La fractura del régimen iraní

Resumen ejecutivo

La campaña militar y económica contra la República Islámica ha alterado de raíz el equilibrio regional de poder, pero todavía no ha cambiado los cimientos políticos del régimen iraní. Las capacidades militares de Irán se han degradado de forma significativa, pero el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) sigue preservando la cohesión del sistema político, reprimiendo a la oposición interna y proyectando el poder suficiente para sostener al régimen. El desafío estratégico central, por tanto, ya no es cómo debilitar militarmente a Irán, sino cómo convertir la ventaja militar y la coerción económica en una transición política duradera.

Este documento sostiene que el centro de gravedad decisivo es la coalición gobernante articulada en torno al IRGC, y no las capacidades militares que aún le quedan a Irán. Los sistemas autoritarios rara vez se derrumban porque la población esté descontenta. Se vuelven vulnerables cuando la confianza de las élites se erosiona, surgen instituciones políticas alternativas y el régimen ya no logra convencer a sus partidarios de que representa la vía más segura hacia la estabilidad.

En consecuencia, una transición exitosa exige una estrategia política integrada articulada en torno a cuatro objetivos que se refuerzan mutuamente: fortalecer una oposición unificada capaz de gobernar, fragmentar la coalición gobernante del régimen mediante un trato diferenciado con las élites, dominar el entorno informativo y competir económicamente con el régimen mediante presión selectiva, apoyo a la resistencia civil y una visión convincente de prosperidad posterior a la transición. La presión militar y económica sigue siendo esencial, pero solo en la medida en que genere oportunidades para que estas dinámicas políticas se desarrollen.

El informe sostiene además que unos enclaves protegidos de la oposición dentro de Irán podrían proporcionar un espacio político seguro desde el cual las instituciones opositoras puedan organizarse, gobernar y demostrar una autoridad alternativa creíble. Con el tiempo, estos enclaves deberían extenderse más allá de las regiones periféricas de minorías hacia el corazón de mayoría persa de Irán, ampliando la denegación territorial, debilitando la confianza de las élites y reforzando la legitimidad nacional.

Por último, el documento propone papeles complementarios para Estados Unidos e Israel. Estados Unidos debería liderar los esfuerzos políticos, económicos, informativos y de planificación de la transición, mientras Israel continúa degradando las capacidades coercitivas del régimen mediante operaciones militares y de inteligencia sostenidas. Toda asistencia externa debería mantenerse discreta y respaldar una transición política inequívocamente dirigida por iraníes. El objetivo no es simplemente debilitar a la República Islámica, sino garantizar que, cuando llegue la oportunidad de cambio, exista una alternativa creíble preparada para sustituirla.

Introducción: el régimen está más débil, pero aún no es vulnerable

Oriente Medio ha entrado en una nueva era estratégica. Desde febrero de 2026, Estados Unidos e Israel han llevado a cabo una prolongada campaña militar contra la República Islámica de Irán, transformando décadas de confrontación por delegación en un conflicto interestatal directo. Lo que empezó como un esfuerzo por degradar el programa nuclear y las capacidades militares de Irán ha derivado en una guerra regional prolongada que se extiende por el golfo Pérsico, Irak, el Levante y el mar Rojo. Irán ha sufrido pérdidas sustanciales: altos mandos militares han muerto, elementos de su infraestructura nuclear y de su industria de misiles han resultado dañados, y buena parte de la arquitectura de disuasión regional construida laboriosamente durante cuatro décadas ha quedado degradada. Sin embargo, ocho meses de guerra han puesto también de manifiesto una realidad incómoda. Pese a la intensa presión militar, la República Islámica sigue en el poder, continúa combatiendo y conserva la capacidad de amenazar la estabilidad regional a una escala que pocos anticipaban.

Esta paradoja debería marcar la futura política hacia Irán. La principal lección de la guerra no es simplemente que Irán esté más débil que antes, sino que la degradación militar, por sí sola, ha resultado insuficiente para producir un cambio político. Estados Unidos e Israel han demostrado que pueden infligir graves daños a las capacidades militares de Irán. Todavía no han demostrado cómo el éxito militar puede traducirse en el colapso del sistema político que generó esas capacidades en primer lugar.

De hecho, si el conflicto ha revelado un rasgo definitorio de la República Islámica, es su resiliencia institucional. El régimen se ha adaptado a reveses militares reiterados dispersando activos, descentralizando las estructuras de mando, apoyándose en redes de producción redundantes y desplazando el conflicto a ámbitos donde conserva importantes ventajas asimétricas. Lejos de aceptar la derrota estratégica, Teherán ha aprovechado sus fortalezas restantes —en particular misiles, drones, coerción marítima, operaciones cibernéticas y los socios regionales que le quedan— para imponer costes continuados a sus adversarios. Al hacerlo, ha recordado a los responsables políticos que incluso un Irán debilitado sigue siendo capaz de modelar el entorno de seguridad regional.

Quizá en ningún lugar haya sido esta adaptación más evidente que en el golfo Pérsico. A lo largo del conflicto, Irán ha demostrado repetidamente su capacidad para amenazar uno de los corredores energéticos más importantes del mundo. Combinando misiles balísticos, drones de largo alcance, fuerzas navales, ataques por delegación y tácticas marítimas coercitivas, Teherán ha atacado reiteradamente a los Estados del Golfo que albergan fuerzas estadounidenses, al tráfico marítimo comercial y a la infraestructura energética regional. Aunque estas operaciones no han cerrado permanentemente el estrecho de Ormuz, sí han interrumpido en repetidas ocasiones el tráfico comercial, elevado los precios mundiales de la energía, obligado a grandes despliegues navales y recordado a los gobiernos de la región que Irán conserva la capacidad de poner en riesgo el comercio del Golfo pese a meses de intensas operaciones militares. Esta capacidad de imponer costes estratégicos mientras absorbe, simultáneamente, el castigo militar constituye una de las lecciones más importantes del conflicto actual.

