¿Desarmará el Acuerdo de Sinyar de 2026 a las milicias o las blanqueará?
Bagdad no debe limitarse a trasladar a los milicianos a las nóminas federales sin desmantelar su red de influencia.
Ali Almrayatee es exintérprete de combate de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la Operación Libertad Iraquí. Posteriormente trabajó como asesor principal de seguridad del Parlamento iraquí, donde contribuyó al rescate de rehenes estadounidenses en 2016 y a la lucha contra el Estado Islámico (ISIS), y como activo de inteligencia antiterrorista para organismos del Gobierno de Estados Unidos. Fue diplomático en Irak y Turquía, centrado en la seguridad internacional, el extremismo, la guerra híbrida y los asuntos geopolíticos.
El Acuerdo de Sinjar de 2026 corre el riesgo de repetir el fracaso de su antecesor de 2020, que no logró integrar a los grupos armados en el Estado. El acuerdo para incorporar a 4.165 combatientes de las Unidades de Resistencia de Sinjar en las estructuras de seguridad federales iraquíes y para retirar a los cuadros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) a las montañas de Qandil no resuelve quién controla Sinjar. Al contrario, formaliza un compromiso entre las instituciones del Estado y las redes armadas no estatales, con lo que podría mantener las estructuras que Bagdad dice subordinar.
Fundadas en 2007 para proteger a la comunidad yazidí, las Unidades de Resistencia de Sinjar estrecharon sus vínculos con el PKK y pasaron a ser objetivo de la oposición turca. La posición del grupo cambió tras la retirada de los peshmerga durante la invasión del Estado Islámico en 2014. Después de contribuir a liberar Sinjar del Estado Islámico en 2015, las Unidades de Resistencia de Sinjar emergieron como una fuerza armada local de peso. Posteriormente, las Unidades de Resistencia de Sinjar mantuvieron su presencia militarizada pese al regreso de las fuerzas federales iraquíes en 2017, lo que culminó en enfrentamientos con el ejército iraquí en 2022.
A diferencia del Acuerdo de Sinjar de 2020 entre Bagdad y el Gobierno Regional del Kurdistán, en el que parlamentarios del Partido Democrático del Kurdistán representaban a los yazidíes y se excluía a las Unidades de Resistencia de Sinjar, el acuerdo de 2026 incorpora a las Unidades de Resistencia de Sinjar y a representantes de la Alianza por la Causa Yazidí (Yazidi Cause Alliance) y excluye al Gobierno Regional del Kurdistán y al Partido Democrático del Kurdistán. Erbil lo considera una violación del artículo 140 del marco constitucional iraquí, que designa a Sinjar como territorio en disputa, lo que enfrenta al Partido Democrático del Kurdistán con Bagdad.
El intento de Bagdad de ejercer su autoridad nombrando a un tercer alcalde para Sinjar desembocó en una parálisis administrativa cuando el gobernador de Nínive, influido por la presión del Partido Democrático del Kurdistán, se negó a ratificar el nombramiento. El resultado: Sinjar se encuentra ahora atrapada entre tres reclamaciones rivales sobre la alcaldía, lo que ilustra que los decretos del Ejecutivo desde Bagdad no pueden imponerse a los vetos regionales. Entretanto, la parálisis resultante crea un vacío de poder que permite a las redes no estatales preservar su capacidad de influencia sobre la seguridad y el gobierno local.
El fracaso del Acuerdo de Sinjar de 2020 no fue simplemente un desacuerdo entre Bagdad y Erbil; reflejó la superposición de organizaciones armadas rivales, intereses políticos y arreglos económicos que el Gobierno iraquí no fue capaz de desmantelar.
Durante años, la red de pasos fronterizos y túneles de las Unidades de Resistencia de Sinjar sirvió como ruta logística para las milicias de Irán, que canalizaban armamento hacia Siria y, desde allí, hacia Líbano. Los cambios regionales —en concreto la disolución de las Fuerzas Democráticas Sirias tras la caída del régimen de Asad— alteraron el panorama estratégico al restringir el corredor sirio de Irán; las redes de contrabando sobre el terreno permanecen intactas. El acuerdo de 2026 deja intactas esas fuentes ilícitas de ingresos, sin prever la transferencia de su control a Bagdad.
Esa omisión refleja la admisión implícita de Bagdad de que exigir a las Unidades de Resistencia de Sinjar que renuncien a sus intereses económicos podría hacer descarrilar las negociaciones. Al incorporar a personal de las Unidades de Resistencia de Sinjar a la policía local, al ejército y a unidades de las Fuerzas de Movilización Popular, Bagdad se limita a trasladar a los milicianos a las nóminas federales sin desmantelar las redes comerciales que sostienen su influencia. El resultado no es necesariamente el desarme, sino la subvención de su autonomía existente mediante salarios estatales, lo que permite a los combatientes mantener estructuras de mando paralelas y relaciones con padrinos externos, y resistirse a la autoridad federal cuando cambien las circunstancias políticas.
Si es exacta la declaración de Ala Talabani, asesor/a del primer ministro, de que el enviado estadounidense forzó el Acuerdo de Sinjar, esos compromisos se vendrán abajo cuando cambien las prioridades estratégicas de Estados Unidos. Para Washington, tratar el Acuerdo de Sinjar de 2026 como un modelo para la integración de milicias supone malinterpretar la mecánica del poder del Estado iraquí. Una integración que no logra establecer el mando operativo, desmantelar las redes financieras ilícitas ni asegurar un consenso nacional no amplía la capacidad del Estado. Al contrario, otorga cobertura legal e ingresos federales a actores no estatales, al tiempo que deja corredores estratégicos abiertos a la explotación. Aunque esto no supone un mando operativo iraní sobre las fuerzas integradas, sí plantea una pregunta: si Bagdad controlará las lealtades, los recursos y las decisiones operativas de unas fuerzas que ha incorporado formalmente a sus instituciones de seguridad.
La verdadera medida del acuerdo de 2026 depende de si Bagdad es capaz de publicar los términos jurídicos de la integración de las Unidades de Resistencia de Sinjar, imponer un mando y control directos con rendición de cuentas operativa e impedir que actores externos —incluidas las milicias alineadas con Irán, las fuerzas turcas y los restos del PKK— exploten la infraestructura local. Sin esa aplicación efectiva, el acuerdo no hace más que codificar el caudillismo armado con uniformes del Estado. Los actores armados aprovecharán la integración formal para encubrir su autonomía informal, los apoderados iraníes profundizarán sus relaciones dentro de unidades sancionadas por el Estado y la pugna por los corredores estratégicos de Sinjar persistirá tras la fachada del cumplimiento.