Trump debería apuntar a la presencia de los proxies iraníes en las telecomunicaciones iraquíes
Al-Zaidi prometió a la Casa Blanca que erradicaría la influencia iraní, pero desde entonces no se ha jugado a una sola carta.
Michael Rubin está especializado en Irán, Turquía y el Cuerno de África. Su trayectoria incluye una etapa como funcionario del Pentágono, con experiencia sobre el terreno en Irán, Yemen e Irak, así como contactos con los talibanes antes del 11-S. Rubin también ha contribuido a la formación militar, impartiendo clases a unidades de la Marina y del Cuerpo de Marines de Estados Unidos sobre conflictos regionales y terrorismo. Su obra académica incluye varias publicaciones destacadas, como “Dancing with the Devil” y “Eternal Iran”. Rubin obtuvo su doctorado y su máster en Historia, así como una licenciatura en Biología, por la Universidad de Yale.
Las milicias proiraníes en Irak han convertido las armas en una herramienta no solo para el terrorismo contra los estadounidenses, sino también contra cualquier iraquí que anteponga los intereses de Irak a los del vecino Irán. Mientras la Casa Blanca, el Departamento de Estado y la comunidad de inteligencia estadounidense centran su atención en grupos armados como el Cuerpo Badr, Asaib Ahl al-Haq y Kata’ib Hezbollah, e instan al primer ministro Ali al-Zaidi a poner freno a sus actuaciones contrarias a la soberanía iraquí, con demasiada frecuencia se fijan únicamente en su actividad militar y olvidan los mecanismos con los que se financian o se infiltran en la economía iraquí.
Cualquier legitimidad religiosa que estas Fuerzas de Movilización Popular afirmen tener es robada. La fetua del gran ayatolá Ali Sistani que llamaba a los iraquíes a derrotar al Estado Islámico data de 2014, pero las milicias respaldadas por Irán se fundaron, en algunos casos, ya en 1982.
Sin embargo, al igual que ocurre con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en Irán, las milicias respaldadas por Irán son tanto conglomerados empresariales como fuerzas militares. Como el Chicago de los años treinta, son una mafia que busca emplear las armas para monopolizar determinados sectores y estrangular la economía iraquí.
Aunque los analistas suelen mirar a Irak a través del prisma del petróleo, los grupos y partidos respaldados por Irán han tendido con frecuencia a orientarse hacia otros sectores, tanto porque sus mayores necesidades de mano de obra facilitan un mayor clientelismo como porque resultan lucrativos. Según datos del Banco Mundial, el producto interior bruto de Irak se ha multiplicado casi por veinte desde 2023 en términos nominales en dólares, lo que representa una tasa de crecimiento anual compuesto de aproximadamente el 14 por ciento.
Uno de los sectores más lucrativos dentro de Irak es el de las comunicaciones. El presidente iraquí Saddam Hussein mantuvo a Irak aislado. Tras la liberación de Irak, la Autoridad Provisional de la Coalición y su Ministerio de Comunicaciones, elegido a dedo, concedieron licencias temporales a Asiacell, controlada por Jalal Talabani; a la red Iraqna, montada por la egipcia Orascom; y a la kuwaití Zain. Qatar Telecom, rebautizada posteriormente Ooredoo, acabó comprando la participación mayoritaria de Asiacell.
Tras la recuperación de la soberanía por parte de Irak, la Comisión de Comunicaciones y Medios, entonces un organismo independiente, comenzó a emitir licencias. A partir de 2007, el Gobierno iraquí reformuló el proceso para que fuera el Ministerio de Comunicaciones el que emitiera las licencias, en teoría, sobre la base de la recomendación de la Comisión de Comunicaciones y Medios. En la práctica, sin embargo, esto supuso que el clientelismo político pasara a primer plano, especialmente después de que una reorganización legal subordinara la Comisión de Comunicaciones y Medios al Parlamento. Asiacell conservó su licencia pero, en un proceso marcado por la corrupción, el Gobierno iraquí concedió en 2007 una nueva licencia a Korek, empresa controlada por la familia Barzani, para sustituir la licencia de Orascom. Sirwan, sobrino de Masoud Barzani, utilizó fondos públicos para realizar el pago inicial de la licencia de Korek y luego pasó a gestionar la compañía como privada. En 2022 expiró la licencia de Korek, pero sus esquemas de corrupción acabaron llevándola a perder un arbitraje de 1.650 millones de dólares. Con el pago en mora, en agosto de 2026 el Gobierno iraquí ordenó la incautación de los activos de Korek.
La experiencia de Irak con Korek ilustra el peligro que suponen los operadores maliciosos y un proceso opaco y a menudo corrupto de la Comisión de Comunicaciones y Medios y del Ministerio de Comunicaciones.
Los dirigentes iraníes aprovechan esa corrupción para comprometer la seguridad de Irak y promover los intereses de Teherán. A partir de 2014, los primeros ministros nombraron ministros de Comunicaciones más complacientes con Irán. Por ejemplo, Haider al-Abdi, sucesor del primer ministro Nouri al-Maliki, nombró a Kazem Hassan Rashed, estrecho afiliado del Cuerpo Badr. El sucesor de Kazem, Naim al-Rubaei, por su parte, debía lealtad a Asaib Ahl al-Haq; aunque Rubaei afirmaba ser independiente, Asaib lo reclamaba como suyo. La siguiente ministra, Hiam al-Yasiri, respondía ante la agrupación proiraní State of Law, de Maliki. Aunque al-Zaidi prometió a la Casa Blanca que extirparía la influencia iraní, desde entonces ha cubierto sus apuestas. Su ministro de Comunicaciones es Mustafa Jabar Sanad, quien, aunque independiente, se alinea con Asaib Ahl al-Haq y otros grupos militantes chiíes proiraníes.