La explicación reside en la propia naturaleza del Estado iraní. El Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (IRGC) no es una organización militar más que protege a un gobierno por lo demás convencional. Se ha convertido en la columna vertebral institucional de la República Islámica: una estructura política, militar, de inteligencia, económica e ideológica que entrelaza las instituciones coercitivas del régimen, las autoridades provinciales, las redes comerciales, las fundaciones religiosas y las industrias estratégicas. Se financia mediante extensas participaciones comerciales, dirige la represión interna a través de organizaciones de seguridad solapadas y proyecta poder en el exterior mediante fuerzas de misiles, drones, medios navales y socios regionales. Mientras esta arquitectura institucional permanezca intacta, el régimen conservará una capacidad extraordinaria para absorber choques externos, preservando a la vez el control interno.

Esta resiliencia explica también por qué sucesivas oleadas de malestar interno no han producido una transición política pese a una oposición pública generalizada. En las dos últimas décadas, millones de iraníes han manifestado repetidamente su rechazo a la República Islámica mediante protestas de alcance nacional, huelgas laborales, campañas por los derechos de las mujeres, activismo estudiantil y resistencia civil. Sin embargo, todos los movimientos han terminado chocando con el mismo desequilibrio estructural: un aparato de seguridad cohesionado frente a una oposición que sigue políticamente fragmentada, organizativamente poco desarrollada e incapaz de presentar una alternativa de gobierno unificada. La legitimidad por sí sola no produce un cambio de régimen. La organización sí.

La experiencia comparada refuerza esta conclusión. Los sistemas autoritarios duraderos rara vez se derrumban porque la población esté descontenta; se derrumban cuando la confianza de las élites empieza a resquebrajarse. Los dirigentes políticos, los responsables de seguridad, los actores económicos y los gestores burocráticos reconsideran su lealtad cuando concluyen que el régimen ya no puede proteger sus intereses, cuando los costes de mantener la adhesión aumentan, cuando una información creíble revela el verdadero equilibrio de fuerzas políticas y cuando un gobierno alternativo viable aparece capaz de mantener el orden. En suma, el desmoronamiento autoritario depende menos de la persuasión de las masas que de la incertidumbre de las élites.

Esta constatación tiene profundas implicaciones para la estrategia estadounidense e israelí. El reto ya no consiste simplemente en debilitar a la República Islámica, sino en traducir la presión militar y económica en curso en condiciones que posibiliten una transición política dirigida por iraníes. Los actores externos pueden contribuir a crear esas condiciones aumentando la incertidumbre dentro del régimen mientras refuerzan discretamente la capacidad organizativa, la resiliencia y la credibilidad de una alternativa autóctona. Dado que la legitimidad de cualquier gobierno futuro dependerá de su independencia, el apoyo exterior debería mantenerse tan discreto como sea posible, ampliando las oportunidades para la organización política iraní sin convertirse en su rostro público.

Este documento sostiene que la transición política exige una estrategia integrada articulada en torno a cuatro objetivos que se refuerzan mutuamente: fortalecer una oposición unificada, fragmentar la coalición gobernante del régimen, dominar el entorno informativo y competir económicamente con el régimen ofreciendo, al mismo tiempo, una visión realista de recuperación nacional. Sostiene además que el establecimiento de enclaves protegidos de la oposición dentro de Irán puede proporcionar la base organizativa desde la cual las instituciones opositoras puedan sobrevivir, expandirse y prepararse para gobernar. El papel de los actores externos no es dirigir este proceso, sino crear las condiciones en las que pueda tener éxito. La contienda decisiva, por tanto, ya no es si la República Islámica puede ser debilitada militarmente, sino si sus restantes cimientos políticos pueden ser desplazados sistemáticamente por una alternativa iraní creíble.

Parte I: el IRGC como centro de gravedad

El centro de gravedad decisivo de la República Islámica no es su capacidad militar restante, sino la cohesión del sistema político-securitario articulado en torno al IRGC. La Guardia es más que una organización militar. Enlaza las instituciones coercitivas del régimen, los servicios de inteligencia, las redes económicas, las autoridades provinciales y el liderazgo político en una coalición gobernante que se refuerza mutuamente y que ha demostrado reiteradamente una capacidad extraordinaria para absorber choques externos. La cuestión estratégica central, por tanto, no es simplemente cómo degradar las capacidades militares de Irán, sino cómo fracturar las relaciones institucionales que permiten al régimen sobrevivir.

La sucesión ha transformado la República Islámica, de un Estado revolucionario dirigido por el clero y respaldado por el IRGC, en un Estado de seguridad dominado por el IRGC que conserva la legitimidad clerical como uno de sus instrumentos de gobierno. Aunque el Líder Supremo sigue siendo, constitucionalmente, la máxima autoridad, el poder práctico se ha desplazado de forma decisiva hacia las instituciones que ejercen el poder coercitivo, controlan los recursos económicos y mantienen la disciplina de las élites. El centro de gravedad del régimen no reside, por tanto, en un líder individual, sino en la cohesión del propio IRGC.

La durabilidad de esta coalición depende menos de la unidad ideológica que de expectativas compartidas sobre el futuro. Muchos empresarios iraníes, funcionarios provinciales, tecnócratas, burócratas e incluso miembros de los servicios de seguridad pueden cuestionar en privado la trayectoria del país. Pero el descontento rara vez se traduce en deserción, porque los sistemas autoritarios generan un problema de acción colectiva: pocas élites rompen filas mientras no crean que otras están dispuestas a hacer lo mismo. Las transiciones políticas solo se vuelven posibles cuando esas expectativas se invierten: cuando figuras influyentes del aparato concluyen que el régimen ya no puede proteger sus intereses y que un gobierno alternativo creíble ofrece un punto focal para una desvinculación coordinada.

