¿Puede el cierre de la MINURSO abrir la vía al fin de la UNRWA?
Ambos organismos de la ONU han hecho más por perjudicar a los refugiados y perpetuar el conflicto que por ayudarlos y resolverlo.
Michael Rubin está especializado en Irán, Turquía y el Cuerno de África. Su trayectoria incluye una etapa como funcionario del Pentágono, con experiencia sobre el terreno en Irán, Yemen e Irak, así como contactos con los talibanes antes del 11-S. Rubin también ha contribuido a la formación militar, impartiendo clases a unidades de la Marina y del Cuerpo de Marines de Estados Unidos sobre conflictos regionales y terrorismo. Su obra académica incluye varias publicaciones destacadas, como “Dancing with the Devil” y “Eternal Iran”. Rubin obtuvo su doctorado y su máster en Historia, así como una licenciatura en Biología, por la Universidad de Yale.

El 1 de noviembre de 2026, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) cesó sus operaciones después de que el Consejo de Seguridad de la ONU no lograra prorrogar su mandato. El secretario general, António Guterres, declaró que deseaba «reconocer el papel central que la MINURSO ha desempeñado desde su creación en 1991 al ayudar a vigilar el alto el fuego y crear condiciones propicias para la búsqueda de una solución política».
Guterres no dice la verdad. La misión principal de la MINURSO era celebrar un referéndum para determinar qué estatus deseaban los saharauis del antiguo Sáhara español. En los últimos 35 años, la MINURSO costó 1.760 millones de dólares, pero ni siquiera logró preparar lo que debería haber sido una votación sencilla. Cierto es que Argelia —que utilizó al Frente Polisario como garrote contra Marruecos— trató de enturbiar el censo del referéndum incluyendo a personas que nunca habían vivido en el Sáhara Occidental y, de hecho, a muchos que no eran saharauis.
En 1999, España contabilizó poco más de 70.000 residentes en su antiguo enclave colonial. Eso significa que, si la MINURSO hubiera distribuido proporcionalmente sus costes administrativos, a cada saharaui le habrían correspondido más de 50.000 dólares, más de cinco veces la renta anual per cápita de la región. Las partes que podían lucrarse con la crisis inflaron sistemáticamente las cifras. El ejército argelino, por ejemplo, infló el número de refugiados saharauis en sus campamentos de Tinduf y después desvió la ayuda enviada a los campamentos en beneficio propio.
Afirmar que la MINURSO hizo algo para impulsar una solución política es un disparate. En múltiples viajes al Sáhara Occidental, los lugares más evidentes para encontrar a miembros de la MINURSO eran bares y restaurantes, donde vivían por encima del nivel de vida que tenían en Pakistán, Bangladés y Nigeria. De hecho, tanto la MINURSO como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fallaron gravemente a los refugiados. La MINURSO delegó la representación de los saharauis en el Frente Polisario, un grupo proxy de la Guerra Fría que se proclamó dirección de la República Árabe Saharaui Democrática.
El Polisario era autocrático y gobernaba sus campamentos con mano de hierro. Argelia no es precisamente libre, pero pasar de Argelia a los campamentos del Polisario era como cruzar la frontera de China a Corea del Norte. El ACNUR no gestionaba el campamento, pero sí operaba vuelos de Tinduf a Laayoune como parte de su programa Confidence Building Measures (Medidas de Fomento de la Confianza, CBM). Por desgracia, el ACNUR permitió que el Polisario impusiera una política de separación familiar. Temiendo las deserciones hacia Marruecos, el Polisario obligaba a quienes tomaban el vuelo para reencontrarse con familiares perdidos hacía tiempo a dejar atrás a cónyuges, hijos o padres como rehenes.
Igual que las deserciones de la época de la Guerra Fría iban casi exclusivamente en una dirección, del bloque del Este hacia Occidente, también las fugas saharauis se han producido casi por completo en un solo sentido: de Argelia a Marruecos. La razón es sencilla: la administración marroquí del Sáhara Occidental es benigna y su compromiso con la autonomía local otorga a los saharauis libertad política y cultural. El Gobierno marroquí gasta más per cápita en escuelas y servicios sociales en la región del Sáhara que en cualquier otro lugar del Reino.
La cuestión ahora es cómo desmantelar los campamentos de refugiados de Tinduf. Argelia quiere desesperadamente que permanezcan, por las mismas razones políticas por las que los militantes palestinos exigen que la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) continúe sus operaciones 75 años después de que sus propios dirigentes recomendaran poner fin a su misión.
Eso deja a los refugiados saharauis en la estacada. Aunque el ACNUR da por supuestos 173.600 refugiados —cifra probablemente inflada, más por las exageraciones del Polisario y del ejército argelino que por recuento real alguno—, la cuestión es si los residentes de los campamentos de Tinduf son más refugiados o rehenes y, por tanto, en qué medida mantener la financiación no hace sino reforzar y premiar a los secuestradores del Polisario. Aquí hay paralelismos evidentes con el modo en que Hamás utilizó a la UNRWA para tratar a los refugiados como rehenes con fines políticos.
El ACNUR no es la UNRWA, sin embargo. Tiene un historial, especialmente bajo la dirección del expresidente iraquí Barham Salih, de ser mucho más austero y fiel a su misión. Va camino de alcanzar su objetivo de reducir en un 50 % los registros de refugiados para 2035. A diferencia de la UNRWA, el ACNUR no adopta posturas políticas ni juega a la diplomacia. Sus estimaciones sobre las cifras de transición necesarias para cerrar los campamentos también tienen sentido: pide en torno a un millón de dólares para mantener y luego ir reduciendo la educación, el apoyo al saneamiento, la nutrición, la protección y la salud. Una transición ordenada garantiza que no se pierda la capacidad local en una carrera desesperada por trasladarse a otro lugar.
El ACNUR hace lo correcto al planificar una transición transparente. Si bien la Administración Trump sigue recelando de los organismos de la ONU, poner fin a la MINURSO y a los campamentos saharauis es un ejemplo claro de cómo la cooperación del Gobierno estadounidense y una inversión modesta pueden evitar la inestabilidad o la necesidad de movilizar recursos de emergencia a una escala mucho mayor en apenas unos meses. Al mismo tiempo, que el presidente Donald Trump y el secretario de Estado, Marco Rubio, ayuden a la ONU a cerrar misiones innecesarias o ineficaces favorece el objetivo de recortar las operaciones de la ONU y redirigir los presupuestos hacia donde son más necesarios. Por el contrario, no invertir en las transiciones del ACNUR podría generar más demandas y reducir los fondos disponibles para crisis de refugiados más agudas y repentinas cuando se produzcan.
Aún más importante, sin embargo, sería que demostrar un final ordenado y coordinado de la MINURSO podría sentar un precedente para el cierre de la UNRWA que, como la MINURSO, ha hecho más por perjudicar a los refugiados y mantener vivo el conflicto que por ayudarlos y resolverlo. Aunque Trump ha creado una Peace Board for Gaza, el sentimiento anti-Trump probablemente suponga su colapso una vez termine su mandato. La antipatía hacia Trump, no obstante, no blanquea la corrupción interna de la UNRWA, el riesgo moral que representa ni su incapacidad para reformarse.
Si la Administración Trump financiara el plan de cierre del ACNUR para los campamentos saharauis, Estados Unidos podría defender de forma más persuasiva en el plano internacional que es posible desmantelar la UNRWA sin perjudicar a los verdaderos refugiados, e incluso situar al ACNUR en posición de absorber el caso palestino a medida que las Naciones Unidas se racionalizan y se reforman.