¿Puede Kuwait salvar su Estado de bienestar redefiniendo la ciudadanía?

¿Quién es ciudadano? En Kuwait, el Decreto n.º 52 de 2026 modificó la Ley de Nacionalidad (Decreto n.º 15 de 1959) que regula la ciudadanía, al codificar de forma explícita la práctica vigente y detallar las normas relativas a la adquisición de la ciudadanía por los cónyuges y por quienes nacen fuera de Kuwait. Define a los kuwaitíes de origen en términos de asentamiento histórico y descendencia. Establece que son kuwaitíes originarios quienes se asentaron en Kuwait antes de 1920 y mantuvieron allí su residencia habitual hasta el 14 de diciembre de 1959. Reconoce además como kuwaití de origen a quien haya nacido en Kuwait o en el extranjero de un kuwaití de origen, con independencia del grado de descendencia.

Sin embargo, la ciudadanía en Kuwait es algo más que un estatus jurídico, pues se vincula al contrato económico y social entre el Estado y sus nacionales. La ciudadanía kuwaití da acceso a un sistema de prestaciones estatales que incluye oportunidades de empleo, educación, sanidad, vivienda y seguridad social. Ese Estado de bienestar «de la cuna a la tumba» es uno de los más amplios del mundo.

El desequilibrio demográfico entre ciudadanos y no ciudadanos incrementa aún más el valor económico de la ciudadanía. Los datos apuntan a que el número de nacionales ronda los 1,56 millones dentro de una población total de 5,3 millones. La declaración tantas veces repetida, «Ana Kuwaiti!» («I am Kuwaiti»), expresa un sentido profundamente arraigado de identidad, pertenencia y derecho. Comprender este vínculo socioeconómico inherente entre ciudadano y Estado ayuda a explicar la extraordinaria atención que Kuwait presta a la ciudadanía.

Desde las modificaciones de la ley de ciudadanía publicadas en abril de 2026, Kuwait ha puesto en marcha una revisión oficial de sus expedientes de nacionalidad. Los informes publicados en el boletín oficial kuwaití, Al-Kuwait Al-Youm, apuntan a que el Gobierno ha revocado la ciudadanía a miles de personas. Algunos de los motivos de las revocaciones: la posesión de doble pasaporte, el uso de documentos falsificados o ilegales para reclamar la ciudadanía, pruebas de actuaciones contrarias a los intereses de la seguridad nacional o a la lealtad al Estado, y delitos contra el carácter sagrado de la religión.

Desde el punto de vista del Gobierno, la campaña responde a la necesidad de corregir naturalizaciones fraudulentas y proteger la integridad de la nacionalidad kuwaití. Ningún Estado puede desentenderse de una ciudadanía obtenida mediante falsificación, engaño o linaje inventado. No obstante, las implicaciones más amplias de estas medidas merecen examen. La revocación de la ciudadanía ha coincidido con crecientes presiones fiscales y con una preocupación en aumento por la vulnerabilidad económica de Kuwait. La cuestión de política pública es si estrechar los límites de la ciudadanía puede contribuir a preservar el Estado de bienestar, o si simplemente reducirá el número de personas con derecho a sus prestaciones sin abordar las debilidades estructurales del propio modelo.

Históricamente, el modelo de bienestar kuwaití surgió en el marco de la Constitución de 1962, concebida ante todo para su reducida población ciudadana, que recibe un apoyo estatal sustancial derivado de la enorme riqueza en recursos del país. El artículo 11 de la Constitución obliga al Estado a prestar asistencia a los ciudadanos en la vejez, la enfermedad y la incapacidad laboral, junto con seguridad social, asistencia social y atención médica. Los artículos 13, 15 y 40 establecen las responsabilidades del Estado en materia de educación y sanidad, mientras que el artículo 20 vincula la economía nacional con la justicia social, la mejora del nivel de vida y la prosperidad de los ciudadanos.

