La sed de una nación

Este informe analiza la crisis del agua en Irán y concluye que es el principal motor de una cascada de disfunciones sistémicas que empuja al país hacia el colapso del Estado. La crisis no es un desastre natural, sino una catástrofe diseñada políticamente, resultado directo de décadas de mala gestión, corrupción e ideología fallida. La responsabilidad principal recae en el régimen iraní y su aparato de seguridad y económico, en particular el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Así lo evidencian el profundo fracaso del régimen para adaptarse en una región donde otros Estados áridos han implantado con éxito estrategias sostenibles de gestión del agua, y la destrucción sistemática de un legado nacional de 3.000 años de administración del agua.

La condición de base es la de una «bancarrota hídrica»: un déficit permanente y estructural en el que la demanda nacional de agua supera con mucho el suministro renovable. Esto ha desencadenado un efecto dominó en todas las infraestructuras críticas. Un sector agrícola que consume más del 90 por ciento del agua del país se está hundiendo, lo que genera una inseguridad alimentaria generalizada. El colapso del binomio agua-energía ha lastrado la generación hidroeléctrica, dando lugar a un «Estado de apagones» que paraliza la economía. La explotación irresponsable de los acuíferos ha provocado una subsidencia del terreno irreversible, que destruye los acuíferos y resquebraja las infraestructuras desde abajo.

Este fallo inicial ha desencadenado un efecto dominó en todas las infraestructuras críticas:

• Colapso agrícola: el sector agrícola, que consume un insostenible 92 por ciento del agua del país, ha quedado diezmado, dejando a 1,3 millones de agricultores en paro y poniendo a hasta 40 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria aguda en el plazo de una década.
• Fallo de la red eléctrica: los niveles críticamente bajos de los embalses han inutilizado más de 12.500 megavatios de capacidad hidroeléctrica, generando un déficit eléctrico nacional previsto de 25.000 megavatios y forzando apagones crónicos en todo el país.
• Deterioro urbano y del transporte: las ciudades se hunden, las tuberías envejecidas pierden hasta el 30 por ciento del agua tratada y infraestructuras de transporte clave, como aeropuertos y ferrocarriles, afrontan daños irreparables por la subsidencia.

A lo largo del verano y el otoño de 2025 han surgido indicios de un fallo catastrófico de la red eléctrica nacional; a ello se suman informaciones de inteligencia concluyentes que confirman el colapso hidrológico del sistema de embalses de Teherán y una admisión a nivel presidencial de que la capital debe ser trasladada, lo que confirma que la crisis ha pasado de ser una condición crónica a una fase aguda y terminal. El plazo hasta un episodio de «Día Cero» en las grandes ciudades se ha comprimido de años a meses, y ha aumentado la probabilidad de un colapso total del régimen y su fragmentación.

Se prevé que el coste humano de este colapso sea inmenso. Las estimaciones de escenario intermedio para la próxima década pronostican 1,35 millones de muertes en exceso por calor, malnutrición y enfermedad, y el desplazamiento masivo de hasta 18 millones de «refugiados del agua» internos, con una posible salida transfronteriza de 3,5 millones de personas que desestabilizaría profundamente la región.

El régimen actual es estructuralmente incapaz de aplicar las reformas necesarias, ya que su supervivencia está entrelazada con el modelo económico corrupto que se lucra con la crisis.

La única vía viable para evitar esta inminente catástrofe humanitaria es una transición política de fondo que permita a un nuevo gobierno transparente asociarse con la comunidad internacional. El núcleo de la estrategia de este informe es la formación inmediata de un Consorcio Internacional de Recuperación Hídrica (International Water Recovery Consortium), un organismo operativo integrado por los mayores expertos mundiales en estrategias de recuperación hídrica. Esta hoja de ruta detalla una estrategia por fases con funciones específicas para los socios internacionales: Israel para la tecnología y la gobernanza; Australia para los datos y la asignación; Singapur para la resiliencia urbana y la tarificación; los Países Bajos para la gestión local del agua; y Arabia Saudí y el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) para la financiación.