El peligro de esta infiltración iraní y miliciana en las comunicaciones iraquíes va más allá de la red de telefonía móvil y alcanza a internet. Si bien el Combating Terrorism Center de West Point publicó un artículo del consultor empresarial e investigador del Washington Institute Michael Knights en el que sugería que ScopeSky es una de las pocas redes de comunicaciones iraquíes no controladas por milicias, parece haberlo entendido al revés. También fue un error incluir a Enkidu y Supercell como afiliadas a milicias. Al revisar sus notas al pie, el problema parece ser que se apoya en fuentes anónimas, algunas de las cuales podrían haber tenido intereses propios y otras podrían no haber tenido conocimiento directo de lo que afirmaban. Cuando Enkidu y Supercell solicitaron rectificaciones en una correspondencia que me fue mostrada, el Combating Terrorism Center y el Washington Institute las ignoraron. Fondos emiratíes y estadounidenses invierten en Enkidu y Supercell y las respaldan, lo que vuelve extrañas las acusaciones del West Point Sentinel.
En realidad, ScopeSky y su socia Earthlink Telecommunications, cuya versión iraquí nada tiene que ver con la empresa estadounidense Earthlink, parecen ser hoy vehículos importantes de la infiltración miliciana en la red de comunicaciones de Irak, al menos según los iraquíes del sector. Earthlink, por ejemplo, aunque registrada en los Emiratos Árabes Unidos, parece promover con regularidad a Hezbollah.
ScopeSky está dirigida por civiles. Cuando se fundó durante el gobierno del primer ministro Iyad Allawi, no suponía amenaza alguna para la seguridad. Sin embargo, durante el mandato de Nouri al-Maliki, la compañía recibió contratos gubernamentales para expandirse rápidamente y se convirtió en uno de los principales proveedores de internet de Irak. Su figura central es Munaf Subaih al-Shaikhli. Tanto al-Shaikhli como ScopeSky aparecieron en los Papeles de Panamá (Panama Papers), la filtración en 2015 de 11,5 millones de documentos financieros y legales que dejó al descubierto a quienes utilizaban sociedades pantalla en paraísos fiscales para ocultar su riqueza.
Tras la caída de Maliki, ScopeSky se acercó al Cuerpo Badr y desarrolló vínculos con Hadi al-Amiri, el exministro del Interior Mohammed al-Ghabban y el dirigente de la oficina de Badr Sayed Wahab. Kazem al-Sadeq, embajador de Irán en Irak, prestó asistencia adicional, al igual que Aqeel Meften Khafeef al-Baidhani, a quien el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 9 de octubre de 2025 por construir redes financieras y bancarias de apoyo a la Fuerza Qods. Quienes controlan a los proveedores de servicios de internet y los sistemas de telefonía móvil pueden intervenir esas redes y obtener de ellas información de inteligencia.
En esto, Irak no está solo. El control de los hutíes sobre la principal red de telefonía móvil de Yemen sigue socavando la seguridad, incluso en aquellas zonas bajo control del Gobierno reconocido internacionalmente.
En 2018, el ministro del Interior iraquí Qassim al-Arraji, miembro del Cuerpo Badr, adjudicó un contrato a una empresa europea para ayudar a crear una instalación y adquirir el equipamiento necesario para establecer un registro nacional y un sistema de identificación electrónica. Dentro de Irak, al-Shaikhli y Qais al-Khazali, de Asaib Ahl al-Haq, maniobraron repetidamente para introducir a ScopeSky y Earthlink en la parte iraquí de las operaciones, comprometiendo la seguridad al convertir su sistema de pagos “Tabadul” en la plataforma que utilizan el visado electrónico y el sistema de identificación electrónica.
Los detalles importan. Mientras el presidente Donald Trump, el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario del Tesoro Scott Bessent tratan de contener y revertir la influencia iraní, es esencial que respalden una estrategia que refuerce y apoye a los grupos de telecomunicaciones que se resisten a dejarse comprometer. Irak puede ser un lodazal de lealtades cambiantes y opacidad financiera. Como mínimo, el Gobierno de Estados Unidos y la Embajada estadounidense no deberían apoyar ninguna red o empresa de comunicaciones cuya propiedad, procedencia y control real no sean claros y transparentes.
La estrategia más segura podría ser apoyar a aquellas compañías, Supercell, Enkidu y Tele Core IT Solutions, por ejemplo, que rechazan abiertamente asociarse con firmas infiltradas por milicias, se niegan a incorporar componentes chinos en sus redes y se someten voluntariamente a la legislación estadounidense. Supercell y Enkidu están registradas en los Emiratos Árabes Unidos, y Tele Core IT es una empresa estadounidense.
Como mínimo, la Embajada de Estados Unidos y los responsables políticos en Washington deberían convertir su transparencia y sus operaciones en un estándar que cualquier red competidora, desde ScopeSky y Earthlink hasta Nukhba FTTH, deba cumplir. Ningún proyecto estadounidense debería tocar ni utilizar red iraquí alguna que no abra sus libros y obtenga la aprobación del más alto nivel por parte de los reguladores estadounidenses. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos podría ir más lejos y sancionar a cualquier ministro de Comunicaciones que parezca favorecer la infiltración iraní en las telecomunicaciones iraquíes o incluso simplemente ser negligente a la hora de combatirla.