Tampoco es esta coalición monolítica. Los intereses de los altos mandos del IRGC difieren radicalmente de los de los tecnócratas, administradores provinciales, gestores de empresas estatales, jueces, empresarios, funcionarios de carrera y oficiales del ejército regular. Estos grupos afrontan incentivos distintos, presentan vulnerabilidades distintas y responderán de manera distinta a medida que crezca la incertidumbre. Una estrategia de transición eficaz depende, por tanto, de diferenciar entre ellos en lugar de aplicar una presión uniforme. La rendición de cuentas debería seguir centrada en los responsables de la represión y la corrupción, mientras se crean oportunidades claras para que otros se desvinculen sin temer el colapso institucional o represalias indiscriminadas. Esta diferenciación debilita los incentivos para la resistencia colectiva y preserva, al mismo tiempo, la capacidad institucional necesaria para la gobernanza posterior a la transición.

La implicación central es sencilla. El objetivo no es simplemente debilitar las capacidades militares del IRGC, sino erosionar la coalición política que el IRGC organiza, protege y de la que, en última instancia, depende la supervivencia del régimen. Todo elemento ulterior de la estrategia debería evaluarse, por tanto, conforme a una única pregunta: ¿aumenta la incertidumbre dentro de la coalición gobernante del régimen al tiempo que refuerza la confianza en una alternativa iraní creíble?

Parte II: un marco para la transición política

Si la resiliencia de la República Islámica descansa en la cohesión de la coalición gobernante articulada en torno al IRGC, entonces una estrategia de transición exitosa debe alterar la ecuación política que una y otra vez ha favorecido al régimen. Ni la presión económica, ni las operaciones militares, ni las protestas públicas por sí solas producirán probablemente un cambio político. La transición depende, más bien, de fortalecer simultáneamente a la oposición mientras se debilita sistemáticamente la capacidad del régimen para gobernar. Cuatro líneas de esfuerzo que se refuerzan mutuamente resultan esenciales: construir capacidad opositora, fracturar la cohesión del régimen, dominar el entorno informativo y competir económicamente con el régimen mediante presión selectiva, apoyo a la resistencia civil y una preparación creíble para la recuperación posterior a la transición. En conjunto, estos esfuerzos aumentan la probabilidad de que futuras sacudidas políticas —generadas por la presión militar, la crisis económica o el malestar interno— produzcan una transición política en lugar de otro ciclo de represión.

El primer requisito es construir capacidad opositora. La mayor debilidad de la oposición iraní nunca ha sido el apoyo popular, sino la organización política. Pese al descontento generalizado, los movimientos opositores siguen fragmentados por líneas ideológicas, étnicas, geográficas y generacionales. Una transición exitosa exige un vehículo político unificado capaz de coordinar electorados dispares a la vez que dialoga con actores internos y con la comunidad internacional. Ese vehículo debe proporcionar un liderazgo eficaz, articular una plataforma política ampliamente inclusiva, mantener comunicaciones seguras con las redes internas y desarrollar la capacidad organizativa necesaria para coordinar protestas, huelgas, diplomacia, asistencia humanitaria y, llegado el momento, el gobierno. El objetivo no es la uniformidad ideológica, sino la coherencia institucional: un centro reconocido capaz de transformar el descontento popular en acción política sostenida y, en última instancia, en autoridad de gobierno legítima.

La segunda línea de esfuerzo es fracturar la coalición gobernante del régimen. Dado que los sistemas autoritarios dependen de la cooperación de las élites, las estrategias de transición deben remodelar los incentivos de quienes sostienen el orden existente. La investigación demuestra de forma consistente que la presión indiferenciada suele reforzar la cohesión del régimen, mientras que los enfoques diferenciados amplían las divisiones internas. Los altos cargos responsables de la represión y la corrupción deberían esperar rendir cuentas, pero a los tecnócratas, funcionarios, empresarios, administradores provinciales y personal de seguridad de rango inferior debería ofrecérseles un futuro creíble dentro de un Estado de derecho posterior a la transición. Esta diferenciación reduce el miedo al cambio, aumenta la incertidumbre dentro de la coalición gobernante y favorece una desvinculación gradual del régimen. Las transiciones políticas rara vez se desencadenan por una única deserción espectacular; surgen de la erosión acumulada de la confianza de las élites en instituciones que, poco a poco, van perdiendo la voluntad de defender el statu quo.

El tercer requisito es imponerse en el entorno informativo. Todo sistema autoritario depende tanto de controlar las percepciones como de controlar el territorio. La República Islámica se ha apoyado durante mucho tiempo en la censura, la vigilancia, los cortes de internet y los medios controlados por el Estado para ocultar sus divisiones internas, desalentar la acción colectiva y reforzar la percepción de que la resistencia organizada es inútil. Una transición exitosa exige, por tanto, redes de comunicación resilientes capaces de sobrevivir a las interrupciones gubernamentales, la documentación sistemática de los abusos del régimen y un mensaje estratégico coherente que exponga la corrupción mientras pone de relieve la creciente fuerza y unidad de la oposición. Igual de importante, las campañas informativas deben comunicar no solo por qué debe terminar el sistema actual, sino qué lo sustituirá. Demostrar que existe una alternativa política creíble —y que el cambio puede producirse sin un colapso nacional— resulta esencial tanto para movilizar a la sociedad como para tranquilizar a los miembros del aparato del régimen que contemplan desvincularse.

