Cuando Tel Aviv y la ciudad de Gaza se prometieron hermanarse
Barcelona exigió medidas a Israel, pero no a Hamás, que calificó a Tel Aviv de "ciudad ocupada".
Jan Kapusnak es politólogo y escritor independiente afincado en Tel Aviv, especializado en Oriente Medio, Israel y geopolítica. Sus trabajos se han publicado en Neue Zürcher Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Presse y The Jerusalem Post, entre otros medios.

Tel Aviv y la ciudad de Gaza fueron en su día ciudades hermanas, al menos sobre el papel. El 24 de septiembre de 1998, sus alcaldes, Roni Milo y Aoun al-Shawa, se unieron al alcalde de Barcelona, Joan Clos, para firmar un acuerdo de cooperación. Los intercambios municipales y los proyectos culturales traducirían las promesas diplomáticas de Oslo en lazos cotidianos entre los vecinos. Barcelona ayudaría a financiar la iniciativa.
Aunque el acuerdo de Oslo II de 1995 y el Protocolo de Hebrón de 1997 mantuvieron en marcha el proceso de paz, los atentados suicidas palestinos ahondaron las dudas israelíes sobre si las concesiones aportarían seguridad. Pese a la oposición, el pleno municipal de Tel Aviv aprobó el pacto.
La asociación prometida nunca llegó a desarrollarse. La Segunda Intifada hizo añicos la confianza. Israel retiró sus asentamientos y su presencia militar de Gaza en 2005; Hamás obtuvo una ligera mayoría en las elecciones legislativas palestinas de 2006 y, después, se apoderó violentamente de Gaza y mató o expulsó a miembros de Fatah en 2007. Un acuerdo concebido bajo la Autoridad Palestina de Yasser Arafat se enfrentaba ahora a un movimiento terrorista comprometido con la destrucción de Israel.
Aun así, Tel Aviv mantuvo la puerta abierta. En 2008, con las comunidades israelíes bajo fuego de cohetes y el soldado Gilad Shalit cautivo en Gaza, el alcalde Ron Huldai instó a los concejales a congelar el pacto en lugar de cancelarlo. Accedieron, preservando la posibilidad de cooperación cuando mejoraran las circunstancias.
Hamás, en cambio, amplió su arsenal y sus túneles militares. Sus ataques indiscriminados con cohetes contra civiles israelíes eran ilegales. Sus tácticas de escudos humanos ponían en peligro a los palestinos, al tiempo que explotaban los esfuerzos de Israel por evitar víctimas civiles. En 2012, cohetes procedentes de Gaza alcanzaron el área de Tel Aviv. La ciudad hermanada con Gaza sobre el papel se había convertido en un objetivo en la práctica.
En Barcelona, sin embargo, la Comunidad Palestina de Cataluña exigió ya en 2009 poner fin al hermanamiento con Tel Aviv. Aquel mes de enero, su portavoz en Barcelona, Salah Jamal, subrayó la capacidad de Hamás para aglutinar a los árabes en torno a su «discurso de resistencia contra los planes imperialistas», al tiempo que acusaba a Israel de buscar el «aniquilamiento de la causa palestina». En 2014, la web de la organización reprodujo una entrevista en la que el activista israelí Michel Warschawski describía a Hamás como «ante todo, un movimiento de resistencia» y declaraba: «Su carta nunca me ha molestado». Un municipio israelí liberal se enfrentaba a la exclusión, mientras se justificaba la violencia de Hamás.
En 2017, el festival del libro Literal, subvencionado por el Ayuntamiento de Barcelona, invitó a la secuestradora de aviones Leila Khaled. Era una figura destacada del Frente Popular para la Liberación de Palestina, organización incluida en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea. El programa del festival calificaba su primer secuestro de «un éxito completo». El consistorio aseguró que no elegía a los ponentes. Con todo, la financiación pública contribuyó a dar altavoz a alguien que seguía defendiendo la lucha armada contra Israel.
En febrero de 2023, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, suspendió las relaciones con Israel, incluido el pacto con Tel Aviv. Colau insistió en que se oponía a la política del Gobierno, pero sancionó a un municipio cuya orientación política difícilmente podía equipararse a la del primer ministro Benjamin Netanyahu. La Federación de Comunidades Judías de España condenó la decisión como «antisemitismo sofisticado». Cuando su sucesor socialista, Jaume Collboni, restableció los vínculos aquel septiembre, el partido de Colau lo acusó de plegarse al «lobby sionista».
Tras la matanza de judíos perpetrada por Hamás el 7 de octubre de 2023, Israel tenía el derecho y el deber de defender a sus ciudadanos. Sin embargo, los dirigentes de Barcelona trataron su campaña para derrotar a Hamás como motivo de aislamiento. Colau la calificó de genocidio. Las medidas provisionales de la Corte Internacional de Justicia de enero de 2024 no establecieron tal conclusión; el fondo del asunto seguía sin resolverse. La acusación se presentó como un hecho, otorgando credibilidad oficial a lo que el historiador Simon Schama llamó «el nuevo libelo de sangre».
En mayo de 2025, el pleno de Barcelona rompió el pacto municipal. Su resolución de 20 puntos respaldaba la solución de dos Estados, pero no mencionaba ni una sola vez a Hamás. Exigía medidas a Israel sin ofrecer a los israelíes ninguna estrategia creíble para derrotar a un movimiento terrorista cuyos fines genocidas —la destrucción de Israel y la matanza de judíos— están explicitados en su carta fundacional. Hamás celebró la decisión y describió Tel Aviv como una «ciudad ocupada».
El Gobierno en Madrid se hizo eco del planteamiento de Barcelona: en septiembre de 2025, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acusó a Israel de «exterminar a un pueblo indefenso» y anunció nuevas restricciones en su contra.
Entretanto, el antisemitismo en España se disparó tras la masacre del 7 de octubre de 2023. El observatorio del antisemitismo del país documentó 34 incidentes en 2022 y 60 en 2023. La Federación de Comunidades Judías de España registró 221 incidentes antisemitas en 2025, frente a 193 en 2024. Su presidente, David Obadía, describió a niños judíos que acuden al colegio bajo protección policial. Sin embargo, en septiembre de 2026, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, defendió una Palestina libre «desde el río hasta el mar». El apoyo declarado de Madrid a dos Estados suena hueco cuando una ministra abraza un eslogan antisemita que niega el derecho del pueblo judío a la autodeterminación.
Las medidas de Barcelona tampoco superaron el escrutinio judicial. En octubre de 2026, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó la anulación de la suspensión de relaciones con Israel de 2023 y de las restricciones en la contratación pública, por discriminatorias y por exceder las competencias municipales. La ruptura del pacto con Tel Aviv de 2025, independiente de aquella, quedó fuera del alcance de la sentencia.
El doble rasero político era evidente: Barcelona exige cambios de calado al Israel democrático, pero ninguno a la dictadura de Hamás en Gaza. Predicó la convivencia mientras excluía a la ciudad israelí que había mantenido abierto un canal de cooperación. En nombre de la paz, desmanteló un puente. Hamás aplaudió.