Cómo neutralizar la amenaza hutí: un plan estratégico para el mar Rojo y más allá

Estados Unidos se encuentra en una encrucijada estratégica en el mar Rojo. Tras años de deriva, la administración Trump afrontó de forma decidida la amenaza hutí mediante operaciones militares sostenidas entre el 15 de marzo y el 6 de mayo de 2025. Sin embargo, aunque los ataques estadounidenses causaron daños, no lograron eliminar la amenaza. El coste de cada munición estadounidense —medido frente al arsenal de baja tecnología y alto impacto de los hutíes— dejó al descubierto una asimetría flagrante. Ese desequilibrio, junto con consideraciones políticas, influyó probablemente en la decisión del presidente Trump de detener los ataques después de que los hutíes pausaran temporalmente sus acciones marítimas. Esa pausa terminó el 6 y 7 de julio de 2025, cuando los hutíes atacaron dos graneleros de gestión griega y lanzaron un ataque con misiles balísticos contra el aeropuerto Ben Gurion, en Israel. En suma, los hutíes recordaron al mundo que siguen decididos a alcanzar sus objetivos estratégicos mediante la violencia.

Estos últimos ataques hutíes ponen de relieve que derrotar al grupo exige mucho más que ganancias tácticas a corto plazo: requiere una estrategia integral e integrada. Esa estrategia debe apuntar no solo a las capacidades militares de los hutíes, sino también a sus redes financieras, su legitimidad política y sus sistemas de apoyo externo. Cualquier cosa menos permitirá a los hutíes reagruparse y rearmarse. Irán seguirá explotando a los hutíes como fuerza interpuesta para desestabilizar la región, mientras rivales de capacidad comparable, como China, amplían su presencia en los bienes comunes globales. Están en juego la credibilidad de Estados Unidos, la estabilidad regional y la libre circulación del comercio mundial.

El mar Rojo es vital para los intereses estadounidenses y para el orden internacional en su conjunto, pues funciona como un nexo estratégico que enlaza Europa, Asia y África. Cerca del 15 por ciento del comercio mundial transita por el estrecho de Bab el-Mandeb. Con cada buque que los hutíes atacan, cada prima de seguro que encarecen y cada ruta comercial que desvían, los actores malignos acumulan poder a costa de Estados Unidos. La historia deja al descubierto la vulnerabilidad de este corredor. La crisis de la piratería somalí de comienzos de la década de 2000 estuvo a punto de paralizar el comercio regional y obligó a costosas intervenciones multinacionales. Las amenazas actuales son aún más agudas, pues Irán y China buscan activamente ejercer influencia sobre estos puntos de estrangulamiento críticos.

Las consecuencias económicas de la inestabilidad en el mar Rojo van mucho más allá de Yemen. Las navieras mundiales ya están desviando buques por el cabo de Buena Esperanza, lo que añade semanas a los tiempos de tránsito y eleva los costes. Estas rutas más largas encarecen los precios de la energía, alteran las cadenas de suministro y tensionan las economías europea, asiática y estadounidense. Las primas de seguro para la navegación por el mar Rojo también se han disparado. Si la amenaza hutí contra estas rutas vitales persiste sin freno, las presiones inflacionarias globales se intensificarán y socavarán la recuperación económica. Tales presiones debilitarán la resiliencia de Estados Unidos y sus aliados frente a competidores como China. Asegurar el mar Rojo no es, por tanto, solo un imperativo regional, sino algo esencial para la estabilidad económica mundial y la competitividad estratégica estadounidense.

Dadas las implicaciones globales de la inestabilidad en el mar Rojo, el tiempo de las medias tintas ha terminado, sobre todo tras el reciente conflicto de 12 días entre Israel e Irán y la reanudación de las hostilidades por parte de los hutíes. En este nuevo entorno geopolítico, Washington debe perseguir tres objetivos claros: eliminar de forma permanente la amenaza hutí, estabilizar Yemen mediante una estructura de gobierno descentralizada pero unificada y garantizar la libertad de navegación en uno de los corredores marítimos más críticos del mundo. Alcanzar estas metas exigirá una campaña sostenida y coordinada de poder militar, económico, político e informativo, planificada para al menos 15 meses.