Por último, la transición política exige competencia económica. La República Islámica sostiene la lealtad no solo mediante la ideología y la coerción, sino también mediante el clientelismo. Cualquier movimiento político alternativo debe, por tanto, competir en lo económico tanto como en lo político. Esto empieza con medidas prácticas que permitan sostener la resistencia civil, incluido el apoyo financiero a los trabajadores en huelga y a las familias vulnerables. Exige también optimizar las sanciones para maximizar la presión sobre las instituciones responsables de la represión y minimizar, al tiempo, las penurias innecesarias para los iraníes de a pie. Más allá de la presión inmediata, los líderes opositores deben presentar planes detallados de estabilización económica, reconstrucción, restablecimiento de la confianza del mercado y continuidad de los servicios públicos esenciales. Garantías claras sobre los derechos de propiedad legales, el funcionamiento de las instituciones del Estado y la inversión futura resultan especialmente importantes para los empresarios, tecnócratas y gestores económicos cuya cooperación será indispensable durante cualquier transición. Un futuro económico verosímil reduce la incertidumbre, debilita la dependencia del clientelismo del régimen y refuerza la confianza en que el cambio político producirá estabilidad y no caos.

Ninguna de estas cuatro líneas de esfuerzo basta por sí sola. Es improbable que la organización opositora, sin desvinculación de las élites, supere el aparato coercitivo del régimen. La incertidumbre de las élites, sin una alternativa política creíble, tiene más probabilidades de producir parálisis que transición. Las campañas informativas sin el respaldo de una organización carecen de durabilidad, mientras que la presión económica sin una visión de recuperación alimenta el miedo en lugar de la esperanza. Solo avanzando en las cuatro simultáneamente podrá el equilibrio del poder político desplazarse gradualmente lejos de la coalición gobernante articulada en torno al IRGC.

Parte III: Condiciones para la fractura del régimen

Las transiciones políticas rara vez obedecen a un único acontecimiento decisivo. Los regímenes autoritarios suelen desmoronarse cuando múltiples presiones se refuerzan entre sí y van alterando, poco a poco, la percepción que los actores políticos tienen del equilibrio de riesgos. Los reveses militares, las perturbaciones económicas, la protesta pública, los fallos de información y la fragmentación institucional importan menos como causas independientes del colapso que porque, en conjunto, convencen a un número creciente de miembros del aparato de que el orden existente ya no puede garantizar seguridad, estabilidad ni supervivencia personal. Las transiciones políticas son, por tanto, acumulativas más que catalíticas.

La movilización pública suele ser la manifestación más visible de este proceso, pero rara vez basta por sí sola. Las protestas sostenidas elevan el coste político de la represión, evidencian la pérdida de legitimidad y revelan la amplitud del descontento social. Su mayor valor estratégico, sin embargo, reside en influir en los cálculos de las élites más que en derrocar directamente al régimen. Los repetidos movimientos de protesta en Irán desde 2009 ilustran esta dinámica: pese a la participación masiva, ninguno generó la capacidad organizativa ni el distanciamiento de las élites necesarios para producir una transición política.

El giro decisivo se produce cuando la incertidumbre se extiende por la coalición gobernante. Dirigentes políticos, tecnócratas, empresarios, autoridades provinciales y miembros del aparato de seguridad empiezan a cubrirse ante un futuro cada vez más incierto. Algunos reducen discretamente su cooperación. Otros se niegan a tomar decisiones políticamente arriesgadas. Otros, por su parte, establecen relaciones discretas con instituciones opositoras emergentes. Estas acciones rara vez resultan espectaculares por separado, pero en conjunto debilitan la capacidad de gobierno del régimen, al tiempo que refuerzan la confianza en que las alternativas empiezan a ser viables. Las deserciones deben entenderse, por tanto, no como la fase final del colapso del régimen, sino como una de sus principales causas.

Las presiones militares y económicas aceleran este proceso al moldear las expectativas, más que al determinar directamente los resultados. Las derrotas continuadas en el campo de batalla, la pérdida de control territorial, la alteración de la logística y las crecientes restricciones al clientelismo aumentan las dudas sobre la viabilidad a largo plazo del régimen. A medida que sube el coste de preservar el sistema existente, también crece el atractivo del desenganche para actores cuya lealtad siempre ha dependido más de la estabilidad que de la ideología.

La información es el mecanismo por el que estas realidades cambiantes adquieren significado político. A medida que la censura se debilita, se destapa la corrupción, se hacen visibles las divisiones internas y los ciudadanos observan una participación creciente por parte de otros, disminuye el riesgo percibido de resistir. Igual de importante es que los miembros del aparato del régimen adquieren una comprensión más precisa del debilitamiento del Gobierno y de la aparición de alternativas creíbles. La información, así, acelera la propagación de la incertidumbre por toda la coalición gobernante.

Por último, las transiciones exitosas requieren un lugar al que pueda trasladarse la confianza de las élites. A medida que se erosiona la confianza en el Gobierno en el poder, debe crecer simultáneamente la confianza en una autoridad política alternativa. Unas instituciones opositoras capaces de coordinar la acción política, sostener las comunicaciones, prepararse para gobernar y mantener los servicios públicos esenciales reducen el temor a la inestabilidad tanto entre los ciudadanos como entre los miembros del régimen. Sin esa alternativa, incluso las crisis graves tienen más probabilidades de reforzar la represión que de producir un cambio político duradero.

La implicación central es que la fractura del régimen es un proceso, no un acontecimiento. El cambio político se produce cuando múltiples presiones que se refuerzan mutuamente aumentan de forma sostenida la incertidumbre dentro de la coalición gobernante y, al mismo tiempo, incrementan la confianza en una alternativa creíble. El objetivo, por tanto, no es simplemente debilitar a la República Islámica, sino desplazar el equilibrio del riesgo político hasta que preservar el orden existente resulte más peligroso que apoyar su sustitución.

Parte IV: Una estrategia integral para la transición política

Las secciones anteriores han sostenido que la supervivencia de la República Islámica no descansa simplemente en sus capacidades militares o en su aparato coercitivo, sino en la cohesión continuada de un sistema político centrado en el CGRI. La transición política exige, por tanto, algo más que debilitar al régimen: exige fortalecer una alternativa creíble mientras se remodelan sistemáticamente los incentivos de quienes sostienen el orden existente. Es improbable que un solo instrumento —presión militar, sanciones, protestas, diplomacia u operaciones de información— lo consiga por sí solo. El éxito depende, más bien, de integrar los esfuerzos políticos, informativos, económicos, institucionales y diplomáticos en una campaña de refuerzo mutuo que desplace gradualmente el equilibrio de poder, alejándolo del régimen y acercándolo a una alternativa viable.

