Detienen en Irán a una residente permanente de EE. UU. tras la denuncia de un informante iraní en territorio estadounidense
Ningún gobierno debería servirse de información recabada en el extranjero para castigar a quienes ejercen la libertad de expresión.
Potkin Azarmehr es un periodista de investigación y realizador de documentales británico, de origen iraní. Ha colaborado con diversos medios de comunicación y centros de análisis, aportando un análisis en profundidad sobre los asuntos de Oriente Medio y el extremismo islámico en Occidente.
Una mujer iraní que vive en Arizona habría sido detenida después de que otro iraní recurriera a una plataforma en línea para delatarla ante las autoridades de la República Islámica, tras participar en protestas contra el régimen en el extranjero.
Varios sitios de noticias iraníes informaron de la detención de Mehrangiz Rastin en Irán, aunque en un primer momento aportaron pocos detalles sobre dónde se había manifestado. Difundieron un vídeo en el que aparece bailando y cantando en una protesta en algún lugar fuera de Irán e indicaron en qué lugar de Irán había sido detenida. Pero después la agencia Fars News Agency, vinculada al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, publicó capturas de pantalla que parecían mostrar cómo llegó a las autoridades iraníes la información sobre ella.
Según esas capturas, alguien que vive en Arizona utilizó una plataforma en línea llamada Elaj [Cure] para denunciar a Rastin. El informante la describió como conductora de Uber, residente en Estados Unidos desde hace 18 años y con una green card. La denuncia incluía datos sobre su marido, que al parecer era propietario de un concesionario de coches; sus viajes; el hecho de que tenían un familiar bahá’í; y la participación de la familia en protestas contra el régimen en Arizona.
Si las informaciones sobre la detención de Rastin resultan ciertas, se trataría de un caso claro de represión transnacional: la República Islámica recurre a medios físicos o digitales para amenazar, hostigar, silenciar o coaccionar a personas que viven fuera de sus fronteras.
Elaj ha difundido información personal de varios iraníes residentes en el extranjero que participaron en protestas. El régimen instó a la población a identificar y denunciar a otras personas a través de esta plataforma. Algunos perfiles incluyen nombres reales, fotografías, números de identificación nacional, fechas de nacimiento y nombres de los padres.
La Islamic Republic of Iran Broadcasting ha promocionado activamente el proyecto, aunque no está claro qué entidad de seguridad o gubernamental lo gestiona.
El régimen ya había utilizado antes informantes y sistemas digitales de denuncia para identificar a manifestantes dentro de Irán. Elaj parece extender esa práctica a la diáspora iraní, alentando a que se denuncie a compatriotas que se manifiestan en el extranjero. Esta cultura de vigilancia y delación no comenzó con Elaj ni con la llegada de la tecnología digital. Está hondamente arraigada en la República Islámica.
En 1982, el ayatolá Ruhollah Khomeini, fundador de la República Islámica, envió un mensaje a los estudiantes iraníes al inicio del curso académico en el que les pedía que espiaran a sus profesores, a sus compañeros e incluso a sus familiares. Más de cuatro décadas después, esa consigna sigue formando parte de la mentalidad de gobierno del régimen. Los métodos han cambiado, pero el principio de fondo no: todos deben vigilar a todos, y quien se salga de los límites ideológicos del régimen debe quedar bajo escrutinio.
En 2019, el poder judicial de Irán introdujo un sistema de mensajería de texto que permitía denunciar a otras personas por una amplia gama de supuestas infracciones, entre ellas quitarse el velo islámico, celebrar fiestas, beber alcohol, publicar en redes sociales mensajes considerados inapropiados o realizar cualquier actividad que las autoridades consideren contraria a las normas del régimen.
Tras las protestas en todo el mundo contra el régimen a raíz de la masacre de manifestantes de enero de 2026, las autoridades iraníes aparentemente han extendido este modelo más allá de las fronteras de Irán con Elaj. Las implicaciones son sombrías. Un sistema que anima a denunciar a otros miembros de la diáspora iraní corre el riesgo de convertir comunidades enteras en objeto de sospecha. También abre la puerta a la intimidación, el acoso y la recopilación de información personal sobre personas que no han cometido delito alguno en los países donde viven.
La Joint Committee on Human Rights del Parlamento del Reino Unido reconoció esta amenaza más amplia en su informe de julio de 2025 sobre represión transnacional. La comisión concluyó que el Reino Unido vigila y controla de forma insuficiente la represión extranjera. Instó al Gobierno a adoptar una definición jurídica formal de represión transnacional, a exigir una recopilación sistemática de datos y formación policial, a crear una línea telefónica específica para las víctimas, a reformar el uso abusivo de las notificaciones rojas de Interpol y a hacer frente a las Strategic Lawsuits Against Public Participation.
Estas recomendaciones importan porque la represión transnacional no siempre adopta la forma de un complot de asesinato, un ataque físico o una amenaza directa de un agente de inteligencia extranjero. También puede implicar vigilancia, intimidación, acoso, recopilación de información personal y la movilización de particulares para que señalen a miembros de sus propias comunidades.
No sabemos por qué Rastin decidió viajar a Irán, pero si las informaciones sobre su detención son ciertas, las circunstancias exigen una enérgica condena internacional. Ningún gobierno debería utilizar información recabada en el extranjero para castigar a quienes ejercen la libertad de expresión y de reunión.
Existe además una contradicción en los intentos de la República Islámica por defender su conducta durante la masacre de enero. Responsables iraníes han dicho a medios extranjeros que los muertos, detenidos y ejecutados no eran manifestantes pacíficos, sino participantes en un levantamiento armado y violento. Esos responsables han insistido en que las autoridades respetan la protesta pacífica.
Pero ese argumento se viene abajo cuando el régimen persigue a iraníes que protestan pacíficamente fuera de Irán. ¿Qué amenaza representan para la República Islámica personas que bailan, cantan y se manifiestan en Arizona? ¿Por qué habría de preocuparle al régimen su actividad política en países donde tienen pleno derecho a expresar su oposición?
El llamamiento de Khomeini en 1982 a los estudiantes para que espiaran a sus profesores, compañeros y familias condensaba la mentalidad de un Estado de vigilancia construido sobre la sospecha y la delación entre ciudadanos. Cuatro décadas después, Elaj parece haber dado a esa misma lógica una plataforma digital y un alcance internacional.