La estabilidad no debe costar el desarraigo de los asirios del norte de Irak

No solo la guerra, sino también la prioridad que Estados Unidos ha dado durante décadas a la estabilidad del Gobierno Regional del Kurdistán ha acelerado el desplazamiento de los asirios. Las iglesias siguen abiertas, los asirios celebran sus fiestas en público y los responsables kurdos señalan los barrios asirios como prueba de convivencia. Sin embargo, pese a esa visibilidad, las comunidades asirias siguen menguando. La razón es clara: la confiscación kurda de sus tierras.

Los asirios son un pueblo indígena, con poblaciones urbanas y comunidades asentadas en aldeas. Su continuidad social, económica y cultural ha dependido históricamente de un acceso seguro a la propiedad, a las aldeas y a las instituciones comunitarias. Cuando se derrumba la seguridad sobre la tierra, le sigue el derrumbe demográfico, como ha ocurrido en las tres últimas décadas en gran parte del norte de Irak. La política estadounidense e internacional que ha configurado el orden de posconflicto en la región ha catalizado ese derrumbe.

Desde comienzos de los años noventa, los responsables políticos estadounidenses trataron la región iraquí administrada por los kurdos como socio de seguridad y tapón frente a amenazas regionales. La estabilidad, la cooperación antiterrorista y el acceso humanitario se convirtieron en los principales baremos de éxito. En ese marco, tomaron una convivencia superficial —iglesias abiertas, barrios en funcionamiento y ausencia de violencia masiva— como prueba de un arreglo político duradero, pero prestaron mucha menos atención a la gobernanza de la tierra y a si las comunidades desplazadas conservaban una posición de igualdad dentro de los sistemas que regulan su propiedad. Ese énfasis creó un punto ciego estructural. Los derechos de propiedad, los tribunales, la autoridad administrativa y la aplicación de la seguridad pesan más para la estabilidad a largo plazo que la tolerancia simbólica. Sin embargo, en muchas zonas bajo control kurdo y en los territorios en disputa adyacentes, los registros de la propiedad, los tribunales y las fuerzas de seguridad operan en esferas superpuestas de autoridad política. Las comunidades que carecen de poder de gobierno pueden ver cómo sus disputas se dirimen, pero rara vez cómo se resuelven en la práctica.

Muchas disputas de tierras que afectan a los asirios se originan en el desplazamiento provocado por los conflictos. No asirios se asentaron en aldeas asirias abandonadas durante los combates de los años sesenta, setenta y posteriores. Desatendieron la documentación, difuminaron los límites y normalizaron reclamaciones enfrentadas. Ese desplazamiento apartó a los asirios de zonas rurales estratégicas, lo que permitió a la autoridad política kurda consolidar territorio históricamente asirio. Después de 1991, y en especial después de 2003, las instituciones kurdas formalizaron su autoridad sobre las tierras asirias. Con el tiempo, las reclamaciones sin resolver pasaron a ser realidades administrativas aceptadas.

Estas dinámicas no se limitan a los distritos rurales. Las autoridades kurdas suelen mostrar Ankawa, una localidad contigua a Erbil y el asentamiento asirio más visible del norte de Irak, a las delegaciones internacionales. Sin embargo, incluso allí los asirios denuncian presiones relacionadas con el acceso a la propiedad, las decisiones de zonificación, el encarecimiento y la dependencia administrativa de autoridades políticas fuera de su control. La visibilidad no se ha traducido en autonomía sobre la tierra.

Las organizaciones asirias han documentado estos patrones durante años, y aparecen en informes internacionales de derechos humanos. Las denuncias citan reiteradamente los mismos obstáculos: causas que siguen pendientes durante años, resoluciones que no se ejecutan y presión sobre las comunidades para que renuncien a sus reclamaciones en lugar de afrontar pleitos interminables. El resultado es previsible: las familias se marchan, las aldeas se vacían y los kurdos absorben de facto la tierra en disputa. Los dispositivos de seguridad refuerzan esas dinámicas. Las fuerzas kurdas mantienen puestos de control y ejercen autoridad en muchas zonas mixtas o históricamente asirias. Aunque se justifican por razones de seguridad, esos despliegues también otorgan control sobre la circulación, la administración y la gestión de las disputas. A las comunidades desplazadas no les queda más que presentar peticiones ante las mismas instituciones que las coaccionan sobre el terreno.

Durante décadas, la política estadounidense no ha abordado este problema. La ayuda, los fondos de reconstrucción y el apoyo político se canalizaron a través de instituciones regionales, con una condicionalidad mínima vinculada a la adjudicación de tierras o a su ejecución. Como el desplazamiento forzoso impulsa el declive de la población asiria, restablecer la estabilidad exige restitución e igualdad de acceso a la adjudicación de tierras, a su ejecución y al autogobierno. La igualdad no debe ser simbólica; es la condición mínima para la supervivencia.

Un sistema que permite a las comunidades indígenas practicar libremente su culto, pero no puede garantizar sus derechos sobre la tierra, es insostenible. La convivencia no puede preservarse solo con símbolos. Sin mecanismos jurídicos creíbles y sin igualdad de posición dentro de las instituciones de gobierno, la estabilidad se vuelve una representación más que algo duradero. Ese desequilibrio está inscrito en el marco constitucional de Irak, que concede el federalismo a los kurdos mientras relega a los asirios a una condición subordinada y los trata como súbditos en todo el país.

Las comunidades no desaparecen solo por la violencia; desaparecen cuando pierden la autodeterminación. En el norte de Irak, la suerte de los asirios sigue siendo la medida más clara de si la estabilidad respaldada por Estados Unidos ha traído justicia o simplemente ha administrado un declive. El presidente Donald Trump y el secretario de Estado Marco Rubio hablan de proteger a los cristianos asediados en todo el mundo; no deberían hacer del norte de Irak una excepción.