La primera prioridad es construir una alternativa política creíble, capaz de gobernar durante y después de una transición. La mayor debilidad de la oposición iraní no ha sido la falta de apoyo popular, sino la ausencia de un vehículo político unificado capaz de coordinar a electorados diversos. Ese órgano debería unir a actores internos y de la diáspora en torno a una plataforma política inclusiva, prepararse para un gobierno interino, elaborar hojas de ruta políticas y económicas, e implicar a organizaciones sindicales, grupos de mujeres, estudiantes, minorías étnicas, tecnócratas, empresarios y figuras religiosas reformistas. Debería centrarse menos en resolver todas las disputas ideológicas que en alcanzar un amplio acuerdo sobre los principios de una transición democrática, el gobierno constitucional, la integridad territorial y el traspaso pacífico del poder político. Por encima de todo, debe demostrar que existe una alternativa organizada y competente al régimen actual. Las iniciativas existentes —entre ellas el Congreso por la Libertad de Irán (Iran Freedom Congress) y los esfuerzos de figuras de reconocimiento nacional como Reza Pahlaví— ilustran tanto los avances logrados como la necesidad persistente de un marco institucional unificado capaz de coordinar al conjunto de la oposición democrática.

La organización política debe ir acompañada de una estrategia de información eficaz. La capacidad del régimen para reprimir la disidencia depende en gran medida de controlar la información, fragmentar las redes opositoras y convencer tanto a los ciudadanos como a los miembros del aparato de que resistir es inútil. Un esfuerzo integral de comunicación debería, por tanto, reforzar las comunicaciones seguras, eludir la censura, documentar las violaciones de derechos humanos, destapar la corrupción y amplificar voces creíbles dentro de Irán. Igual de importante es que comunique de manera coherente una visión positiva del futuro del país. Demostrar que el cambio político es a la vez alcanzable y compatible con la estabilidad resulta esencial para movilizar a la sociedad y, al mismo tiempo, tranquilizar a los miembros del régimen sobre que la transición no tiene por qué desembocar en caos o venganza.

La estrategia económica debería centrarse igualmente en moldear incentivos políticos más que en imponer simplemente costes. La asistencia financiera a los trabajadores en huelga y a las comunidades vulnerables puede sostener la resistencia civil durante los periodos de confrontación, mientras que las sanciones deberían dirigirse cada vez más contra instituciones e individuos directamente responsables de la represión y la corrupción, en lugar de agravar de forma generalizada las penurias de la población iraní. Al mismo tiempo, los líderes opositores y los socios internacionales deberían preparar planes creíbles de estabilización macroeconómica, reconstrucción, recuperación de la inversión, protección de los derechos legítimos de propiedad, continuidad de las pensiones y los servicios esenciales, y reintegración en los mercados internacionales. Ofrecer la certeza de que la vida económica puede mejorar tras la transición reduce la dependencia del clientelismo del régimen y anima a empresarios, tecnócratas y actores del sector privado a ver el cambio político como una oportunidad, y no como una amenaza.

Quizá la línea de actuación más importante consista en remodelar los incentivos de las élites. Dado que los regímenes autoritarios dependen de la cooperación de las élites, las estrategias de transición deberían distinguir cuidadosamente entre distintas categorías de miembros del régimen. Los altos cargos responsables de represión grave y corrupción deben esperar rendir cuentas ante el Estado de derecho. Al mismo tiempo, los funcionarios de nivel inferior, los tecnócratas, los gestores económicos, las autoridades provinciales y buena parte del personal de seguridad deberían recibir garantías claras de que tienen un futuro en el Irán posterior a la transición, siempre que no estén implicados en abusos graves. La responsabilidad individualizada, la continuidad institucional, las protecciones profesionales y unos marcos de transición claramente definidos reducen los temores asociados al cambio político, al tiempo que fomentan un desenganche gradual del sistema existente. Esa diferenciación debilita la cohesión del régimen, preserva la capacidad del Estado y aumenta la probabilidad de que las deserciones se produzcan antes —y no después— de que el régimen comience a desmoronarse.

La interlocución con el sector de la seguridad constituye una línea de actuación complementaria. La experiencia histórica sugiere que los regímenes autoritarios se vuelven especialmente vulnerables cuando partes del aparato de seguridad se niegan a cumplir órdenes de reprimir a la población o eligen permanecer neutrales durante periodos de crisis política. Las estrategias de transición deberían, por tanto, distinguir entre los elementos ideológicamente comprometidos responsables de la represión y el conjunto más amplio del personal militar regular, los oficiales de seguridad de rango inferior y los reclutas, cuya lealtad principal puede ser hacia la nación más que hacia el régimen. Campañas de información cuidadosamente dirigidas, garantías creíbles sobre un trato conforme a la ley y la continuidad del servicio profesional cuando proceda, y llamamientos coherentes al deber constitucional pueden aumentar la probabilidad de que sectores del aparato de seguridad deserten o se mantengan al margen durante una transición. Incluso una neutralidad limitada dentro de instituciones de seguridad clave puede reducir significativamente la capacidad del régimen para sostener la represión, preservando a la vez la continuidad institucional necesaria para la estabilidad posterior a la transición.

Apoyar estos esfuerzos políticos exige reforzar la resistencia civil y la resiliencia cibernética. Una infraestructura de comunicaciones independiente, herramientas digitales seguras, redes de documentación resilientes y una capacidad organizativa descentralizada permiten a los activistas coordinarse pese a la censura y la vigilancia. Al mismo tiempo, las organizaciones sindicales, los colegios profesionales, las universidades, las redes económicas y otros componentes de la sociedad civil deberían recibir apoyo de modo que mejore su capacidad para organizarse, sostener la acción colectiva y mantener la comunicación durante periodos de disrupción. Estas redes constituyen la base organizativa sobre la que, en última instancia, descansan las transiciones exitosas.

