Occidente no debe dejar en manos de los clérigos la definición de la práctica islámica

La decisión de la Iglesia de Inglaterra de homenajear a un clérigo paquistaní por su contribución al diálogo interreligioso —y la posterior retirada del galardón al aparecer pruebas de sus elogios al líder de Al Qaeda, Osama bin Laden— fue algo más que un bochornoso fallo de diligencia debida. Dejó al descubierto un error de concepto occidental: dar por sentado que la autoridad religiosa equivale a legitimidad social y a una representación auténtica de los musulmanes.

Durante décadas, los gobiernos occidentales se han aproximado a las sociedades islámicas desde una dicotomía estrecha entre «extremista» y «moderado»: ambas categorías son religiosas. El extremista es el musulmán cuya interpretación del islam resulta peligrosa; el moderado es aquel cuya interpretación se considera aceptable. En ambos casos, la fe se convierte en la lente a través de la cual Occidente interpreta la identidad política, la motivación cívica y las dinámicas sociales.

Se trata de un grave error analítico. Las sociedades de mayoría musulmana no son monolitos religiosos. En ellas hay islamistas, tradicionalistas, reformistas, laicistas, ateos, agnósticos, nacionalistas, liberales, socialistas, monárquicos, demócratas y sectores autoritarios. También hay musulmanes que consideran su fe un asunto privado y no un programa político. Al tratar a los clérigos y a las organizaciones religiosas como los interlocutores de las sociedades musulmanas, los gobiernos occidentales han empoderado a sectores confesionales a costa directa de los demás.

Las raíces de este problema son históricas y geopolíticas. Durante la Guerra Fría, la religión se convirtió en un arma útil contra el «comunismo ateo». Afganistán fue el ejemplo de mayores consecuencias. Estados Unidos y sus aliados apoyaron a las fuerzas muyahidines afganas que combatían la ocupación soviética, contribuyendo a crear una infraestructura de movilización islamista cuyos efectos se prolongaron más allá de la Guerra Fría. La lógica estratégica era comprensible; los costes a largo plazo, no. Estados Unidos trató la religión como un instrumento de la geopolítica, y no como una dimensión más de sociedades complejas.

Esa costumbre pervive en la diplomacia contemporánea. Los Acuerdos de Abraham son, en esencia, acuerdos sobre intereses estatales, seguridad, soberanía y cooperación económica. Sin embargo, buena parte de su presentación pública se ha envuelto en el lenguaje de la reconciliación «abrahámica» y la armonía interreligiosa. null La descripción que hace el Departamento de Estado de EE. UU. de los Acuerdos de Abraham ilustra ese encuadre teológico. Semejante lenguaje no es objetable, pero cuando la religión se convierte en el vocabulario de la acción exterior en Oriente Medio, las identidades políticas, cívicas y económicas desaparecen tras etiquetas religiosas esencialistas.

Las consecuencias resultan más inquietantes allí donde la política occidental ayudó a construir nuevos órdenes políticos. El Afganistán posterior a 2001 se convirtió en una «República Islámica», mientras que la Constitución iraquí posterior a Sadam declaró el islam religión oficial y fuente fundamental de la legislación. null El marco constitucional de Afganistán y null la Constitución de Irak demuestran cómo la jurisprudencia religiosa se incrusta en el gobierno del Estado. Los responsables políticos occidentales se mostraron reacios a cuestionar estos arreglos, por temor a ser acusados de ser antiislámicos. El resultado fue una paradoja: al intentar demostrar respeto por el islam, los gobiernos occidentales legitimaron estructuras políticas que limitaban el pluralismo que decían defender.

El mismo problema aparece dentro de las sociedades occidentales. La integración musulmana se aborda con demasiada frecuencia desde la acomodación de la identidad religiosa —escuelas confesionales, oferta halal o consejos de sharía— y no desde la ciudadanía, la igualdad y la participación en una comunidad política común. La experiencia británica con los consejos de sharía ilustra esa tensión. Aunque el arbitraje religioso voluntario puede existir dentro de un sistema jurídico libre, la autoridad religiosa no puede prevalecer sobre los derechos universales garantizados por el Estado, como se subraya en la posición del Reino Unido sobre los consejos de sharía. null

La consecuencia es la marginación sistemática de los musulmanes que no encajan en la plantilla religiosa preferida: reformistas, laicistas, ateos, exmusulmanes, disidentes, feministas y críticos del islam político. Londres y otras capitales occidentales consideran sus voces menos representativas porque cuestionan el supuesto de que el islam deba ocupar una posición privilegiada en la vida pública.

No se trata de un problema meramente intelectual. Socava la lucha contra el extremismo islamista. Los movimientos extremistas no deben reducirse únicamente a la religión; la violencia política surge de la interacción entre ideología, teología, agravios políticos, autoritarismo y condiciones sociales. Pero tampoco debe higienizarse ni ignorarse la dimensión religiosa. Una política que teme escrutar las ideas religiosas no puede plantar cara a movimientos que utilizan esas ideas para legitimar la violencia política.

La respuesta no es menos libertad religiosa, sino igual libertad religiosa. Los musulmanes deben ser libres de practicar su fe sin coacción. Pero deben gozar de la misma libertad para reinterpretar el islam, rechazarlo, satirizarlo, abandonarlo o considerarlo un asunto privado. Los no musulmanes deben disfrutar de esas mismas libertades. Las creencias religiosas merecen protección frente a la coacción; las ideas religiosas no merecen inmunidad frente a la crítica. La política occidental debería abandonar la búsqueda de «musulmanes moderados» y cultivar en su lugar sociedades pluralistas en las que los ciudadanos decidan libremente por sí mismos qué papel debe desempeñar la religión en sus vidas.