Anatomía de una crisis provocada por el hombre:

La ingeniería de la «bancarrota hídrica»: un legado de mala gestión

El núcleo del apuro iraní es un estado permanente de «bancarrota hídrica», término que designa una insolvencia estructural en la que la demanda nacional supera al suministro natural y renovable. No se trata de una sequía cíclica que pueda capearse, sino de una condición terminal fabricada por décadas de decisiones políticas desastrosas. Los datos que respaldan este diagnóstico son inequívocos. Los recursos internos renovables de agua dulce per cápita de Irán se han desplomado desde unos estables 5.845 metros cúbicos (~206.000 pies cúbicos) anuales en 1961 hasta apenas 1.484 en 2019, situando al país por debajo del umbral internacional de estrés hídrico de 1.700 y acercándolo a la línea de escasez absoluta de 1.000. El país extrae ya anualmente más del 100 por ciento de sus recursos hídricos renovables, consumiendo de hecho su herencia hídrica finita para cubrir la demanda actual.

Esta bancarrota es el resultado de fracasos políticos concretos y deliberados. En el centro de todo ello ha estado el

compromiso ideológico del régimen con una «economía de resistencia» y la autosuficiencia agrícola. Esta doctrina, concebida para blindar al país frente a las presiones externas, ha impulsado el consumo insostenible de más del 90 por ciento del agua del país por parte de un sector agrícola notoriamente ineficiente, en el que hasta el 70 por ciento del agua se pierde en el riego antes de llegar a beneficiar a un cultivo. A esta política se sumaron medidas populistas, como la decisión gubernamental de 2010 de legalizar unos 30.000 pozos de agua subterránea hasta entonces ilegales, un paso que aceleró directamente el agotamiento de los acuíferos.

El marco institucional para la gestión del agua está paralizado. Múltiples ministerios y organismos, entre ellos el Ministerio de Energía y el Ministerio de Agricultura, tienen competencias solapadas y a menudo contradictorias, sin que exista una autoridad única con capacidad para imponer una estrategia nacional coherente. Este fracaso contemporáneo contrasta de forma tajante con el legado histórico iraní de sofisticada gestión del agua.

Durante casi 3.000 años, la civilización persa prosperó en un clima árido gracias al ingenioso sistema de los qanats: acueductos subterráneos excavados a mano que captan el nivel freático y transportan el agua por gravedad a lo largo de muchos kilómetros. Esta tecnología, reconocida por la UNESCO, permitió establecer asentamientos permanentes y una agricultura floreciente en pleno corazón de los desiertos iraníes, lo que demuestra una comprensión profunda e histórica del uso sostenible del agua. El sistema de qanats atestigua

el hecho de que el clima de Irán siempre ha sido árido y que sus habitantes desarrollaron los medios para vivir dentro de esos límites ecológicos. La crisis actual no es, por tanto, un fracaso de la geografía, sino de la gobernanza.

El régimen moderno no solo ha abandonado ese legado, sino que lo ha destruido activamente; se calcula que al menos la mitad de los 70.000 qanats de Irán han sido destruidos en los últimos 50 años, a medida que los pozos modernos y mecanizados hunden el nivel freático por debajo de sus antiguos canales. Esta destrucción de un patrimonio nacional simboliza la ruptura tajante del régimen con una tradición de administración responsable, sustituida por un modelo miope y destructivo de extracción de recursos.

Los factores climáticos que puedan estar operando son un poderoso «acelerante de la crisis», no su causa de fondo. Los datos climáticos históricos de largo plazo confirman que el centro y el sur de Irán siempre han tenido un clima árido con extremos considerables. De ser correctas, las proyecciones de un aumento de la temperatura media anual de entre 2,6° y 5,2° y una posible caída del 35 por ciento en la precipitación media reducirían el plazo hasta el colapso total. Sin embargo, algunas regiones del norte, como la zona de Rasht, cerca del mar Caspio, han registrado tendencias de lluvia estables o incluso ligeramente positivas en las últimas décadas, lo que pone de relieve las complejidades regionales que una estrategia nacional de mala gestión no logra abordar.

El relato del régimen, que atribuye sistemáticamente la escasez al cambio climático y a las sanciones internacionales, es una maniobra de distracción política deliberada. Es una herramienta de comunicación estratégica diseñada para ocultar la culpabilidad principal de sus propias políticas y de las instituciones corruptas que se han lucrado con este desastre innecesario.