Una transición exitosa requiere además una estrecha coordinación internacional. Los gobiernos democráticos deberían alinear la política de sanciones, los mensajes diplomáticos, la ayuda humanitaria, el apoyo a la resistencia civil y la planificación de la transición, evitando enfoques que refuercen los relatos del régimen sobre el control extranjero. El apoyo debería priorizar el fortalecimiento de instituciones políticas lideradas por iraníes, los medios independientes, la sociedad civil, las labores de documentación y una estrategia económica integrada que combine la presión selectiva sobre el régimen con el apoyo práctico a la resiliencia de la oposición y una planificación creíble para la recuperación posterior a la transición. Los socios regionales, Europa y Estados Unidos poseen cada uno capacidades distintas, pero sus esfuerzos resultan más eficaces cuando se coordinan en torno al objetivo compartido de posibilitar una transición liderada por iraníes, en lugar de intentar dirigirla desde fuera.

Por último, planificar el día después es tan importante como planificar la transición misma. Uno de los mayores riesgos tras el colapso autoritario es el desmoronamiento institucional. Preservar el funcionamiento de ministerios, tribunales, servicios públicos, administración local y servicios esenciales del Estado debería tratarse, por tanto, como una prioridad estratégica. La justicia transicional debería equilibrar la rendición de cuentas con la estabilidad mediante un enfoque escalonado que enjuicie a los responsables de los abusos más graves al tiempo que protege a los funcionarios y profesionales ordinarios que pueden contribuir a reconstruir el Estado. La reforma del sector de la seguridad, los mecanismos de transición negociada cuando proceda, los procesos de esclarecimiento de la verdad y la continuidad institucional reducen en conjunto el temor al caos y aumentan la confianza en que el cambio político fortalecerá, y no desmantelará, el Estado iraní.

En conjunto, estas líneas de actuación constituyen una única estrategia integrada, y no un conjunto de iniciativas independientes. La organización política, las operaciones de información, la competencia económica, la interlocución con las élites, la resistencia civil, la coordinación internacional y la planificación posterior a la transición se refuerzan mutuamente al aumentar simultáneamente la incertidumbre dentro del régimen y reducir la incertidumbre sobre el futuro más allá de él. El objetivo no es simplemente acelerar el fin de la República Islámica, sino garantizar que, cuando se den las condiciones para la transición política, haya una alternativa creíble preparada para sustituirla por un Estado iraní estable y reconocido internacionalmente.

Parte V: Creación de enclaves opositores protegidos

La experiencia histórica sugiere que los sistemas autoritarios duraderos se vuelven sustancialmente más vulnerables cuando la oposición organizada adquiere la capacidad de establecer y sostener enclaves protegidos dentro del país. Tales enclaves privan al régimen del control indiscutido sobre partes del territorio nacional y proporcionan un espacio seguro en el que las organizaciones opositoras pueden coordinarse, prestar ayuda humanitaria y desarrollar las instituciones de un gobierno alternativo. Siria ofrece un ejemplo reciente. El territorio en manos de la oposición en Idlib —protegido en parte por la disuasión militar externa y sostenido mediante apoyo logístico transfronterizo— preservó las instituciones políticas y administrativas opositoras mucho después de que hubieran sido eliminadas en el resto del país, lo que les permitió participar en la posterior transición política siria.

Los enclaves protegidos derivan su valor estratégico menos del territorio que abarcan que de las instituciones políticas que hacen posibles. Un espacio seguro permite a las organizaciones opositoras coordinar el liderazgo, mantener las comunicaciones, administrar la ayuda humanitaria, resolver disputas locales y demostrar capacidad de gobierno. En Irán, tales enclaves surgirían con mayor probabilidad primero en regiones fronterizas —incluidas partes de Kurdistán y Baluchistán—, donde la geografía y las redes políticas existentes pueden ofrecer mayores oportunidades para una organización sostenida. Sin embargo, es improbable que enclaves limitados exclusivamente a regiones de minorías alcancen la legitimidad nacional necesaria para una transición política, y podrían reforzar los relatos del régimen sobre el separatismo. Su finalidad debería ser, por tanto, servir de base para un movimiento nacional más amplio que extienda progresivamente su influencia política al corazón de mayoría persa de Irán.

Sostener estos enclaves exigiría un apoyo logístico e institucional resiliente. El acceso fronterizo, las comunicaciones seguras, la ayuda humanitaria, los recursos financieros, la atención médica, los medios independientes, la asesoría jurídica y la capacidad administrativa permitirían a las instituciones opositoras sobrevivir a una confrontación prolongada, preservando la continuidad organizativa y preparándose para gobernar el país llegado el momento. A medida que decline la capacidad del régimen para proyectar fuerza, la expansión del espacio político protegido hacia los principales centros de población de Irán socavaría aún más la percepción de permanencia del régimen y aumentaría la confianza en una autoridad política alternativa emergente.

La importancia estratégica de los enclaves protegidos trasciende, en última instancia, el territorio mismo. Una vez que el régimen ya no puede ejercer una autoridad indiscutida sobre partes del país, la percepción de su permanencia empieza a erosionarse entre burócratas, empresarios, autoridades provinciales y miembros de los servicios de seguridad. La negación territorial funciona, por tanto, principalmente como un mecanismo político y psicológico que debilita la confianza de las élites, acelera las deserciones y aumenta la incertidumbre en toda la coalición gobernante. Los enclaves protegidos solo son valiosos en la medida en que fortalecen una oposición nacional unificada capaz de preservar el liderazgo, coordinar la acción política y demostrar que hay un gobierno alternativo creíble preparado para gobernar un Irán estable y territorialmente unificado.

