¿Quién hereda los bienes de los terroristas tras su derrota militar?

La derrota de cualquier organización terrorista plantea una pregunta que la política antiterrorista rara vez aborda: ¿qué ocurre con su infraestructura económica tras la derrota de su brazo militar?

La derrota territorial provoca desplazamientos de poder. Una fábrica determina qué trabajadores consiguen empleo. Un vehículo puede indicar qué grupo controla una ruta de contrabando. El armamento y el dinero en efectivo pueden ayudar a que surja un nuevo grupo. Las redes que rodean esos activos pueden mantener vivas las rutas de contrabando, las redes comerciales y los vínculos clientelares. Gaza ofrece un ejemplo claro. Cuando Hamás arrebató Gaza a Al Fatah en 2007, se apoderó de cuarteles de seguridad, armas de fabricación estadounidense, munición, equipo militar y vehículos. Hamás, por tanto, heredó no solo territorio, sino parte de la infraestructura militar y de seguridad de Al Fatah. También cerró oficinas de Al Fatah y más de 100 asociaciones cívicas, organizaciones benéficas y clubes deportivos, y confiscó ordenadores, material de oficina y, en algunos casos, mobiliario y aparatos de aire acondicionado.

Cuando el Estado Islámico perdió Mosul, dejó atrás granjas, fábricas, vehículos, armas, dinero en efectivo, almacenes, negocios y bienes personales. Los gobiernos han confiscado algunos activos, las milicias han saqueado otros, los civiles han ocupado propiedades abandonadas, los delincuentes han traficado con bienes valiosos y algunos veteranos del Estado Islámico han ocultado activos para usarlos en el futuro. Tras la recuperación de la ciudad por las fuerzas iraquíes, las autoridades ocuparon algunas viviendas vinculadas a presuntos miembros del Estado Islámico e impidieron el regreso de algunas familias, pero las milicias chiíes a menudo saquearon las propiedades incluso antes de que los legítimos propietarios pudieran reclamarlas. La confiscación punitiva fue también un problema de primer orden. Human Rights Watch documentó al menos 16 casos en los que las fuerzas de seguridad iraquíes ocuparon viviendas pertenecientes a familiares de presuntos miembros del Estado Islámico, mientras que cinco familias denunciaron que las fuerzas de seguridad las expulsaron de sus hogares.

Incautar un bien es solo el primer paso. Después, las autoridades deben acreditar la titularidad, resolver reclamaciones enfrentadas y decidir si lo devuelven, lo indemnizan o le dan otro uso. En Mosul, activistas denunciaron que las Fuerzas de Movilización Popular confiscaron más de 5.000 propiedades privadas y públicas mediante la manipulación de los registros de la propiedad para sustituir a los titulares inscritos.

En Somalia, después de que las fuerzas somalíes y las de la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) recuperaran localidades en manos de Al Shabab, los residentes que regresaron se enfrentaron a disputas por viviendas y tierras que el grupo había ocupado. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó posteriormente de que esas disputas persistían, mientras Somalia introducía directrices sobre desalojos para proteger a los desplazados y regular las reclamaciones enfrentadas. La corrupción, sin embargo, puede agravar o retrasar la justicia y, en el caso de Somalia, llevar a los somalíes a volver a recurrir a Al Shabab.

Un Estado puede derrotar militarmente a una organización terrorista y, al mismo tiempo, crear una segunda economía de conflicto a partir de sus propiedades. La confiscación puede generar nuevas redes criminales, mercados ilegales y oportunidades de financiación para potenciales insurgentes. Las redes criminales pueden explotar esos activos para el contrabando y otras actividades ilícitas. El Estado Islámico se sirvió de contrabandistas de petróleo, comerciantes y transportistas para vender crudo fuera de las zonas bajo su control. Esas redes pueden sobrevivir a la derrota territorial y complicar los esfuerzos por desmantelar el conjunto de la economía. Contrabandistas turcos —algunos de ellos, según se ha informado, vinculados a la familia gobernante Erdoğan— llegaron incluso a comerciar con petróleo del Estado Islámico, y quizá a transferir fondos a otras causas y movimientos radicales.

Hezbolá plantea un desafío distinto, porque su infraestructura financiera se extiende más allá del territorio, hacia empresas e instituciones financieras. En julio de 2025, el banco central de Líbano prohibió a los bancos e instituciones financieras con licencia operar con Al-Qard Al-Hassan, una entidad financiera vinculada a Hezbolá. Líbano mantiene además una lista nacional de financiación del terrorismo que obliga a congelar sin demora los activos designados, aunque permite a las partes afectadas solicitar la exclusión de la lista o un acceso limitado a los fondos congelados. La lección es que los gobiernos deben rastrear las redes financieras junto con los activos físicos, incluidas las empresas, los intermediarios y los titulares reales. El actual plan de acción del Finance Action Task Force de Líbano exige reforzar la recuperación de activos, la información sobre titularidad real y las investigaciones sobre financiación del terrorismo.

El problema tampoco se limita a Oriente Medio. Sri Lanka afrontó un problema distinto tras derrotar a los Tigres de Liberación de Eelam Tamil en 2009. Las autoridades incautaron después activos vinculados a los Tigres Tamiles por valor de unos 10 millones de dólares estadounidenses, entre ellos cuentas bancarias, terrenos, un edificio e imprentas, con algunas propiedades destinadas a subasta pública. Pakistán, Reino Unido e Italia aplican enfoques diferentes ante los bienes de los terroristas. La Ley Antiterrorista de Pakistán permite a las autoridades congelar o incautar bienes terroristas, al tiempo que ofrece a terceros un procedimiento para impugnar la titularidad y solicitar su liberación. Reino Unido se apoya en el decomiso judicial, e Italia gestiona los bienes confiscados para su posterior reutilización.

La recuperación de activos debería comenzar antes de que los saqueadores se apoderen de ellos. Mientras algunas milicias y ejércitos tratan las propiedades incautadas como botín que se reparte como prebenda, las autoridades deberían, en cambio, hacer a los oficiales militares personalmente responsables de la seguridad de los bienes que quedan bajo su custodia. Las autoridades deberían después inventariar empresas, terrenos, vehículos y dinero en efectivo, verificar la titularidad, congelar los activos en disputa y recurrir a los tribunales para determinar el decomiso o la restitución. Los gobiernos también deberían cotejar los registros de la propiedad con los registros de desplazamiento y distinguir los activos terroristas de los bienes civiles.

Cuando las fuerzas antiterroristas consideran que la derrota de los líderes terroristas es su objetivo final, pueden arrebatar la derrota de las fauces de la victoria, sobre todo si dejan atrás una estructura financiera y un patrimonio fértiles sobre los que los grupos terroristas pueden volver a crecer.