Este plazo es deliberado y está concebido para encajar con las realidades políticas internas de Estados Unidos. Con las elecciones legislativas de mitad de mandato previstas para noviembre de 2026, la administración Trump se enfrenta a una ventana de actuación que se cierra rápidamente. Una campaña integral debe asegurar el mar Rojo bajo el liderazgo de Estados Unidos y de socios regionales aliados, preferiblemente antes de que los votantes estadounidenses acudan a las urnas. El objetivo es estabilizar el mar Rojo antes de que los cambios electorales puedan menoscabar la operación. El sentir de la opinión pública importa, pero no puede sustituir a un liderazgo resuelto. Con demasiada frecuencia, los políticos estadounidenses se comportan como veletas, movidos por los vientos políticos. En este caso, los responsables políticos estadounidenses deben perseguir una estrategia que refleje plenamente lo que está en juego, comprenda las realidades internas y geopolíticas y asuma los riesgos necesarios para asegurar los intereses estadounidenses en el mar Rojo.

Para alcanzar sus objetivos de seguridad en el mar Rojo en un plazo de 15 meses, Estados Unidos debe aplicar una estrategia dividida en tres fases principales:

1) Acciones inmediatas (0-5 meses): incremento masivo de la cobertura y los ataques con drones. Realizar misiones de sabotaje y ejecutar operaciones cibernéticas. Imponer zonas marítimas de exclusión sin concesiones. Lanzar campañas globales de comunicación estratégica. Involucrar al sector privado para reforzar las operaciones del transporte marítimo comercial.

2) Acciones a medio plazo (5-10 meses): ampliar el apoyo militar y de gobernanza a los socios yemeníes. Acelerar el desvío del comercio hacia puertos alternativos, intensificar la aplicación de las sanciones y mantener la presión diplomática sobre Omán. Poner en marcha modelos de gobernanza descentralizada en las zonas liberadas.

3) Acciones de consolidación (10-15 meses): transferir las responsabilidades de seguridad marítima a coaliciones regionales. Completar la reconstrucción de infraestructuras críticas. Lograr el reconocimiento diplomático internacional de un gobierno yemení descentralizado. Mantener una presión implacable de comunicación estratégica contra los hutíes y sus patrocinadores iraníes.

Cada fase se apoya en la anterior. La primera se centra en establecer las condiciones iniciales en el teatro de operaciones y en configurar el entorno del mensaje estratégico. La segunda intensifica la presión militar, sobre todo sobre el terreno, con el objetivo de situar al adversario a la defensiva. La tercera establece marcos políticos, económicos y de seguridad duraderos, con capacidad de reforzarse por sí mismos.

Cada acción recomendada en este plan de tres fases merece una evaluación minuciosa. Los planificadores deben reconocer primero que los hutíes solo responden a la fuerza. Unos bombardeos limitados o interrumpidos de forma arbitraria no degradarán su capacidad operativa ni quebrarán su voluntad de combatir. Una campaña militar persistente y en escalada debe desmantelar las capacidades hutíes de ataque marítimo, negarles santuario y desarticular sus redes de mando y control. Las fuerzas estadounidenses y de la coalición deben mantener un ritmo operativo constante, con objetivos como lanzadores de misiles balísticos, centros de producción de drones, estaciones de radar costeras y plataformas de ataque marítimo. Las operaciones preventivas deben centrarse en impedir los lanzamientos antes de que se produzcan, en lugar de responder después. Lo más importante: el liderazgo hutí debe enfrentarse a una presión implacable: sin refugio seguro, sin un instante de respiro, sin capacidad de dar órdenes.

Para aplicar una estrategia más eficaz contra los hutíes sobre el terreno sin desplegar fuerzas estadounidenses de entidad, Estados Unidos debe reevaluar sus alianzas locales. Washington debería dar prioridad a proporcionar apoyo directo y bien coordinado a las fuerzas antihutíes más capaces; entre ellas, en primer lugar, las Fuerzas Conjuntas de la costa del mar Rojo, dirigidas por el general de brigada Tariq Saleh, y las muy adiestradas Brigadas de los Gigantes. Las fuerzas militares y tribales de Marib, bajo el mando del jefe del Estado Mayor, deben seguir siendo un pilar central de la resistencia. Las fuerzas militares y de seguridad de Hadramawt, Taiz, Mahrah y Shabwah, que sirven como plataformas de apoyo logístico y de personal, pueden ampliar aún más el alcance operativo estadounidense. Por último, las fuerzas del Consejo de Transición del Sur (Southern Transitional Council, STC) podrían desempeñar un papel decisivo en los frentes central y septentrional, siempre que su despliegue se ajuste a los objetivos nacionales de Estados Unidos.

