Etiopía recibe los cazas rusos que Washington negó a Egipto
Unas reglas de operación negociadas protegerían a ambos países mejor que una carrera armamentística a lo largo del Nilo.
Siyad Madey es abogado y analista de políticas públicas radicado en Nairobi, con más de veinticinco años de experiencia en los sectores público y privado de África Oriental y el Cuerno de África. Anteriormente prestó servicio durante más de quince años en el National Bank de Kenia.
El 28 de octubre de 2026, el primer ministro etíope Abiy Ahmed anunció en Moscú que Etiopía había recibido 12 cazas rusos Su-35, y que después llegarían cuatro baterías de defensa antiaérea S-400, aunque informaciones posteriores apuntaron a que Etiopía solo había recibido los dos primeros aparatos y que el calendario del resto de la entrega sigue sin estar claro. Incluso dos cazas plantean una pregunta incómoda para Washington.
En 2019, el secretario de Estado Mike Pompeo advirtió a Egipto de que la compra de Su-35 a Rusia podía desencadenar sanciones en virtud de la Ley para Contrarrestar a los Adversarios de Estados Unidos mediante Sanciones (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act, CAATSA). El Cairo acabó renunciando a sus planes. Siete años después, su principal rival adquiere el mismo caza ruso. ¿Aplicará Washington el mismo rasero?
El anuncio llega tras un año en el que el presidente Donald Trump se hizo eco de forma reiterada de las quejas de Egipto por la Gran Presa del Renacimiento Etíope. El 16 de enero de 2026, Trump escribió al presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, ofreciéndole reactivar la mediación estadounidense. En la cumbre del G7 celebrada en Évian, Francia, el 17 de junio, Trump dijo públicamente a Sisi que Etiopía había tratado injustamente a Egipto y describió el Nilo como un río que se está vaciando más de lo que debería.
¿Significa eso que Washington se ha decantado por Egipto frente a Etiopía? No exactamente. La retórica pública de Trump ha favorecido a El Cairo, pero las instituciones estadounidenses han seguido relacionándose con Adís Abeba. El 21 de agosto, el Gobierno etíope informó de consultas con el Pentágono y de un acuerdo para ampliar la cooperación en defensa. Aunque el Pentágono no ha difundido un comunicado similar, ello sugiere, aun así, que no existe una política estadounidense uniforme contra Etiopía.
La distinción importa. Etiopía considera la presa un proyecto de generación eléctrica y una afirmación de soberanía. Egipto, muy dependiente del Nilo, teme sufrir escasez durante sequías prolongadas. La mediación aspira a lograr un acuerdo sobre las normas de operación del embalse, un intercambio fiable de información y un mecanismo para resolver disputas. Un presidente que respalda repetidamente las quejas de una de las partes dificulta ese objetivo. La compra de Abiy no puede atribuirse solo a Trump: según se ha informado, Etiopía encargó seis Su-35 en 2022.
El entorno de seguridad inmediato de Etiopía se está deteriorando. La reanudación de los combates en sus regiones septentrionales y la escalada de tensiones con Eritrea elevan lo que está en juego en cualquier adquisición militar. El 3 de octubre, el Departamento de Estado advirtió de que otro conflicto entre Etiopía y Eritrea podría desestabilizar el conjunto del Cuerno de África y poner en peligro la cooperación estadounidense con ambos países. Esa advertencia ofrece una imagen más nítida de las prioridades oficiales de Estados Unidos que las declaraciones presidenciales por sí solas.
Para Moscú, el acuerdo promete algo más que ingresos por exportaciones. Rusia gana otra relación de defensa en una región disputada. Etiopía obtiene acceso a material que acarrea consecuencias políticas para los países que buscan vínculos más estrechos con Washington. La cuestión es si esas consecuencias se aplicarán de manera coherente.
La sección 231 de la CAATSA prevé sanciones por transacciones significativas con determinados elementos de los sectores de defensa o inteligencia de Rusia, con sujeción a condiciones legales, excepciones y facultades de exención. Pompeo invocó ese marco contra la compra proyectada por Egipto. La transacción de Etiopía merece una evaluación conforme a la misma ley. Eso no significa que las sanciones sean automáticas, ni que un resultado idéntico sea jurídicamente obligado sin examinar los hechos.
Washington afronta dos riesgos. El silencio, sin explicación, haría que su anterior advertencia a El Cairo pareciera selectiva. Una amenaza automática contra Adís Abeba podría reforzar la posición de Moscú y erosionar aún más la credibilidad estadounidense como mediador. La respuesta es una revisión jurídica transparente, no un castigo diplomático improvisado.
Estados Unidos conserva canales de influencia. Etiopía sigue acogida a un programa del Fondo Monetario Internacional de 3.400 millones de dólares. Ese programa sirve a la estabilización macroeconómica; no debería convertirse en sustituto del procedimiento legal que rige las transacciones de armamento ruso. La implicación estadounidense en materia de seguridad y diplomacia debería asimismo seguir abierta, sobre todo a medida que aumentan las tensiones con Eritrea.
Un enfoque estadounidense coherente también distinguiría entre la compra y la entrega. Dos aparatos exhibidos en Moscú no acreditan la llegada de un escuadrón operativo a Etiopía. Tampoco las prometidas baterías S-400 acreditan una red de defensa aérea ya capaz de proteger la presa. Cuanto más preciso sea Washington sobre lo que Rusia ha suministrado, más creíble será cualquier determinación sancionadora. Esa disciplina importa cuando los Gobiernos de la región están atentos a señales de dobles raseros y cuando el Congreso debe juzgar si el poder ejecutivo aplica la ley de forma coherente.
Trump debería volver al fondo de su oferta de mediación de enero. Egipto necesita salvaguardias creíbles durante las sequías. Etiopía necesita el reconocimiento de su derecho a generar electricidad y a impulsar su desarrollo. Unas normas de operación negociadas protegerían ambos intereses con más eficacia que una carrera armamentística a lo largo del Nilo.
Los Su-35 no demuestran que Etiopía haya dado la espalda a Washington, pero sí revelan el coste de la ambigüedad. Estados Unidos no puede invocar sanciones por armamento ruso contra Egipto y, después, negarse a explicar su trato a Etiopía. Tampoco puede Trump esperar que Adís Abeba confíe en su mediación mientras habla como si las reivindicaciones de El Cairo fueran hechos consumados. Si Washington no adopta la coherencia y la transparencia en su enfoque, Moscú aguarda entre bastidores.