Tras el Pacto de La Meca, Washington debe vigilar el acuerdo de Badr

Cuatro Estados de mayoría musulmana firmaron un memorando de defensa en Doha el 21 de octubre de 2026. Pakistán, Turquía, Catar e Indonesia lo denominan el acuerdo de Badr. Por ahora es un memorando de entendimiento, no una alianza formalizada por tratado. Sin embargo, la intención es evidente: una cooperación suní más estrecha. A la larga, el acuerdo de Badr podría contribuir a una arquitectura de seguridad suní más amplia. Estados Unidos debería estar alerta.

El Ministerio de Defensa turco afirma que el memorando abarca la producción militar, la investigación y el desarrollo, la formación técnica y los ejercicios conjuntos. Turquía aporta tecnología. Pakistán e Indonesia aportan fábricas y mano de obra cualificada. Catar aporta capital.

Firmaron el texto el ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Muhammad Asif; el ministro de Defensa turco, Yaşar Güler; el viceprimer ministro catarí, el jeque Saud bin Abdulrahman Al Thani; y el viceministro de Defensa indonesio, Yusuf Jauhari. Otros Estados podrán sumarse conforme a los criterios que fijen los cuatro.

El nombre tiene resonancia religiosa. «Badr» fue el nombre de una batalla decisiva en el año 624 d. C., que marcó un giro importante para la primera comunidad musulmana, que pasó a ser una gran fuerza militar en la península arábiga. El memorando llega además tras el acuerdo de La Meca, que vincula a Pakistán, Arabia Saudí y Turquía. Pakistán y Turquía también se sientan con Arabia Saudí y Egipto en el grupo de los Cuatro Regionales (Regional Four, R4), surgido en marzo de 2026. El objetivo es construir cooperación e interdependencia, paso a paso, con un bloque de seguridad musulmán suní integral como meta final.

Académicos chinos interpretan el acuerdo de Badr como un intento de reducir la influencia estadounidense en la región. El China Global South Project informó de que Ding Long, profesor del Instituto de Estudios de Oriente Medio de la Universidad de Estudios Internacionales de Shanghái, declaró al Jiefang Daily, periódico shanghainés vinculado al Partido Comunista Chino, que la aparición de los acuerdos de La Meca y de Badr refleja el «declive de la hegemonía estadounidense». Ding añadió que los países de la región «ya no apuestan toda su seguridad a Estados Unidos», sino que buscan diversificar sus asociaciones y repartir el riesgo.

Al mismo tiempo, Ding advierte de que la proliferación de estos acuerdos de seguridad podría fragmentar el panorama regional de seguridad y subraya el posible desafío para las exportaciones de armas chinas a Pakistán. Lo mismo vale para Occidente. Pakistán, Turquía, Catar e Indonesia también quieren reducir su dependencia de armamento occidental que llega con condiciones. Las licencias de exportación, la amenaza de sanciones y los vínculos de formación pierden fuerza cuando un socio puede comprar o fabricar en otra parte. Washington debería vigilar el acuerdo de Badr y aclarar cómo se aplica la Ley para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos Mediante Sanciones (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA).

El pilar industrial del acuerdo de Badr crea además un problema de seguridad. Los cuatro miembros compran armas a numerosos proveedores. Turquía opera sistemas estadounidenses y se vuelca en la producción nacional con estándares de la OTAN. Pakistán es un usuario principal de equipamiento de origen estadounidense. Catar opera una flota diversa de equipamiento occidental de gama alta. Indonesia emplea una cantidad significativa de material militar occidental. La producción conjunta y la formación técnica llevarían estos sistemas a los mismos talleres. Los ingenieros pueden estudiar el material de los demás. La ingeniería inversa se vuelve más fácil. También la transferencia no autorizada. Un componente licenciado a un miembro podría llegar a otro miembro, o a un tercero, sin el consentimiento de su proveedor original.

Washington y sus aliados deberían, por tanto, seguir de cerca el flujo de tecnología de defensa de Badr. Deberían presionar a Turquía, miembro de la OTAN, para que proteja la tecnología aliada dentro de cualquier proyecto conjunto. Y deberían revisar en especial las condiciones de uso final asociadas a los sistemas de origen estadounidense en el arsenal paquistaní, sobre todo a la vista de los estrechos lazos militares de Pakistán con China.

El acuerdo de Badr plantea también la cuestión de quién más podría beneficiarse. Pakistán, Turquía y Catar tienen, cada uno, vínculos con grupos islamistas. Pakistán da cobijo a facciones militantes islamistas. Turquía y Catar apoyan ambos a los Hermanos Musulmanes y acogen a dirigentes de Hamás.

Por ahora, el acuerdo de Badr no tiene proyectos, presupuestos ni calendarios de producción anunciados. El acuerdo de La Meca ya muestra tensiones. Turquía aún no ha prestado apoyo militar ofensivo alguno a Arabia Saudí frente a los hutíes en Yemen, y las aportaciones de Pakistán se concentran más en la defensa del territorio. Si esa promesa todavía no se ha materializado, la promesa industrial del acuerdo de Badr necesitará años para demostrar su valor. La producción conjunta exige estándares, confianza y tiempo.

Washington debería actuar ya, antes de que la arquitectura se consolide. El acuerdo de Badr está abierto a ampliarse más allá de sus cuatro miembros fundadores. Si su cooperación militar se profundiza y sus miembros empiezan a coordinar sus intereses estratégicos, podría desafiar la influencia occidental, debilitar la capacidad de presión de Estados Unidos sobre transferencias de armas y sanciones, y abrir nuevos cauces para que tecnología militar sensible llegue a actores hostiles a los intereses occidentales.