Cómo Venezuela se convirtió en santuario de redes islamistas y terroristas, y por qué la acción de EE. UU. era necesaria

Durante décadas, la transformación de Venezuela bajo Hugo Chávez y Nicolás Maduro no fue solo una tragedia nacional: fue una emergencia de seguridad regional y global. Lo que empezó como política populista degeneró en cleptocracia, facilitación del terrorismo y un entramado de colaboración entre el extremismo islamista y las redes terroristas iraníes. Estados Unidos, advertido una y otra vez por responsables políticos y funcionarios de inteligencia, acabó actuando, y con razón.

Durante años, el debilitamiento de las instituciones del Estado venezolano y la corrupción de su élite crearon un terreno fértil para redes criminales y extremistas transnacionales. Altos cargos estadounidenses señalaron reiteradamente cómo grupos respaldados por Irán, como Hezbolá, encontraron refugio en el poroso aparato de seguridad venezolano. Esas redes se valieron de la infraestructura del Estado venezolano para sostener su financiación y sus operaciones, integrándose en economías ilícitas que alimentaban objetivos extremistas y amenazaban la estabilidad regional. Medios estadounidenses citaron a funcionarios de inteligencia que describían el entorno permisivo del régimen como «explotado por Irán para implantar grupos terroristas interpuestos como Hezbolá y Hamás», y utilizado como corredor logístico para un activismo terrorista más amplio.

Entretanto, el régimen de Maduro no solo atendió a aliados ideológicos, sino también a empresas criminales que financiaban el terror y la desestabilización. Las autoridades estadounidenses designaron dos grandes redes criminales —el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua— como Organizaciones Terroristas Extranjeras, subrayando hasta qué punto el Estado cartelizado y la facilitación del terrorismo habían quedado entrelazados. Informes del Departamento del Tesoro de EE. UU. sostienen que el Cartel de los Soles presta «apoyo material» a grupos terroristas y trafica drogas hacia Estados Unidos y Europa, al tiempo que servía para socavar el orden democrático en Venezuela.

En conjunto, estas dinámicas produjeron algo sin precedentes en el hemisferio occidental: un petroestado que era a la vez un conducto narcoterrorista, un refugio para redes extremistas y un punto de apoyo estratégico para la influencia iraní. Fue la culminación de años de políticas de Chávez y Maduro que hundieron los servicios públicos, propiciaron la corrupción en todos los niveles y convirtieron los recursos venezolanos en un arma contra las normas democráticas en toda la región.

En respuesta, la política estadounidense pasó de las amenazas a una presión decidida. A partir de las sanciones impuestas durante la Administración Trump, el Gobierno de EE. UU. apuntó repetidamente contra Maduro y quienes lo sostenían. Ya en 2017, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense designó al propio Maduro en virtud de la Orden Ejecutiva 13692, congelando los activos que poseía en jurisdicciones estadounidenses y prohibiendo a los estadounidenses realizar transacciones con él: una reprimenda poco habitual contra un jefe de Estado en ejercicio.

En los años siguientes, la Administración Trump amplió esta campaña de «máxima presión». En 2025, sancionó a altos funcionarios venezolanos responsables de la represión, del menoscabo de las elecciones y de la subversión de la democracia. Esas sanciones apuntaron a dirigentes clave del ámbito militar, petrolero y de seguridad que hicieron posible el dominio autoritario de Maduro y enriquecieron a su círculo íntimo mientras el pueblo venezolano padecía.

Trump revirtió además el limitado alivio de sanciones concedido por la Administración anterior, al poner fin a una licencia de exportación de petróleo de la era Biden que permitía a Chevron operar en Venezuela, alegando que Maduro no había emprendido reformas democráticas ni aceptado rendir cuentas.

A medida que aumentaba la presión, la Administración Trump amplió sus acciones más allá de las herramientas financieras y diplomáticas. A partir de finales de 2025, fuerzas estadounidenses llevaron a cabo una serie de ataques selectivos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al tráfico de estupefacientes y a redes narcoterroristas en el Caribe, una campaña presentada a la vez como operación antidroga y antiterrorista. Los analistas las describieron como los primeros ataques militares estadounidenses reconocidos públicamente en América del Sur o Central en décadas.

En la escalada final, una operación estadounidense del 3 de enero de 2026 culminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, colofón de una campaña política de múltiples capas. Estados Unidos presentó la acción como una necesidad policial y de seguridad frente al narcoterrorismo y la corrupción, no como un mero cambio de régimen. Los gobiernos de la región y los actores internacionales reaccionaron de forma dispar, pero el eje de la justificación estadounidense se centra en hacer frente a un régimen ilegítimo y criminal que se había convertido en una amenaza no solo para los venezolanos, sino para la estabilidad hemisférica. Voces críticas en las instituciones internacionales cuestionan los marcos jurídicos de una operación así, pero el Gobierno estadounidense sostiene que actuó en defensa de la seguridad regional y en busca de justicia por décadas de abusos narcoviolentos ligados al círculo íntimo de Maduro.

Lo que anteriores administraciones estadounidenses amenazaron con hacer —aislar a Maduro mediante sanciones y presión diplomática—, la Administración Trump lo ejecutó. Demostró que las herramientas de la «máxima presión», entre ellas las sanciones económicas, las acusaciones penales y las operaciones selectivas, podían desmantelar regímenes criminales atrincherados que dañan no solo a sus propias poblaciones, sino también a las naciones vecinas y a Estados Unidos.

Hoy, Venezuela se encuentra en una encrucijada. La eliminación de un régimen facilitador del terrorismo abre una vía hacia la gobernanza democrática, la reconstrucción y la reintegración en la comunidad de naciones libres. Los venezolanos ganan mientras el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y Hezbolá pierden. Para Estados Unidos, este momento valida décadas de atención política y subraya el imperativo de plantar cara a las cleptocracias autoritarias que dan cobijo a redes terroristas y desestabilizan el orden democrático.