El empeño del príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán por regular la religión
El Ministerio de Asuntos Islámicos decide quién puede usar el púlpito, con qué reglas y si permanece en él.
Mohammad Taha Ali es estudiante de posgrado de la Jamia Millia Islamia de Nueva Delhi, India, especializado en resolución de conflictos y asuntos estratégicos.
Durante décadas, los gobernantes de Arabia Saudí se apoyaron en un estamento religioso que velaba por el culto, aplicaba la ley islámica y supervisaba la vida religiosa en mezquitas y entidades públicas. Esa relación ha cambiado de forma sustancial. Las instituciones religiosas siguen siendo importantes para la sociedad saudí, pero el Estado ha empezado a ejercer un control mucho mayor sobre su funcionamiento. El príncipe heredero saudí Mohamed bin Salmán no intenta expulsar la religión de la vida pública en Arabia Saudí. Más bien, busca determinar quién ejerce la autoridad religiosa y cómo funcionan las instituciones religiosas dentro del Estado.
El ejemplo más claro de esa transición llegó en 2016, cuando el gobierno recortó las atribuciones de la policía religiosa. Una nueva normativa prohibió a la policía religiosa perseguir a la gente, comprobar documentos de identidad, interrogar o practicar detenciones. En su lugar, el gobierno transfirió esas facultades a la policía ordinaria y a los servicios de seguridad. Los responsables religiosos podían seguir ofreciendo consejo y amonestación, mientras el Estado conservaba el control de la seguridad y de la justicia penal.
Además, el gobierno reforzó su presencia administrativa en las mezquitas. En 2018, el Ministerio de Asuntos Islámicos afirmó que había destituido a más de 2.000 predicadores del viernes durante la década anterior por sustituciones no autorizadas e infracciones de la normativa ministerial. La cifra es anterior a buena parte del mandato de Bin Salmán, pero ilustra el control administrativo del ministerio sobre el sistema de mezquitas.
El gobierno también centralizó el control de los púlpitos. En 2018, el Ministerio de Asuntos Islámicos creó una unidad para vigilar los discursos de imanes, predicadores y trabajadores religiosos, incluida su actividad en redes sociales, y anunció que actuaría contra quienes hicieran un uso indebido del púlpito. En 2020, el ministro de Asuntos Islámicos, Abdul Latif Al Sheikh, anunció que el ministerio había destituido a imanes y predicadores que no habían seguido sus instrucciones de publicar en Twitter un comunicado del Consejo de Grandes Ulemas. En 2022, el ministerio destituyó a predicadores del viernes que habían permitido que otros pronunciaran el sermón en su nombre sin autorización previa, algunos de los cuales llevaban décadas hablando desde el mismo púlpito. El ministerio decide ahora quién puede usar el púlpito, con qué reglas y si puede permanecer en él.
El gobierno también puso en el punto de mira a clérigos con un seguimiento considerable fuera de la burocracia. En 2017, las autoridades saudíes detuvieron al destacado dirigente de la Sahwa Salman al Awda. Su detención, junto con la de otros líderes religiosos, subrayó los límites de la influencia religiosa al margen de las instituciones del Estado. En 2020, el jeque Saleh al Maghamsi, imán durante largo tiempo de la mezquita de Quba, en Medina, también perdió su puesto tras pedir públicamente clemencia para los presos, pese a haber apoyado públicamente a Bin Salmán con anterioridad.
El cambio se aprecia también en el tratamiento que el gobierno da al mensaje religioso. El Ministerio de Asuntos Islámicos recurre cada vez más a su autoridad administrativa para homogeneizar lo que llega a los fieles en las mezquitas, sobre todo en cuestiones que el gobierno considera políticamente delicadas. En 2020, el ministerio ordenó a imanes y predicadores que transmitieran la posición del Consejo de Grandes Ulemas sobre los Hermanos Musulmanes y advirtió de que quienes ignoraran sus directrices podían perder su puesto. El ministerio sostuvo asimismo que sustituiría a los predicadores destituidos por otros que considerara cualificados. La cuestión, por tanto, no es si Arabia Saudí tiene instituciones religiosas, sino quién decide lo que dicen esas instituciones, quién habla a través de ellas y dónde están los límites de la autoridad religiosa aceptable.
La división fue aún más marcada en los dos lugares más sagrados del islam. En 2023, el gobierno creó la Presidencia de Asuntos Religiosos de la Gran Mezquita de La Meca y la Mezquita del Profeta de Medina. Supervisa a imanes y almuédanos, los sermones, las lecciones, los círculos de estudio y la orientación religiosa. El rey Salmán nombró al jeque Abdul Rahman al Sudais presidente de esta institución, con rango de ministro.
La normativa de 2024 formalizó aún más el arreglo. La presidencia tiene personalidad jurídica propia, pero sigue vinculada orgánicamente al rey. Supervisa a los imanes y almuédanos, las oraciones, los sermones, las lecciones y los círculos de estudio religioso en las dos mezquitas sagradas.
Pero esto no es secularización. Arabia Saudí sigue extrayendo su legitimidad y su identidad del islam y de su custodia de La Meca y Medina. El cambio está en otra parte: el Estado ha estrechado el espacio en el que los clérigos pueden ejercer la autoridad religiosa al margen de sus instituciones. Bin Salmán no necesita debilitar el islam para fortalecer el Estado; necesita que las instituciones religiosas funcionen dentro del sistema que él controla.