Australia haría bien en seguir a sus aliados sobre los Hermanos Musulmanes, con cautela

Canberra ha pasado los diez meses transcurridos desde la masacre de Bondi reescribiendo su manual de lucha contra el extremismo. El Parlamento aprobó nuevas leyes contra los grupos de odio, el Gobierno prohibió Hizb ut-Tahrir y una red neonazi, y una comisión real presentará su informe en diciembre. Sin embargo, en el debate nacional sigue sin abordarse el lugar que ocupan los Hermanos Musulmanes.

Los socios más cercanos de Australia han dejado de esperar. En enero de 2026, Washington designó a los Hermanos Musulmanes libaneses como Organización Terrorista Extranjera y sancionó a las filiales egipcia y jordana por apoyo material a Hamás. La rama sudanesa siguió en marzo, acusada de aportar combatientes a la guerra civil de Sudán.

Europa avanza en la misma dirección. El 8 de octubre, el Parlamento Europeo votó 381 a 167 a favor de una estrategia de la Unión Europea contra el «entrismo» de los Hermanos Musulmanes. Los eurodiputados pidieron al Consejo que incluyera en la lista a las entidades vinculadas a los Hermanos Musulmanes cuando cumplan los criterios de terrorismo de la Unión Europea y reclamaron un control más estricto de la financiación extranjera ligada a Qatar y Turquía. Egipto, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos prohibieron el movimiento hace más de una década.

Canberra, en cambio, nunca ha incluido en lista a los Hermanos Musulmanes bajo ninguna forma. La omisión resulta difícil de conciliar con el trato dado a Hamás, prohibido desde 2022, cuya propia carta fundacional de 1988 describe al grupo como una rama de los Hermanos Musulmanes en Palestina. El ministro del Interior, Tony Burke, ha dejado claro que cualquier medida contra un grupo al amparo de las nuevas leyes contra el odio debe partir de la Organización Australiana de Inteligencia y Seguridad (Australian Security Intelligence Organization). Es razonable. Varios pasos, sin embargo, no tienen por qué esperar.

A medida que Washington y Bruselas endurecen sus normas, Australia podría convertirse en el próximo destino del dinero de los Hermanos Musulmanes. Canberra ya dispone de la herramienta para responder. La Ley de la Carta de las Naciones Unidas obliga al ministro de Asuntos Exteriores a sancionar a toda entidad de la que se determine que participa en actos terroristas o los facilita. Adoptar las designaciones de Washington congelaría los activos de esas filiales en Australia, penalizaría su financiación y alinearía a Canberra con el socio de los Cinco Ojos en cuya inteligencia más se apoya. Dado que los objetivos son ramas en el extranjero, no asociaciones comunitarias locales, las repercusiones internas serían escasas.

El segundo paso consiste en que los ministros pidan a la Organización Australiana de Inteligencia y Seguridad una evaluación formal de las redes vinculadas a los Hermanos Musulmanes en Australia, medida con arreglo a los criterios que el Parlamento fijó en enero: conductas que aumenten el riesgo de violencia o la apología de delitos de odio. Algunos grupos podrán superar esa prueba; muchos no. En cualquier caso, una conclusión es preferible al vacío actual, que hasta ahora ha ocupado Family First, cuya petición de prohibición no nombró a ningún grupo local. Bruselas también está examinando la financiación extranjera de entidades religiosas y educativas, empezando por si las leyes australianas de transparencia sobre influencia extranjera siquiera la contemplan.

En materia de designación, sin embargo, los partidarios de la línea dura en Europa son el modelo equivocado, y la geografía lo explica. A diferencia de Bruselas, Canberra tiene como vecinas a democracias de mayoría musulmana donde el pensamiento de los Hermanos Musulmanes se integró en la política dominante hace décadas. El investigador de Brookings Joseph Liow constató que tanto el Partido Islámico de Malasia como el Partido Justicia Próspera de Indonesia modelaron su lucha sobre la de los Hermanos Musulmanes. Un antiguo dirigente del Partido Islámico también ha reconocido que IKRAM, una organización islámica malasia, simpatiza con el movimiento.

Ambos partidos son legales, concurren a elecciones y obtienen millones de votos. Una designación genérica de «la red de los Hermanos Musulmanes», como desean algunos conservadores europeos, se interpretaría en Yakarta y Kuala Lumpur como un veredicto sobre esos votantes. Los propagandistas se aferrarían a ello y Canberra pondría en riesgo vínculos regionales construidos a lo largo de décadas.

Señalar a las filiales por lo que hacen, y no por lo que creen, evita esa trampa y podría reforzar la posición de Australia. Los Gobiernos del Sudeste Asiático cooperarán con mayor facilidad en materia de financiación del terrorismo si no se les pide que juzguen a partidos presentes en sus propios parlamentos.

Los críticos pondrán objeciones en cualquier caso. En Estrasburgo, los bloques de izquierda del Parlamento votaron contra la resolución, y la Red Europea contra el Racismo (European Network Against Racism) la calificó de mancha para la institución. Canberra puede responder a tales acusaciones publicando los motivos de cada inclusión en lista, dejando toda decisión abierta a revisión por el Comité Parlamentario Conjunto de Inteligencia y Seguridad y afirmando con claridad que los australianos musulmanes no son el objetivo. Ese comité avaló la inclusión de Hizb ut-Tahrir en mayo.

El reloj corre. La exmagistrada del Tribunal Superior Virginia Bell presentará las conclusiones de la comisión real el 14 de diciembre, lo que podría empujar a Canberra a examinar las ideas que alimentan el antisemitismo y el extremismo. Actuar ahora, al paso de Washington y Bruselas y con Yakarta y Kuala Lumpur presentes, da al Gobierno margen para afinar los detalles. Otro atentado le arrebataría ese margen.