El giro proturco del este de Libia es un error, pero era evitable: la pasividad de EE. UU. tiene un precio
Al desentenderse de Bengasi, el Departamento de Estado y buena parte de Europa abrieron la puerta a que Turquía sacara ventaja.
Michael Rubin está especializado en Irán, Turquía y el Cuerno de África. Su trayectoria incluye una etapa como funcionario del Pentágono, con experiencia sobre el terreno en Irán, Yemen e Irak, así como contactos con los talibanes antes del 11-S. Rubin también ha contribuido a la formación militar, impartiendo clases a unidades de la Marina y del Cuerpo de Marines de Estados Unidos sobre conflictos regionales y terrorismo. Su obra académica incluye varias publicaciones destacadas, como “Dancing with the Devil” y “Eternal Iran”. Rubin obtuvo su doctorado y su máster en Historia, así como una licenciatura en Biología, por la Universidad de Yale.
El 27 de noviembre de 2019, Turquía y el Gobierno de Acuerdo Nacional libio, con sede en Trípoli y designado a dedo, firmaron un acuerdo que delimitaba las fronteras marítimas entre Turquía y Libia, dos países que en su punto más cercano distan 352 millas. Trazar esa línea, sin embargo, obliga a invadir las aguas de Rodas y Kárpatos y a partir en dos el extremo oriental de Creta. Era el equivalente a un hipotético acuerdo de frontera marítima entre Egipto e Italia que atravesara las aguas libias y maltesas.
El acuerdo reflejaba tanto el nuevo imperialismo turco como la falta de verdadera soberanía de Libia. Para el presidente turco Recep Tayyip Erdoğan, el gobierno de Fayez al-Sarraj, con sede en Trípoli, solo existía para dar el visto bueno al acaparamiento de recursos por parte de Turquía.
Cuando el ministro de Exteriores con sede en Trípoli, Mohamed Taher Siala, firmó el acuerdo, buena parte del mundo lo condenó. Reflejaba el amateurismo del gobierno con sede en Trípoli. El precedente que sentó Turquía con su nuevo mapa del Mediterráneo era tan dañino para el derecho marítimo como las reivindicaciones de Irán sobre el estrecho de Ormuz o la línea de nueve puntos de China.
La autoridad libia quedó bifurcada tras la caída, en 2011, del líder libio Muammar Qadhafi. El antiguo mariscal de campo de la era Qadhafi Khalifa Haftar, jefe de las Fuerzas Armadas Árabes Libias, ha dominado el este de Libia. Después de que las milicias islamistas —muchas de ellas respaldadas por Turquía, Qatar y otros Estados radicales— asesinaran al embajador estadounidense Chris Stevens, las fuerzas de Haftar lanzaron la Operación Dignidad y expulsaron a las milicias de Benghazi. Hoy, las Fuerzas Armadas Árabes Libias controlan el 80 por ciento del país; el gobierno reconocido internacionalmente en Trípoli, encabezado por el no electo Abdul Hamid Dbeibeh, controla de forma laxa el resto del país y da cobijo a las milicias restantes.
En un primer momento, la Cámara de Representantes, el órgano legislativo que supervisa las regiones bajo control de las Fuerzas Armadas Árabes Libias, rechazó el acuerdo entre Libia y Turquía. Eso cambió el 20 de octubre de 2026, cuando, tras un sostenido cabildeo turco, la Cámara de Representantes ratificó de pronto el acuerdo.
La ratificación no convierte el acuerdo marítimo en algo más legal y probablemente sea un error para el mariscal de campo y su hijo Saddam: el gobierno con sede en Benghazi ha tenido mucho más éxito que el de Trípoli en desarrollo, economía y seguridad. El contraste entre el desprecio de Trípoli por el derecho internacional y la reivindicación de ese derecho por parte de Benghazi era un gran argumento a su favor. Poco a poco, los países europeos empezaban a reconocerlo: Italia y Grecia abrieron consulados en Benghazi, y otros países habrían seguido sus pasos de no ser por la interferencia de Dbeibah. Ahora, con la Unión Europea unida para condenar la medida de la Cámara de Representantes, Benghazi tendrá suerte si las cancillerías europeas no llaman a consultas a sus diplomáticos. Egipto, socio principal de la administración de Haftar, también condenó la decisión.
Aun así, Washington y Occidente deberían examinar sus propios errores. Turquía hizo cabildeo cuando otros países se negaban a relacionarse con Benghazi. Por cualquier criterio objetivo, el gobierno con sede en Benghazi debería gobernar Libia. Ha cumplido la misión de gobernar y ha impulsado un enorme desarrollo, mientras que en Trípoli predominan la malversación y el estancamiento. Dbeibeh acoge a un gran muftí cuyas posiciones son idénticas a las de Al Qaeda y el Estado Islámico. Y, lo que es importante, los Haftar son nacionalistas. No promueven el separatismo. La constitución original de Libia designaba a Trípoli y Benghazi como cocapitales, un sistema similar al de Sudáfrica.
El respaldo inicial a Trípoli fue arbitrario. La secretaria de Estado Hillary Clinton y su asesor —el futuro consejero de Seguridad Nacional Jake Sullivan— privilegiaron a los islamistas en el orden libio posterior a Qadhafi, incluso después de que los libios los rechazaran en las elecciones. Su lógica —y la de los europeos y Naciones Unidas— era que marginar a los islamistas conduciría a mayor violencia; el apaciguamiento se convirtió en política oficial.
Hoy, muchos diplomáticos han olvidado los orígenes de esa política. El Departamento de Estado, en particular, actúa a ciegas, e incluso se niega a dotar de personal a una embajada en condiciones en Trípoli; en su lugar, la mantiene en la vecina Túnez. En Benghazi persiste la amargura porque el Departamento de Estado se marchó tras el ataque al consulado sin pagar a la familia local que había arrendado la propiedad los alquileres atrasados, pese a que el atentado terrorista nada tenía que ver con ella.
Al desentenderse de Benghazi, el Departamento de Estado y buena parte de Europa abrieron la puerta a que Turquía sacara ventaja. Turquía podrá ser un actor maligno, pero su líder no es ni pasivo ni perezoso. El cabildeo persistente va mermando las resistencias.
Aunque Estados Unidos y Europa puedan estar molestos con los Haftar, la realidad es que no han hecho nada que no hayan hecho las autoridades de Trípoli, a las que estadounidenses y europeos apoyan. El Departamento de Estado y las cancillerías europeas deberían explicar por qué durante tanto tiempo han desatendido a aquellas fuerzas que desde hace mucho habían ajustado sus políticas a las interpretaciones e intereses europeos.
Aunque las pujas al alza resultan poco edificantes, hay margen de maniobra. Con la votación del 20 de octubre, la Cámara de Representantes revirtió su rechazo anterior. Si pudo revertirse una vez, puede hacerlo de nuevo. La comunidad internacional también puede sostener que las decisiones de la Cámara de Representantes, cuyos miembros tienen sus mandatos vencidos desde hace mucho, carecen de validez. Para ser coherentes, entonces, el Departamento de Estado y las cancillerías europeas también deberían poner fin a la ficción del régimen de Dbeibeh.
En lugar de utilizar la decisión de la Cámara de Representantes para aislar al este, en favor de un gobierno todavía más en el bolsillo de los turcos, la posición conjunta de Estados Unidos, Europa y Naciones Unidas debería ser convocar elecciones ya y vincular la ayuda y la cooperación a que el nuevo legislativo reconsidere y rechace el acuerdo marítimo de Turquía.