Parte VI: Ejecutar la estrategia: opciones políticas para Estados Unidos e Israel

Estados Unidos e Israel poseen capacidades complementarias para impulsar una transición política en Irán. Estados Unidos está en mejor posición para configurar el entorno político, económico, diplomático e informativo que rodee una futura transición, mientras que Israel aporta la presión militar y de inteligencia sostenida necesaria para debilitar el aparato coercitivo del régimen. El éxito depende de integrar estas capacidades complementarias en una estrategia coordinada que fortalezca a una oposición liderada por iraníes, al tiempo que erosiona de forma sostenida la cohesión de la coalición gobernante de la República Islámica.

Un principio central debería guiar cada elemento de esta estrategia: la transición política en Irán debe seguir siendo, de manera inequívoca, liderada por iraníes. El apoyo externo resulta más eficaz cuando fortalece la organización política autóctona sin convertirse en su rostro público. Un patrocinio visible estadounidense o israelí de las actividades opositoras reforzaría los viejos relatos del régimen sobre la manipulación extranjera, socavaría la legitimidad interna de los líderes opositores, complicaría los esfuerzos por ampliar el apoyo entre la población iraní y desincentivaría posibles deserciones de las élites. Siempre que sea posible, la asistencia debería, por tanto, prestarse de forma discreta, a través de canales indirectos y negables que maximicen las capacidades operativas de la oposición y minimicen la visibilidad de la implicación externa. El objetivo no es crear un movimiento respaldado por el extranjero, sino permitir que una oposición iraní independiente se organice, se comunique y, en última instancia, gobierne con legitimidad propia.

Estados Unidos

Estados Unidos debería asumir la responsabilidad principal de crear las condiciones políticas necesarias para la transición. La primera prioridad debería ser facilitar la aparición de una oposición unificada y representativa capaz de gobernar durante y después del cambio político. La política estadounidense debería fomentar la coordinación entre activistas internos, organizaciones de la diáspora, tecnócratas, grupos sindicales, organizaciones de mujeres, minorías étnicas y empresarios, evitando al mismo tiempo intentar dictar resultados políticos o elegir líderes concretos. Cuando surjan oportunidades, un apoyo discreto debería también reforzar la capacidad organizativa de los espacios políticos protegidos y de las redes opositoras internas capaces de sostener la gobernanza bajo la presión continuada del régimen. El objetivo es fortalecer instituciones lideradas por iraníes y no generar dependencia de patrocinadores externos.

La política económica debería dejar de limitarse a maximizar la presión y orientarse hacia una competencia económica a largo plazo con el régimen. Las sanciones selectivas deberían centrarse en las instituciones, empresas e individuos responsables de la represión, la corrupción y la financiación del CGRI, minimizando al mismo tiempo las penurias innecesarias para los iraníes de a pie. Paralelamente, los socios internacionales deberían respaldar la resistencia civil ampliando la ayuda práctica a los trabajadores, las comunidades vulnerables y la sociedad civil independiente, a la vez que presentan una visión creíble de la recuperación tras la transición —incluidos el alivio de sanciones, la reconstrucción, la reanudación de la inversión y el restablecimiento de la vida económica normal—. En conjunto, estas medidas reducen la dependencia del clientelismo del régimen y refuerzan la confianza en que el cambio político traerá mayor prosperidad, y no inestabilidad.

La información debería convertirse en un eje central de acción, y no en una actividad de apoyo. Estados Unidos debería ampliar el respaldo a los medios independientes en lengua persa, las plataformas de comunicación seguras, las tecnologías anticensura, las capacidades de internet por satélite cuando sea factible, y la documentación sistemática de la corrupción del régimen y de los abusos de derechos humanos. La comunicación estratégica debería subrayar no solo los fracasos de la República Islámica, sino también la existencia de una alternativa creíble capaz de mantener la unidad nacional, preservar las instituciones del Estado y restablecer las oportunidades económicas. Demostrar que la transición es posible y manejable es esencial para movilizar el apoyo público y, al mismo tiempo, alentar el desapego de las élites.

Las capacidades cibernéticas deberían apuntalar esos esfuerzos informativos reforzando la resiliencia de las comunicaciones de la oposición y reduciendo la capacidad del régimen de suprimir la información independiente. La asistencia debería centrarse en comunicaciones seguras, formación en seguridad digital, protección de las redes de la sociedad civil y resiliencia frente a la censura y las disrupciones cibernéticas. Estas capacidades incrementan la solidez organizativa de la que dependen las transiciones políticas exitosas, a la vez que fortalecen la resiliencia de los espacios políticos protegidos y de las redes opositoras internas.

La política estadounidense debería abordar también de forma directa la coalición gobernante del régimen. Las estrategias de transición deberían distinguir entre los altos cargos responsables de la represión y el conjunto más amplio de tecnócratas, funcionarios, administradores provinciales, líderes empresariales y personal de seguridad cuya cooperación sostenida suele obedecer más a la incertidumbre que a la ideología. Garantías claras sobre la continuidad institucional, la rendición de cuentas conforme a derecho y futuras oportunidades profesionales pueden propiciar un desapego gradual y reducir los incentivos para una resistencia colectiva. Al mismo tiempo, Washington y sus aliados deberían preparar discretamente planes de contingencia para la asistencia humanitaria, la reforma del sector de seguridad, la preservación de los ministerios, la continuidad de los servicios públicos esenciales y una rápida recuperación económica, incluidas vías hacia el alivio de sanciones, nuevas inversiones y la reintegración en los mercados globales. Esa preparación reduce la incertidumbre entre los miembros del régimen y demuestra que existe un futuro estable y próspero más allá de la República Islámica.

