La violencia sectaria contra los alauíes de Siria no ha cesado
La violencia que sufren los alauíes y otras comunidades en Siria exige una atención internacional sostenida.
Sirwan Kajjo es periodista e investigador especializado en política kurda, militancia islamista y asuntos sirios. Ha contribuido con dos capítulos de libro sobre Siria y los kurdos, publicados por Indiana University Press y Cambridge University Press. Sus textos sobre cuestiones sirias y kurdas se han publicado en el Foro de Oriente Medio (Middle East Forum), el Washington Institute for Near East Policy y otros destacados centros de investigación aplicada sobre políticas y publicaciones. Kajjo es también autor de Nothing But Soot, una novela ambientada en Siria. Es licenciado en Gobierno y Política Internacional por la Universidad George Mason.
El derrumbe de la dinastía Asad en diciembre de 2024 puso fin a décadas de opresión contra la mayoría suní de Siria. Sin embargo, también marcó el inicio de una violencia dirigida contra la comunidad alauí del país, de la que procede la familia Asad. Los miembros de la secta alauí, una rama del islam chií, representan cerca del 10 por ciento de la población siria. Se concentran sobre todo en las provincias costeras de Latakia y Tartús, con una presencia significativa también en Damasco, Homs y Hama.
Los ataques de represalia contra los alauíes comenzaron tras la caída de Asad. El aumento del discurso de odio contra los alauíes fue de la mano de una creciente tensión sectaria y de una sensación de impunidad entre algunos islamistas suníes, alentada por el nuevo régimen de Hay'at al-Tahrir en Damasco. Las tensiones culminaron con las atrocidades cometidas contra los alauíes por milicias suníes entre el 6 y el 10 de marzo de 2025. Aunque las masacres atrajeron la atención internacional, no fueron ni el primer ni el último episodio de violencia contra la comunidad alauí.
El gobierno interino sirio creó un comité de investigación para indagar en los asesinatos en la región costera. Aunque el comité todavía no ha dado a conocer ninguna conclusión, es probable que no arroje resultados sustanciales, porque una investigación independiente y exhaustiva señalaría con toda probabilidad a miembros de las fuerzas de seguridad del gobierno. El presidente interino de Siria, Ahmed al Sharaa, parece confiar en que prorrogar el mandato del comité le permita ganar tiempo para esquivar tanto la presión local como la internacional. Organizaciones de derechos humanos han manifestado su escepticismo sobre la capacidad del comité para actuar al margen de la influencia gubernamental, y señalan su reticencia a colaborar con organizaciones de derechos humanos sirias e internacionales en el proceso de investigación.
Las masacres de marzo no fueron incidentes aislados, sino parte de un patrón más amplio de violencia dirigida contra la comunidad alauí. Solo en la última semana de abril, la Red Siria para los Derechos Humanos (Syrian Network for Human Rights) documentó la ejecución extrajudicial de al menos 20 civiles en zonas de mayoría alauí de la provincia de Homs. La misma organización informó de que asaltantes armados mataron a más de 360 personas en zonas pobladas por alauíes de las provincias de Homs y Hama entre enero y finales de abril. Lo que hace especialmente alarmante esta tendencia es que las autoridades locales cerraron la mayoría de estos casos con la calificación de «autor desconocido». La ausencia de una rendición de cuentas real, unida a una investigación prolongada sobre las masacres de marzo, no hace más que envalentonar a los grupos suníes extremistas para proseguir sus ataques contra la comunidad alauí.
También han trascendido recientemente informaciones según las cuales grupos armados vinculados a los ministerios de Defensa e Interior del gobierno interino han llevado a cabo redadas en viviendas alauíes de Latakia y Tartús, saqueando bienes y deteniendo a personas para interrogarlas, al parecer con el único propósito de infundir miedo e intimidar. La situación sigue siendo tan tensa que muchos de los miles de alauíes que buscaron refugio en la base aérea rusa de Hmeimim, en Latakia, durante la violencia de marzo continúan allí acogidos pese a los llamamientos de Moscú a desalojar las instalaciones.
El gobierno de Al Sharaa se ha amparado en gran medida en una negación plausible para desvincularse de estos episodios violentos contra los alauíes, que a menudo describe como «acciones individuales» ajenas a la política oficial o a la implicación del Estado. Aun si esa afirmación tuviera fundamento, suscita dudas sobre la capacidad del gobierno interino para controlar el mosaico de milicias radicales que operan bajo su autoridad nominal.
El régimen de Al Sharaa recurrió a una estrategia similar de negación plausible a finales de abril, después de que estallaran enfrentamientos violentos en una zona drusa cercana a Damasco a raíz del asesinato de más de una docena de civiles en otra localidad de mayoría drusa a manos de un grupo armado afiliado al gobierno.
La violencia persistente contra los alauíes y otras comunidades en Siria exige una atención internacional sostenida. Ello no significa un trato especial para los grupos minoritarios, sino que recuerda que la reconciliación en una Siria posterior a Asad depende de la disposición de la comunidad internacional a examinar con ojo crítico los compromisos y las acciones del gobierno interino, en lugar de dejar que prevalezcan los buenos deseos.