Azerbaiyán no debería ceder a la presión islamista sobre la educación femenina
Las escolares no pueden convertirse en rehenes atrapadas entre las convicciones religiosas de sus padres y unas políticas estatales rígidas.
Davood Moradian es el director del Afghan Institute for Strategic Studies (Instituto Afgano de Estudios Estratégicos).

El 21 de septiembre de 2026, el Consejo de Ministros de Azerbaiyán modificó la normativa del uniforme escolar para prohibir la indumentaria considerada incompatible con la educación laica. Aunque la norma no menciona el pañuelo, su aplicación llevó a los centros a vetar a alumnas y profesoras que lo llevaban. La decisión desató protestas y boicots escolares, generó polémica en Turquía y suscitó inquietud en Irán. Más allá de una disputa administrativa, esta crisis revela un pulso estructural sobre la educación femenina, la autoridad religiosa y el laicismo político en Estados de mayoría musulmana.
El objetivo de fondo del Estado azerbaiyano es proteger a las niñas del velo obligatorio y del supremacismo patriarcal islamista. El islamismo político utiliza el cuerpo femenino como marcador para imponer la sumisión a la autoridad masculina. Los marcos internacionales de derechos humanos establecen que los menores tienen el derecho fundamental a ser protegidos de las presiones sociales y religiosas de sus padres que comprometan sus oportunidades de desarrollo, su bienestar y su ciudadanía en igualdad.
Los precedentes históricos demuestran que la educación femenina sigue siendo un blanco de la reacción conservadora. En la década de 1920, el rey Amanulá de Afganistán creó escuelas para niñas y envió a alumnas a Turquía para cursar estudios superiores, solo para que la oposición religiosa desmantelara sus esfuerzos modernizadores. Décadas después, el ayatolá Ruhollah Jomeini se movilizó contra las reformas laicas en Irán, lo que culminó en la imposición del velo obligatorio. Hoy, el régimen de apartheid de género de los talibanes y la exclusión de las mujeres de la educación secundaria y superior representan el punto extremo de la coacción religiosa.
Las tensiones entre derechos individuales, tradición religiosa e igualdad cívica son universales; por ejemplo, la Knéset israelí aprobó una ley que permite la segregación por sexos en las aulas universitarias, lo que desató un debate sobre si acomodar a la ortodoxia compromete la participación académica femenina.
Sin embargo, el laicismo impuesto por el Estado no debe reproducir el paternalismo religioso. Los adversarios del laicismo suelen presentar la igualdad de género como una imposición occidental ajena, mientras que los fundamentalistas presentan la misoginia, el antisemitismo y la homofobia como realidades inmutables. Ambas afirmaciones tergiversan la historia. Los dogmas vigentes en partes del mundo musulmán son fenómenos modernos, moldeados por ideologías políticas del siglo XX, códigos jurídicos coloniales y procesos autoritarios de construcción nacional. Antes de esos desarrollos, la civilización islámica clásica mostró apertura cultural, tolerancia religiosa y flexibilidad respecto al género y las normas sociales, a menudo en contraste favorable con la rígida ortodoxia de la Europa occidental medieval.
Esa apertura histórica se celebra en la literatura clásica. La obra de Nezamí Ganyaví —pilar de la poesía persa y figura central del patrimonio cultural azerbaiyano— ofrece pruebas convincentes del humanismo regional premoderno. En obras maestras como Josrow y Shirín, Ganyaví retrata a las protagonistas femeninas como figuras autónomas e intelectualmente formidables, dotadas de agencia política y autoridad moral. Además, la literatura persianizada medieval incluía con regularidad representaciones fluidas del afecto y la identidad, reflejo de un patrimonio cultural cómodo con la diversidad.
Para resolver la crisis actual, los marcos normativos deben incorporar una estrategia que atienda el imperativo de garantizar la educación de todos los niños con independencia de su vestimenta. Las escolares no pueden convertirse en rehenes atrapadas entre las convicciones religiosas de sus padres y unas políticas estatales rígidas; castigar a las alumnas mediante la exclusión penaliza precisamente a las menores a las que el Estado pretende defender.
Las autoridades azerbaiyanas deberían explorar vías creativas e inclusivas —como mecanismos flexibles de matriculación, directrices transitorias sobre vestimenta y canales de orientación en los propios centros— para integrar a estas escolares en la educación ordinaria, al tiempo que establecen marcos sostenibles para aplicar las nuevas políticas sin vulnerar el derecho a aprender.
Asimismo, para que las iniciativas de género sigan siendo emancipadoras, democráticas y participativas, los esfuerzos deben promover el liderazgo femenino. Azerbaiyán debería crear paneles de revisión independientes integrados por académicas feministas, docentes, expertos en protección de la infancia y mujeres de procedencias diversas, laicas y religiosas, para orientar la aplicación de las políticas. Avanzar en la equidad de género exige también un enfoque integrado que vincule la gobernanza local con la solidaridad panregional entre sociedades de mayoría musulmana. La construcción de coaliciones transfronterizas permite a académicas y activistas intercambiar estrategias para resistir la coacción masculina. Esos marcos deben dar prioridad a mecanismos eficaces de derechos humanos; las apelaciones a la «diversidad cultural» o a la «sensibilidad religiosa» nunca deben servir de pretexto para legitimar prácticas patriarcales o el velo forzoso.