Estas fuerzas, listas para el combate, están preparadas para enfrentarse a los hutíes, especialmente en Mokha, Taiz y Marib. La coordinación política hace viable su activación sin necesidad de forjar una unidad amplia entre los distintos grupos ni de forzar la cooperación de facciones rivales. Aunque la unificación plena de todas las alas militares de la coalición antihutí sigue siendo improbable a corto plazo, sí son factibles alianzas selectivas centradas en frentes y objetivos concretos. Esto puede lograrse mediante la coordinación con miembros del Consejo de Liderazgo Presidencial, como Sultan al-Aradah y Tariq Saleh, mientras el presidente aporta la cobertura política necesaria.

La presión militar sostenida de las fuerzas estadounidenses y aliadas sobre los hutíes degradará sus capacidades, pero también producirá un efecto de arrastre. Las facciones vacilantes que constaten avances militares creíbles y comprendan que el riesgo político ha disminuido se verán animadas a sumarse a la campaña antihutí. Para generar ese impulso, las fuerzas estadounidenses y aliadas deben actuar como multiplicadores de fuerza, reforzando a la coalición antihutí. Con ese objetivo, las fuerzas de operaciones especiales deberían ejecutar misiones de sabotaje contra infraestructuras hutíes críticas, incluidos depósitos subterráneos y unidades móviles de lanzamiento. Al mismo tiempo, las operaciones cibernéticas deben desmantelar las comunicaciones cifradas de los hutíes, sus sistemas de designación de objetivos y sus redes de mando de drones. El propósito es paralizar los sistemas hutíes, negándoles la capacidad de coordinar ataques marítimos, de impulsar la desestabilización regional o de defenderse de las fuerzas terrestres antihutíes.

Los sistemas aéreos no tripulados (UAS), como el dron MQ-9 Reaper, deben realizar misiones persistentes de inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR) y de ataque, incluida la interceptación de amenazas marítimas. Más allá de los eficaces Reaper, enjambres de cuadricópteros de bajo coste deberían cubrir el espacio de batalla yemení, negando al liderazgo hutí libertad de movimiento y de operación. En el frente marítimo, buques de superficie no tripulados como el MARTAC Devil Ray y vehículos submarinos no tripulados como el REMUS 600 deben dominar las operaciones de vigilancia e interdicción marítima. Los vehículos terrestres no tripulados deberían patrullar regiones fronterizas y rutas de suministro clave, restringiendo el movimiento hutí de armas y personal. Actuando de forma concertada con las fuerzas aliadas, Estados Unidos puede aprovechar estos medios militares para ampliar su alcance, reducir los riesgos para el personal y desbordar las defensas hutíes mediante una presión persistente y multidominio.

Otro objetivo debería ser la aplicación enérgica de zonas marítimas de exclusión en torno a los puertos controlados por los hutíes —Hodeidah, Saleef y Ras Issa— para desarticular las cadenas de suministro de armas que sostienen la maquinaria de guerra hutí. Los buques que violen estas zonas deben ser interceptados de inmediato. Debe prestarse especial atención a los buques portacontenedores de combustible. Los hutíes almacenan el combustible para alimentar sus ataques y lo venden en el mercado negro. Atacando esas reservas, Estados Unidos podría convertir un recurso clave de los hutíes en un lastre, debilitando sustancialmente la capacidad operativa del grupo.

Aunque se espera que estas medidas militares sean eficaces, la acción militar por sí sola no puede desmantelar la insurgencia hutí. Es necesaria una ofensiva política y económica paralela para aislar a los hutíes y privarlos de los recursos necesarios para su supervivencia. El Departamento del Tesoro, en coordinación con los aliados regionales, debe ampliar las sanciones dirigidas contra navieras iraníes, facilitadores logísticos e intermediarios financieros que apoyan las operaciones de contrabando hutíes. Con este fin, la inteligencia estadounidense debería priorizar la identificación y el desmantelamiento de las redes financieras ilícitas que operan a través de Omán, Líbano y África Oriental.

