¿Sigue siendo la Autoridad Palestina una entidad jurídica?

La aparición de la Junta de Paz marca un giro silencioso en las presunciones internacionales sobre la gobernanza palestina. Durante tres décadas, diplomáticos y donantes trataron a la Autoridad Palestina como un hecho político. Hoy esa premisa ya no se sostiene. La pregunta pertinente ya no es si la Autoridad Palestina gobierna con eficacia, sino si aún existe jurídicamente en algún sentido significativo.

La Autoridad Palestina no surgió de manera orgánica. Nació de acuerdos explícitos que imponían obligaciones recíprocas y que constituyeron la base jurídica del reconocimiento, la financiación, la cooperación en materia de seguridad y el compromiso diplomático.

En el momento de su fundación, la Autoridad Palestina asumió compromisos que incluían renunciar a la violencia, impedir el terrorismo, desmantelar los grupos armados y resolver las disputas mediante la negociación en lugar de la fuerza. No se trataba de objetivos aspiracionales, sino de las condiciones que justificaban el reconocimiento internacional y el sostenimiento del apoyo financiero. Sin ellos, la Autoridad Palestina carecía de personalidad jurídica independiente.

Con el tiempo, la Autoridad abandonó esos compromisos. La cooperación de seguridad con Israel se fue erosionando. Las facciones armadas operaban abiertamente. Los medios oficiales y el sistema educativo glorificaban la violencia. Los pagos a militantes encarcelados y a las familias de los atacantes institucionalizaron incentivos al terrorismo. Estas conductas no fueron desviaciones marginales: constituyeron violaciones estructurales de las obligaciones fundacionales de la Autoridad.

Los atentados del 7 de octubre de 2023 no ocurrieron en el vacío. Llegaron tras años de deterioro de la gobernanza, la rendición de cuentas y el monopolio de la fuerza. La Autoridad Palestina ni impidió el ataque ni lo condenó en términos inequívocos. Su respuesta reflejó, en cambio, parálisis política y evasión moral. Ese fracaso tuvo trascendencia jurídica. Una autoridad que no puede —o no quiere— actuar frente a la violencia masiva pierde los títulos en virtud de los cuales fue reconocida.

El problema va más allá de la seguridad. La Autoridad Palestina ya no funciona como una entidad de gobierno. No mantiene de forma fiable el control policial del territorio. Apenas consigue recaudar ingresos sin intervención externa. Carece de legitimidad electoral, pues ha pospuesto los comicios indefinidamente. Su dirigencia opera sin un mecanismo claro de sucesión, lo que socava aún más la continuidad. La gobernanza se ha ido estrechando hasta convertirse en redes clientelares sostenidas por la inercia de los donantes, más que por el consentimiento público.

Los actores internacionales siguen comportándose como si pudieran sostener indefinidamente este arreglo. Esa presunción parece hoy desligada de la realidad. La creación de la Junta de Paz indica que al menos algunos Estados reconocen la necesidad de sortear una estructura que ya no cumple su finalidad jurídica ni política. No se trata de un desaire diplomático, sino del reconocimiento implícito de que la Autoridad Palestina ya no satisface los criterios bajo los cuales fue constituida.

Este reconocimiento importa porque la legalidad no es un tecnicismo. Determina la responsabilidad. Si la Autoridad Palestina ya no cumple sus compromisos fundacionales, seguir tratándola como un órgano de gobierno legítimo se convierte en una forma de ficción jurídica. Los Estados donantes no están financiando meramente la ineficiencia: están respaldando a una entidad que ha incumplido las condiciones de su propia existencia.

El contexto regional refuerza esta conclusión. Tras el 7 de octubre de 2023, la opinión pública israelí y el consenso parlamentario se endurecieron frente a un marco de dos Estados basado en el regreso de la Autoridad Palestina a Gaza o en su expansión a otros lugares. Este giro no representa extremismo ideológico: refleja la experiencia acumulada. Cuando una autoridad vulnera reiteradamente los compromisos de seguridad, la legitimidad se erosiona a ambos lados de la mesa de negociación.

La valoración es sencilla: una autoridad creada por un acuerdo solo subsiste mientras honre ese acuerdo. La Autoridad Palestina ya no lo hace. La Junta de Paz no surgió porque el proceso de paz necesite un cambio de imagen. Surgió porque el marco jurídico existente se derrumbó bajo sus propias contradicciones.

La historia ofrece numerosos ejemplos de entidades políticas que sobrevivieron a sus fundamentos jurídicos. Persisten por costumbre, por temor a las alternativas o por inercia institucional, hasta que una nueva estructura obliga a reconocer la realidad. La pregunta ahora no es si la Autoridad Palestina puede reformarse, sino si ya ha rebasado el punto en el que la reforma deja de responder al problema de fondo.

Si la legitimidad deriva de la obligación, y la obligación ha sido abandonada, quizá el epitafio ya esté escrito. Puede que la Junta de Paz no sustituya a la Autoridad Palestina de la noche a la mañana, pero indica que el sistema internacional se prepara para un escenario posterior a la Autoridad. Fingir lo contrario retrasa la claridad a costa de la credibilidad.