de Arabia Saudí mediante un tratado, no mediante una tutela.

La Asamblea General de Naciones Unidas pide restaurar la confianza. En Yemen, la confianza no se construirá con un discurso en favor de un consejo nacido en Riad y reconfigurado al antojo de su patrocinador, ni desestimando las demandas del sur en nombre de una unidad hueca. Hasta que la decisión vuelva a quienes les pertenece y Washington asuma la responsabilidad que dictan sus propios intereses, los hutíes seguirán siendo la única parte que triunfa, porque tienen objetivos claros y una política consensuada, por más desacertada y desestabilizadora que sea.