EE. UU. sanciona el comercio de gas turcomano a través de Irán: ¿será Azerbaiyán el siguiente?

Turquía aspira desde hace tiempo a convertirse en un centro energético regional. Tradicionalmente ha recibido petróleo y gas no solo de Irak y Azerbaiyán, sino también de Turkmenistán mediante intercambios de gas con Irán. Esto ha continuado pese a las sanciones, en gran medida gracias a intermediarios y exenciones. El yacimiento de Shah Deniz, en Azerbaiyán, por ejemplo, sigue enviando gas a Turquía y a Europa, pese a la participación iraní en su propiedad, gracias a excepciones específicas en las sanciones.

Al mismo tiempo, el temor a las sanciones estadounidenses ha frenado ya el gas turcomano transportado por Irán hacia Turquía. Ese contraste deja al descubierto un límite de la estrategia del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan: alinear proveedores y construir gasoductos no garantiza automáticamente un suministro fiable para cumplir contratos europeos.

El ministro de Energía, Alparslan Bayraktar, ha dicho que Washington intervino, pese a que Turquía no efectuó pagos directos a Irán, lo que sugiere la razón de las sanciones estadounidenses, aunque no se han hecho públicas pruebas de infracciones.

El acuerdo de Turkmenistán con Turquía se basaba en un intercambio: Turkmenistán enviaría gas a Irán e Irán suministraría la misma cantidad de gas a Turquía. No está claro si Teherán recibía comisiones, retenía gas u otra compensación.

Estos detalles importan, porque las sanciones estadounidenses no prohíben sin más las transacciones de gas iraní. El gas natural está exento de la Sección 1244 de la Ley de Libertad y Lucha contra la Proliferación de Irán (Iran Freedom and Counter-Proliferation Act); las transacciones financieras asociadas, sin embargo, siguen sujetas a restricciones.

Las transacciones significativas con la Compañía Nacional Iraní de Petróleo (National Iranian Oil Company) o con Naftiran Intertrade Company, así como la asistencia material a determinadas entidades, pueden ser sancionadas por otras autoridades si no se ajustan a las excepciones pertinentes.

Así, el origen turcomano no ofrece una protección universal, como tampoco la ofrecería el gas de cualquier otro Estado. Un intercambio puede exponer a sanciones a los bancos o empresas participantes, según cuáles sean las contrapartes y los acuerdos de pago. Pagar a Irán con gas en lugar de con dinero no elimina por sí solo ese riesgo. Afirmar que Washington descubrió una infracción concreta va más allá de los hechos, a falta de denuncias de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Como la incertidumbre en la aplicación de las sanciones vuelve arriesgados acuerdos financieramente beneficiosos, bancos y gobiernos también pueden optar por abandonarlos. Esto afecta igualmente a Azerbaiyán. El principal corredor de exportación azerbaiyano atraviesa Georgia y Turquía para eludir territorio iraní, aunque Azerbaiyán y Turquía dependen de infraestructuras iraníes para otros intercambios comerciales. Con todo, Naftiran Intertrade Company posee un 10 por ciento del yacimiento de Shah Deniz y del Gasoducto del Cáucaso Sur asociado. La Oficina de Control de Activos Extranjeros mantiene las excepciones para el proyecto que suministra gas de Shah Deniz a Turquía y a Europa, pese a la participación iraní. Es un resquicio importante desde el punto de vista de quienes buscan más presión sobre Irán.

También hay participación rusa. La rusa Lukoil tiene un 19,99 por ciento de Shah Deniz. El capital ruso no convierte la producción azerbaiyana en gas ruso, pero muestra por qué las afirmaciones de que el corredor está blindado frente a las sanciones simplifican en exceso el panorama. Los operadores deben gestionar con cuidado las participaciones, los pagos y las autorizaciones regulatorias para asegurarse de no vulnerar unas exenciones de sanciones limitadas.

¿Podría el gas azerbaiyano afrontar restricciones similares a las que detuvieron el intercambio turcomano? Sí, si las empresas organizan intercambios con Irán sin la debida autorización o toman atajos. Eso sigue siendo un riesgo, no una prueba de una prohibición inminente. El gas ruso comercializado a través de Azerbaiyán plantearía una cuestión distinta: las normas de la Unión Europea exigen ahora verificar el país de producción a medida que Europa elimina gradualmente las importaciones rusas. Un vendedor azerbaiyano no puede borrar el origen ruso.

La lección de fondo tiene que ver con el poder de negociación. El acuerdo turcomano propuesto ofrecía solo 1.300 millones de metros cúbicos, una adición modesta a la cartera de Turquía. Su valor real residía en la opción adicional que daba a Ankara en las negociaciones de precios. Perder esa palanca deja a los proveedores restantes más margen para negociar con dureza.

Ankara todavía cuenta con alternativas, cada una con contrapartidas claras. Un gasoducto transcaspiano evitaría el tránsito iraní y conectaría las reservas turcomanas con Azerbaiyán, pero aún necesita financiación, compromisos firmes de compra y años de construcción antes de que fluya gas alguno. Un aumento de la producción azerbaiyana exige más inversión y más tiempo.

El gas natural licuado aporta mayor flexibilidad de aprovisionamiento, aunque su coste depende de los contratos y de las condiciones del mercado y no es automáticamente superior al del gas por gasoducto. Ninguna de estas opciones ofrece un sustituto inmediato del gas perdido de Turkmenistán.

Mientras Turquía aspira a ser un centro energético, aplicar esa estrategia resulta cada vez más difícil. El gobierno de Erdoğan debe asegurarse contratos, registros de suministro transparentes y un acceso regulatorio fiable. Shah Deniz demuestra que una diplomacia sostenida puede proteger proyectos valiosos, pero el episodio turcomano muestra el coste de dar por supuesto que la ambición por sí sola garantizará el mismo trato.