Israel

La principal aportación de Israel seguirá siendo una presión militar y de inteligencia sostenida contra las instituciones que preservan el poder coercitivo de la República Islámica. La continuidad de las operaciones contra la cúpula del CGRI, las fuerzas de misiles, la infraestructura de drones, los sistemas de mando y control y las instalaciones de producción militar eleva los costes a largo plazo de la supervivencia del régimen y reduce la capacidad de Teherán para proyectar fuerza en el interior y en toda la región. Por tanto, las operaciones militares no deberían evaluarse únicamente por el daño táctico, sino por su contribución acumulada a debilitar la cohesión y la confianza de la coalición gobernante del régimen.

La presión militar sostenida crea además oportunidades para que surjan enclaves políticos protegidos, al reducir de forma progresiva la capacidad del régimen para proyectar poder coercitivo sobre zonas en disputa. Las operaciones israelíes deberían evaluarse, por tanto, no solo por sus efectos militares inmediatos, sino también por si amplían las oportunidades políticas disponibles para una oposición iraní organizada.

Las operaciones de inteligencia seguirán siendo igual de importantes. La recopilación continuada de información sobre el CGRI, el liderazgo político, las instituciones de seguridad, las redes económicas y las dinámicas internas de las élites puede mejorar la comprensión de las fracturas emergentes dentro del régimen y respaldar los esfuerzos por identificar oportunidades de interlocución política y deserciones de élite. También puede mejorar el conocimiento de las condiciones locales que podrían permitir la aparición o la expansión de enclaves políticos protegidos, lo que permitiría a los responsables políticos sincronizar mejor los esfuerzos políticos, militares, humanitarios y diplomáticos con la realidad cambiante sobre el terreno. La cooperación de inteligencia con Estados Unidos y los socios regionales refuerza asimismo el entendimiento común necesario para una planificación coordinada de la transición.

Israel debería seguir, al mismo tiempo, desarticulando la arquitectura regional de delegados de Irán. Hezbolá, las milicias iraquíes, los hutíes y otros socios iraníes aportan la profundidad estratégica que permite al régimen externalizar el conflicto y preservar su legitimidad interna pese a su debilidad. Unas operaciones sostenidas contra esos delegados reducen la influencia regional de Teherán, limitan su capacidad de represalia y elevan aún más los costes de mantener el sistema vigente.

Israel también puede contribuir indirectamente a la transición política apoyando comunicaciones seguras y redes de información resilientes que permitan a las organizaciones de oposición y a los enclaves políticos protegidos coordinarse pese a la censura y la vigilancia gubernamentales. Estos esfuerzos deberían complementar las iniciativas estadounidenses más amplias, manteniendo el foco en mejorar la resiliencia organizativa y no en dirigir la actividad política.

Por último, ni Estados Unidos ni Israel pueden alcanzar estos objetivos por separado. Sigue siendo esencial establecer una coalición regional que incluya a Estados Unidos, los Estados del Golfo y otros gobiernos amenazados. Su propósito debería ir más allá de la contención militar e incluir la coordinación de la asistencia humanitaria, el apoyo a los enclaves opositores protegidos allí donde surjan, la planificación ante flujos de refugiados, la seguridad marítima, las contingencias nucleares, la estabilización económica y la reconstrucción posterior a la transición.

Conclusión

La República Islámica es hoy más débil que en ningún otro momento de su historia moderna, pero la debilidad por sí sola no produce una transición política. Los sistemas autoritarios sobreviven no porque sean invulnerables, sino porque se adaptan. La lección central de los acontecimientos recientes es, por tanto, que el éxito militar, la presión económica y el descontento popular seguirán siendo estratégicamente incompletos a menos que se traduzcan en cambio político.

Eso exige desplazar el foco de la estrategia desde el desgaste del régimen hacia la construcción de su sucesor. Una oposición unificada, una creciente incertidumbre de las élites, redes de información resilientes, un espacio político protegido, una competencia económica que combine presión selectiva con una visión creíble de recuperación nacional y la continuidad institucional no son iniciativas separadas: juntas crean las condiciones bajo las cuales se fragmenta la coalición gobernante centrada en el CGRI. La contienda decisiva es, pues, política más que militar.

Estados Unidos e Israel pueden ayudar a crear esas condiciones, pero no pueden fabricar legitimidad ni determinar el futuro de Irán. La transición política debe seguir siendo dirigida por los iraníes. Los actores externos deberían tratar de ampliar las oportunidades políticas, reducir los costes de la transición y fortalecer las instituciones autóctonas, evitando acciones que refuercen el relato del régimen sobre el control extranjero. Su éxito debería medirse no simplemente por el daño infligido a la República Islámica, sino por la aparición de una alternativa creíble capaz de gobernar un Irán estable y unido.

Las oportunidades estratégicas de esta magnitud son infrecuentes. Si la presión militar sostenida no va acompañada de una organización política coherente, el régimen podría adaptarse una vez más, consolidar sus fortalezas restantes y sobrevivir. Si, en cambio, la presión militar se integra en una estrategia global de transición política, el conflicto actual puede representar la mayor oportunidad en décadas para sustituir a la República Islámica por un Estado iraní estable, democrático e integrado internacionalmente.

About the Author

Seth D. Kaplan es experto en Estados frágiles y transiciones políticas. Enseña en la Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS) at Johns Hopkins University, es asesor principal del Institute for Integrated Transitions (IFIT) y trabaja como consultor para el Banco Mundial, el U.S. State Department, la U.S. Agency for International Development y la OECD. Redactó el Political Transitions Analysis Framework del State Department (2020) y coescribió el informe de Naciones Unidas y el Banco Mundial Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict. Entre sus libros figuran Fixing Fragile States, Betrayed, Human Rights in Thick and Thin Societies y Fragile Neighborhoods.

About the Middle East Forum

El Foro de Oriente Medio (Middle East Forum), un centro de investigación sin ánimo de lucro, promueve los intereses estadounidenses en Oriente Medio y protege a la civilización occidental del islamismo. Lo hace a través de sus publicaciones, investigaciones, iniciativas políticas y programas de educación pública.

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