Al mismo tiempo, Washington debe invertir de forma considerable en puertos alternativos como Aden, Mukalla y Berbera para desviar el tráfico comercial fuera del territorio controlado por los hutíes. Cada buque desviado priva a los hutíes de ingresos aduaneros críticos y socava sus pretensiones de legitimidad política. El desvío del comercio funciona como herramienta estratégica. Además, invertir en estos puertos alternativos contrarresta las ambiciones chinas de la Franja y la Ruta de dominar la logística y las infraestructuras regionales. Al obstruir agresivamente los esfuerzos de China por desplazar a Estados Unidos como potencia hegemónica global, estas inversiones operan como una contrafuerza económica.

En el plano diplomático, Estados Unidos debe presionar a Omán para que cierre su frontera porosa al contrabando de armas iraníes. Aunque históricamente neutral, la facilitación pasiva del contrabando por parte de Omán supone ahora una amenaza directa para la estabilidad regional. Los incentivos económicos y la cooperación en seguridad pueden favorecer el cumplimiento omaní, pero cualquier falta de acción debe tener consecuencias claras. La diplomacia discreta respaldada por palancas económicas sigue siendo esencial. Si Omán continúa resistiéndose, Estados Unidos debe estar dispuesto a imponer sus objetivos estratégicos con determinación.

Consciente de la parálisis crónica de la ONU, Estados Unidos debe liderar una coalición marítima ad hoc, sobre la base de marcos como la Operación Prosperity Guardian, para asegurar el apoyo internacional a la libertad de navegación en el mar Rojo. Esperar un consenso a través de instituciones internacionales moribundas está condenado al fracaso. Entre los socios de la coalición deberían figurar Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y las potencias navales europeas dispuestas a participar.

Las victorias estratégicas se ganan tanto en el campo de batalla como en el espacio informativo. Por ello, los hutíes deben ser deslegitimados a escala regional e internacional. Una campaña informativa sostenida y agresiva debería exponer sus atrocidades, incluido el reclutamiento de niños soldado, el ataque deliberado contra la navegación civil y el desvío de la ayuda humanitaria. Los medios occidentales, árabes y globales deben amplificar este mensaje sin descanso. Los responsables políticos deberían vincular directamente a los hutíes con la estrategia más amplia de desestabilización regional de Teherán y con las ambiciones marítimas de China. Los hutíes deben presentarse además como una fuerza interpuesta que amenaza no solo a Yemen, sino a toda la economía mundial. Numerosos informes documentan las malas prácticas chinas, incluido el establecimiento de líneas de suministro ilícitas que proporcionan a los hutíes armas y sistemas avanzados de guiado para misiles y drones. Otros informes sostienen que una empresa china de imágenes por satélite suministró inteligencia geoespacial para permitir la designación de objetivos contra buques de guerra estadounidenses y embarcaciones internacionales.

En este entorno informativo, un encuadre estratégico más amplio puede galvanizar una oposición occidental más extensa y motivar al sector privado a exigir una acción decisiva. El sector privado debe implicarse de forma proactiva, en particular en las industrias del transporte marítimo y de los seguros. Grupos de trabajo estructurados deberían desarrollar medidas defensivas lideradas por la industria, campañas de incidencia y mecanismos de intercambio de información. Los actores comerciales deben reconocer la seguridad marítima como un imperativo compartido.

La diplomacia pública debería ir más allá de las audiencias occidentales. Las alianzas con los aliados del Golfo deben sincronizar el mensaje a través de los medios regionales, contrarrestando la propaganda hutí y reforzando la legitimidad de los esfuerzos liderados por Estados Unidos para restaurar la estabilidad y la prosperidad. La derrota militar de los hutíes sigue siendo necesaria, pero insuficiente: una estabilidad duradera exige empoderar a los actores yemeníes legítimos para impedir su resurgimiento. Estados Unidos debe ampliar de forma significativa el apoyo al gobierno yemení reconocido internacionalmente y a las fuerzas antihutíes verificadas, como el STC y las principales milicias tribales. Ese apoyo debería incluir armamento avanzado, intercambio de inteligencia y logística, condicionado a compromisos de unidad nacional y de alineamiento con los intereses occidentales.