La economía política del colapso: la «mafia del agua» y el IRGC

En el centro de la mala gestión hídrica de Irán se encuentra una red poderosa y políticamente conectada que periodistas, científicos y activistas han bautizado como la «mafia del agua». Esta opaca alianza de funcionarios del gobierno, ingenieros consultores y contratistas influyentes prospera promoviendo megaproyectos ecológicamente dañinos, y opera con una supervisión mínima para impulsar la construcción desenfrenada de presas y los despilfarradores trasvases entre cuencas bajo el disfraz del «desarrollo».

El actor central de esta red es el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). A través de su enorme conglomerado de construcción, Jatam al-Anbiya (Khatam al-Anbiya), el IRGC ha establecido un cuasimonopolio sobre el sector de infraestructuras hídricas de Irán, asegurándose lucrativos contratos estatales, a menudo sin concurso, para presas y túneles de desvío de agua. Estos proyectos son una fuente de ingresos crucial para el IRGC, un mecanismo de clientelismo político y una herramienta de control social. Ello genera un conflicto de intereses de fondo: la entidad responsable de la seguridad nacional se lucra también con actividades que aumentan la vulnerabilidad del país. La crisis, por tanto, no es simplemente un fallo de política que deba corregirse; es un modelo de negocio exitoso y altamente rentable para la facción más poderosa y de línea dura del régimen.

La presa de Gotvand, sobre el río Karún, en la provincia de Juzistán, constituye el mayor cargo contra este

sistema en funcionamiento. Construida por empresas afiliadas al IRGC, la presa se levantó directamente sobre la formación salina de Gachsaran, un enorme domo de sal, pese a las advertencias explícitas de los geólogos de que hacerlo provocaría una catástrofe salina. El resultado previsible ha sido un desastre medioambiental provocado por el hombre. El embalse de la presa se ha convertido en una «fábrica de salmuera» permanente, que disuelve continuamente el domo salino y ha incrementado la salinidad del río Karún en un 35 por ciento estimado. Esta agua hipersalina fluye aguas abajo, envenena tierras agrícolas, ha destruido unas 400.000 palmeras datileras y vuelve el agua inservible para beber o regar para millones de personas en el sistema fluvial más importante de Irán. El proyecto, presupuestado inicialmente en $1.5 billion, se disparó hasta los $3.3 billion sin rendición de cuentas pública alguna, lo que ilustra cómo se sacan adelante proyectos científicamente infundados y financieramente opacos en beneficio de una pequeña élite.

Esta dinámica genera un bucle perverso de retroalimentación. El IRGC y su red se benefician de crear la crisis mediante proyectos desastrosos y luego se presentan como los únicos proveedores de la «solución», por lo general planes aún más grandilocuentes, caros y dañinos desde el punto de vista ecológico, como la desalinización a gran escala y nuevos trasvases. Así se garantiza un flujo perpetuo de fondos públicos hacia las arcas de la mafia del agua, afianzando su poder mientras se acelera el colapso ambiental del país. Este modelo de negocio alcanzó su conclusión lógica en octubre de 2025, cuando el presidente Pezeshkian anunció que la capital debía trasladarse fuera de Teherán. Esta propuesta de un megaproyecto de varias décadas y de $77-100 billion no es una solución seria a una emergencia inmediata, sino la manifestación suprema de la lógica corrupta de la mafia del agua: fabricar una crisis tan profunda que la única «solución» sea el proyecto de construcción más grande y rentable de la historia del país, uno que Jatam al-Anbiya, del IRGC, está en posición única de ejecutar.

El efecto dominó: una cascada de fallos sistémicos

La bancarrota hídrica de Irán es el motor primero de una devastadora reacción en cadena, un desastre hidrológico cuyos efectos están destruyendo los cimientos de las infraestructuras críticas del país. La incapacidad de gestionar el agua ha generado una cascada de crisis secundarias y terciarias que están inutilizando la red eléctrica, fracturando las redes de transporte, paralizando los servicios urbanos y asfixiando la economía. Cada fallo amplifica a los demás, creando una espiral descendente que se refuerza a sí misma y empuja al Estado iraní hacia el colapso funcional.