Hoy, sin embargo, con un gasto público creciente, déficits presupuestarios, mayores costes de defensa y perturbaciones en las exportaciones de petróleo y el comercio marítimo derivadas del conflicto regional, el Estado afronta presiones fiscales cada vez mayores. Desde esta perspectiva, reducir el número de personas con derecho a las prestaciones vinculadas a la ciudadanía puede servir para aminorar las obligaciones fiscales actuales y futuras del Estado. Con todo, eso no resuelve el problema estructural de fondo que genera la vulnerabilidad: la dependencia de los ingresos del petróleo, el amplio empleo en el sector público, la limitada diversificación económica, las cuantiosas subvenciones estatales, la ausencia de una fiscalidad de base amplia y el papel dominante del Estado como empleador y proveedor a la vez. Si el problema de fondo es que la mayoría de los nacionales depende del Estado, un enfoque más sostenible sería reformar el propio modelo de Estado de bienestar, en lugar de limitar a quienes se benefician de él.

Kuwait reconoció hace décadas los riesgos a largo plazo de la dependencia del petróleo. En 1976 creó el Fondo para las Generaciones Futuras con el fin de preservar para sus ciudadanos parte de la riqueza petrolera del país de cara a un futuro sin petróleo. La Autoridad de Inversiones de Kuwait (Kuwait Investment Authority) gestiona el fondo como mecanismo de ahorro intergeneracional, con reinversión de los rendimientos y con retiradas que históricamente han requerido autorización legal. El 1 de septiembre de 2026, el Decreto-Ley n.º 81 de 2026 autorizó al Gobierno a tomar prestado del Fondo para las Generaciones Futuras, que hoy cuenta con activos por valor de más de 1 billón de dólares, para apoyar su Fondo de Reserva General. El Gobierno ya había recurrido al fondo con anterioridad para las labores de reconstrucción tras la guerra con Irak.

La decisión actual refleja las presiones fiscales generadas por el conflicto regional, entre ellas el mayor gasto en defensa, seguridad, protección de infraestructuras y estabilización económica, así como las amenazas a la producción, las exportaciones y el transporte de petróleo y a los ingresos públicos. Aunque el decreto fija límites al endeudamiento y busca proteger el principal del fondo, su calendario resulta significativo. Kuwait está, en la práctica, estrechando los límites de la ciudadanía y creando al mismo tiempo un mecanismo mediante el cual el Estado puede acceder a los rendimientos financieros asociados a su ahorro intergeneracional.

Kuwait sigue siendo vulnerable a la inestabilidad regional. El Estado tiene razones legítimas para examinar la nacionalidad, en particular cuando están en juego la seguridad nacional, la criminalidad, el fraude o cuestiones de lealtad. Sin embargo, si la ciudadanía se percibe como revocable o condicional, puede convertirse en una fuente de inseguridad y poner en peligro la solidez de la relación entre el individuo y el Estado. En un momento en que Kuwait está tomando conciencia de los peligros de una dependencia excesiva de alianzas extrarregionales, no puede subestimar la importancia de construir resiliencia mediante la cohesión social y la confianza nacional.

Como cualquier Estado soberano, Kuwait tiene todo el derecho a establecer procedimientos para conceder y retirar la ciudadanía. Ahora bien, el ejercicio de esa potestad acarrea consecuencias para las personas y las familias, en particular para cónyuges e hijos. Un sistema de nacionalidad creíble exige normas transparentes, requisitos probatorios claros, garantías procesales, un control judicial efectivo y protecciones sólidas frente a la apatridia. La revocación de la ciudadanía puede generar además consecuencias económicas complejas. ¿Qué ocurre con quienes pierden la ciudadanía siendo propietarios de bienes o negocios, teniendo cuentas bancarias, préstamos, pensiones o contratos de trabajo? El Gobierno ha empezado a abordar algunas de estas consecuencias con carácter retroactivo. En virtud de la Decisión Ministerial n.º 1410 de 2026, el Gobierno ofrece residencias de diez años a determinadas categorías de personas que perdieron su ciudadanía. La Autoridad de Mercados de Capitales (Capital Markets Authority) emitió instrucciones que permiten a algunas personas que perdieron su nacionalidad seguir negociando valores en condiciones definidas. Del mismo modo, disposiciones provisionales han protegido el acceso a bancos, negocios y viviendas alquiladas por el Estado para ciertas categorías.

Lo que se necesita ahora, sin embargo, no son parches a corto plazo, sino una reestructuración del contrato social que lo haga más sostenible. Una reforma así resulta valiosísima para un Estado pequeño, sobre todo cuando su entorno de seguridad se deteriora y sus opciones fiscales se estrechan.