Washington debe abanderar un modelo de gobierno descentralizado para Yemen a fin de evitar los errores que condenaron los esfuerzos de gobernanza anteriores. Particionar Yemen probablemente alimentaría un conflicto sin fin, mientras que la descentralización ofrece una vía hacia la inclusión, la estabilidad y un autogobierno eficaz sin fracturar el Estado. Irak y Afganistán ilustran los peligros de la centralización excesiva. En esos Estados frágiles, gobiernos muy centralizados en Bagdad y Kabul tuvieron dificultades para manejar dinámicas tribales, sectarias y regionales complejas, lo que acabó desencadenando inestabilidad e insurgencia. Por el contrario, los modelos políticos descentralizados empoderan a las autoridades locales, fomentan la corresponsabilidad en la gobernanza y reducen los incentivos para la rebelión. En Yemen, la descentralización permitiría a grupos étnicos y regiones dispares ejercer el autogobierno preservando al mismo tiempo una identidad nacional unificada. Este enfoque impediría que los hutíes explotaran agravios o marginaran a grupos de maneras que pudieran encender futuras insurgencias.

Los esfuerzos de reconstrucción deben priorizar la ejecución de proyectos visibles y de gran impacto en los territorios liberados. Restaurar rápidamente las infraestructuras portuarias, las instalaciones aduaneras, los dispensarios y las redes de transporte creará alternativas económicas tangibles al dominio hutí. La ayuda internacional debe supervisarse rigurosamente para evitar desvíos y corrupción. Los críticos pueden plantear inquietudes sobre la escalada, la expansión indefinida de la misión y la reacción regional; aunque estos riesgos son reales, siguen siendo manejables. La escalada puede controlarse mediante ataques calibrados, reglas de enfrentamiento claras y un contacto diplomático constante con los socios regionales. Los parámetros de la misión deben permanecer estrictamente centrados en la seguridad marítima y en las operaciones contra los hutíes, y evitar quedar atrapados en la política interna yemení. Asegurar corredores humanitarios hacia los puertos liberados puede mitigar el riesgo de una crisis humanitaria al permitir la entrega de ayuda al tiempo que se niega a los hutíes una palanca de influencia. La coordinación continua con los aliados del Golfo, Egipto y otros actores implicados minimizará la reacción regional y garantizará la corresponsabilidad en la campaña para derrotar al grupo.

Otra manera de gestionar la escalada de los riesgos es adoptar una postura firme en las futuras negociaciones con Irán. Estados Unidos debe insistir en que Irán cese todo apoyo material a los hutíes como condición no negociable. Teherán debe entender que seguir respaldando a los hutíes desencadenará una campaña estadounidense más amplia contra infraestructuras iraníes. Vincular las exigencias de seguridad marítima a la diplomacia nuclear aprovechará la fortaleza de Washington y elevará el coste de la intransigencia iraní. A la luz de los recientes ataques estadounidenses contra Fordow y otras instalaciones nucleares, esta amenaza goza de mayor credibilidad.

Más allá de estas medidas de mitigación, es fundamental que Estados Unidos reconozca que la inacción conlleva riesgos mucho mayores. Los hutíes no son meramente una facción yemení: son un arma estratégica que Teherán esgrime contra la economía mundial y una pieza en la partida a largo plazo de China para dominar las rutas comerciales internacionales. Tratarlos como algo menor equivale a negligencia estratégica.

Una campaña a medias prácticamente garantiza un ciclo de disuasión temporal seguido de un conflicto renovado. El resultado probable: un Estado yemení colapsado, un Irán envalentonado, costes de transporte marítimo mundiales desbocados y la erosión de la influencia estadounidense en un teatro estratégico vital. Peor aún, adversarios como China interpretarán la ausencia de determinación y competencia estadounidenses como una invitación abierta a intensificar la agresión en todo el mundo.

Ante estas realidades estratégicas, Estados Unidos debe reconocer que derrotar a los hutíes no es simplemente deseable: es imperativo. El mar Rojo es demasiado crítico, la amenaza iraní demasiado flagrante y las ambiciones de China demasiado peligrosas para aceptar algo que no sea una victoria decisiva. Solo una campaña integral, integrada y sostenida, anclada en la superioridad militar, la presión política, el aislamiento económico, la guerra informativa y el empoderamiento local, puede aportar una seguridad duradera.

Tal éxito exige determinación y una perspectiva de largo plazo. El mar Rojo no puede dejarse al azar: debe asegurarse mediante un diseño deliberado. Estados Unidos debe actuar con decisión, persistencia y espíritu de cooperación para proteger sus intereses más amplios de seguridad y económicos.

La victoria es una elección. Estados Unidos debe elegirla ahora.