Colapso agrícola y comienzo de la inseguridad alimentaria

El sector agrícola es la primera y más importante víctima de la bancarrota hídrica iraní. Su uso ineficiente del agua es a la vez la causa principal de la crisis y el motivo de su propia desaparición. Al consumir más del 90 por ciento del agua disponible del país de forma tan ineficiente que solo entre el 30 y el 37 por ciento del agua empleada en el riego llega realmente a beneficiar a los cultivos, el modelo estaba diseñado para fracasar en una tierra árida.

Las consecuencias de este modelo defectuoso se están volviendo ya terminales. Los estudios econométricos proyectan una relación directa entre escasez y producción: por cada aumento del 1 por ciento en la escasez de agua se prevé una

caída del 0,404 por ciento en la producción agrícola. El coste humano se mide en medios de vida perdidos y hambre. El sector pierde empleos a un ritmo acelerado. Solo entre 2015 y 2022, se calcula que 1,3 millones de personas —una cuarta parte de todos los agricultores iraníes— perdieron su empleo como consecuencia directa de la creciente escasez de agua.

Este descenso de la producción nacional, agravado por una inflación desbocada, ha dejado a millones de personas con hambre. Más del 29 por ciento de los hogares rurales ya estaban clasificados como propensos a la inseguridad alimentaria, y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) presta asistencia vital en el país. Esta trayectoria apunta hacia una emergencia de salud pública en toda regla, con una malnutrición aguda generalizada y condiciones de hambruna localizada como desenlace de alta probabilidad, en particular en provincias azotadas por la sequía como Jorasán del Sur y Sistán y Baluchistán. Los acontecimientos del verano de 2025 confirmaron crudamente esta cascada. El fallo de la red energética, producto a su vez de la crisis del agua, repercutió de vuelta en el sector agrícola. Agricultores de todo el país denunciaron cortes de luz en sus pozos de riego de hasta cinco horas diarias. En la provincia de Kermán, las autoridades informaron de que los apagones dañaron el 60 por ciento de los huertos de la región y contribuyeron a una caída de 21.000 toneladas en la producción de dátiles, demostrando en tiempo real cómo la crisis del agua desencadena una crisis energética que, a su vez, agrava la emergencia de seguridad alimentaria.

El «Estado de apagones»: el fracaso del nexo agua-energía

La segunda gran cascada de colapso es el fallo de la red eléctrica nacional, indisolublemente ligado a la crisis del agua. El suministro eléctrico de Irán depende de sus aproximadamente 12,500 megawatts (MW) de capacidad hidroeléctrica instalada. Con los embalses en niveles históricamente bajos —las cinco presas que abastecen a Teherán contenían apenas el 15 por ciento de su capacidad, con la vital presa de Lar al 1 por ciento a principios de 2025—, la capacidad del país para generar energía hidroeléctrica ha quedado inutilizada.

Esta situación ha creado un círculo vicioso, o una «espiral de la muerte». La falta de agua inutiliza la generación hidroeléctrica y

los apagones resultantes dejan fuera de servicio las bombas eléctricas que suministran el agua municipal y alimentan las depuradoras, agravando así directamente la crisis del agua y el saneamiento. Este modelo teórico se convirtió en realidad plena durante el «Summer of Collapse» de 2025. Los cortes de luz programados y generalizados, a menudo de entre dos y cuatro horas diarias, pasaron a formar parte de la vida en las grandes ciudades. El déficit eléctrico nacional se disparó hasta unos 25,000 MW previstos.

La tensión sobre la red se volvió tan severa que las autoridades se vieron obligadas a ordenar el cierre en todo el país de oficinas gubernamentales y bancos para reducir la demanda. En una admisión sorprendente, el ministro de Energía, Abbas Ali-Abadi, confirmó que más de 15,000 MW de la capacidad de centrales térmicas del país están «desgastados» y han agotado su vida útil tras décadas de abandono.

