El problema no es el reconocimiento de Somalilandia, sino el Estado fallido de Somalia

El reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel, el 26 de diciembre de 2025, provocó una dura condena desde Mogadiscio. Las autoridades somalíes presentaron la decisión como una violación de la soberanía y una amenaza para la estabilidad regional. Sin embargo, esa reacción oculta una realidad más de fondo: la controversia tiene menos que ver con fronteras y protocolo diplomático que con el fracaso estatal no resuelto de Somalia y con la recalibración estratégica en marcha a lo largo del corredor del mar Rojo. El reconocimiento no creó la crisis somalí; la dejó al descubierto.

Durante más de tres décadas, Somalilandia ha funcionado como una entidad operativa. Controla territorio, celebra elecciones, mantiene el orden interno y administra instituciones civiles con un grado de continuidad ausente en buena parte del sur de Somalia. El intento de Mogadiscio de presentar Somalilandia como un proyecto separatista más pasa por alto estas realidades operativas y tergiversa el registro histórico.

Somalilandia entró en una unión precipitada con la Somalia italiana cinco días después de la independencia, pero la base jurídica de esa unión fue defectuosa desde el inicio. Somalilandia aprobó su Ley de Unión el 27 de junio de 1960, mientras que en el Sur no se produjo ninguna ratificación equivalente, de modo que el 1 de julio de 1960 no había en vigor ningún Acta de Unión ratificada conjuntamente. La ley de unión retroactiva aprobada en 1961 fue un intento de subsanar ese defecto. En términos jurídicos, la unión se proclamó en el plano político, pero nunca se constituyó en su origen, lo que la hacía —según criterios jurídicos— defectuosa ab initio.

La trayectoria política posterior profundizó esa debilidad estructural. El golpe de Estado de 1969 desmanteló la gobernanza constitucional en Mogadiscio y afianzó un poder centralizado que erosionó el pacto político original. Cuando el Estado somalí se derrumbó en 1991, la unión perdió por completo su base institucional. La retirada de Somalilandia no fue, por tanto, una fragmentación ideológica, sino una medida de autopreservación institucional tras un colapso sistémico.

Desde la perspectiva de Israel, el reconocimiento fue estratégico más que simbólico. El Cuerno de África se ha convertido en una prolongación de la competencia de seguridad en Oriente Medio. Los puntos de estrangulamiento del mar Rojo y las rutas del comercio marítimo están hoy en el centro de los cálculos de poder regional. La proximidad de Somalilandia al estrecho de Bab el-Mandeb la sitúa en una de las arterias comerciales más determinantes del mundo. Instalaciones como Berbera aportan profundidad logística y capacidad de influencia con un valor estratégico que trasciende la política interna somalí. En este entorno, los Estados no eligen socios según la teoría constitucional, sino en función del control territorial, la fiabilidad y la continuidad institucional. Somalilandia ofrece previsibilidad en una región definida por la autoridad fragmentada y la volatilidad política.

Por el contrario, el gobierno federal de Somalia sigue lastrado por una incoherencia estructural. La autoridad nacional continúa dividida entre marcos políticos y de seguridad paralelos. Los procesos electorales se retrasan o se impugnan de forma habitual. La armonización constitucional sigue incompleta. La gobernanza económica varía notablemente de una región a otra. Este déficit de gobernanza debilita la capacidad de Mogadiscio para proyectarse como el centro indiscutido de la autoridad. Los actores internacionales distinguen cada vez más entre soberanía formal y capacidad funcional. Los flujos de inversión, la cooperación en materia de seguridad y la interlocución diplomática reflejan esa distinción.

La advertencia de Somalia de que el reconocimiento de Somalilandia desencadenará una fragmentación regional es exagerada. Ninguna otra región somalí posee el estatus histórico de independencia de Somalilandia ni su continuidad jurídica internacional derivada de la descolonización. Los Estados miembros federales se formaron después de 1991 mediante acuerdos políticos negociados. No cuentan con un linaje soberano comparable. El temido efecto en cascada no existe.

Lo que sí existe es una brecha entre las reivindicaciones políticas y las realidades operativas. Para Israel y otros actores centrados en la seguridad, la interlocución priorizará la estabilidad marítima, el acceso regional y socios fiables. Es improbable que ese cálculo cambie por protestas diplomáticas.

Si Somalia quiere alterar esta trayectoria, la solución no pasa por campañas de presión externa, sino por la reconstrucción interna: consolidar la autoridad nacional, restaurar la coherencia institucional y reconstruir la legitimidad política. La verdad incómoda es que el reconocimiento de Somalilandia se repetirá allí donde la funcionalidad se imponga a la ficción. Los Estados que gobiernan territorio con eficacia se convierten en socios. Los Estados que se amparan en una soberanía simbólica sin capacidad institucional perderán terreno diplomático. El reconocimiento no es la fuerza desestabilizadora. Lo es el fracaso estatal.