La consecuencia para la población iraní es la aparición de un «Estado de apagones». Estos cortes de luz paralizan lo que queda de los sectores industrial y comercial, inutilizan infraestructuras públicas esenciales y conforman una combinación letal

con el calor extremo. La imposibilidad de hacer funcionar aire acondicionado o ventiladores durante las olas de calor priva a la población de su última línea de defensa frente a temperaturas que amenazan la vida.

En lo económico, la Cámara de Comercio de Irán estimó que las pérdidas diarias por los apagones alcanzaron casi 18 trillion tomans, con industrias clave como el acero y el cemento afrontando recortes de producción de hasta el 50 por ciento. Más de 80,000 trabajadores industriales fueron suspendidos de empleo y sueldo durante el verano, lo que inyectó más volatilidad en un tejido social ya frágil.

La nación que se hunde: destrucción irreversible de los cimientos nacionales

Bajo la crisis visible de las presas vacías y las ciudades a oscuras se esconde una catástrofe más permanente: la destrucción de la columna vertebral física de Irán. Décadas de sobreexplotación implacable han llevado al agotamiento de lo que los hidrólogos han descrito como «1.000 años de reservas de agua subterránea en apenas tres décadas». No se trata de un simple descubierto, sino de la destrucción permanente de la capacidad fundamental de almacenamiento de agua del país.

Este bombeo insostenible ha desencadenado una subsidencia del terreno masiva y extendida. A medida que se vacían los acuíferos, las estructuras geológicas subyacentes se compactan y el terreno se hunde a ritmos de los más altos del mundo. Más de 90.000 kilómetros cuadrados (~35.000 millas cuadradas) están afectados. En algunas llanuras agrícolas, el suelo se hunde a más de 35 centímetros (~14 pulgadas) al año.

Este proceso de compactación de los acuíferos es, en lo esencial, irreversible. El terreno, una vez colapsado, no puede «reinflarse» para volver a almacenar agua. Esto significa que, incluso si Irán experimentara décadas de precipitaciones por encima de la media, su capacidad para almacenar esa agua bajo tierra ha quedado permanentemente mermada. El régimen no solo ha gastado sus ahorros de agua, sino que ha destruido la propia cámara acorazada del banco. Esta sombría valoración fue validada públicamente por el presidente Pezeshkian el 2 de octubre de

2025, cuando afirmó: «En algunas zonas, la tierra se está hundiendo hasta 30 cm [11,8 pulgadas] al año. Esto es un desastre y demuestra que el agua bajo nuestros pies se está agotando».

Este hundimiento está causando daños irreparables a las arterias físicas de la economía iraní. Se hunden nudos de transporte clave, entre ellos el Aeropuerto Internacional Imán Jomeini, a un ritmo de 5 centímetros (~2 pulgadas) al año. En Teherán, 14 estaciones de metro están en riesgo, y la red ferroviaria nacional requiere reparaciones constantes para contrarrestar los efectos del desplazamiento del terreno. En las ciudades, este asentamiento diferencial deforma y rompe las envejecidas tuberías subterráneas, acelerando el deterioro de los sistemas municipales de agua, que ya pierden por fugas un 30 por ciento estimado del agua tratada.

Más allá del colapso tangible de las infraestructuras, la crisis del agua está infligiendo una herida más profunda: la destrucción física del patrimonio cultural e histórico de Irán. El hundimiento del terreno está provocando daños estructurales irreversibles en algunos de los yacimientos antiguos más preciados de la humanidad. En la llanura que alberga las ruinas de Persépolis, el suelo se hunde hasta 20 o 30 centímetros (~8 a 11 pulgadas) al año, desgarrando estructuras anexas con profundas fisuras geológicas. La histórica ciudad de Isfahán también se hunde con rapidez, poniendo en peligro sus emblemáticas mezquitas, palacios y puentes. Para muchos iraníes, la incapacidad del régimen para proteger estos poderosos símbolos de la civilización persa se percibe como un profundo fracaso en la custodia del patrimonio, lo que alimenta un relato según el cual no solo es incompetente, sino también destructor del verdadero legado de la nación.

Tabla 1: La cascada de fracasos sistémicos impulsada por el agua

El coste humano del colapso

Los fracasos sistémicos detallados en el análisis precedente se traducen en costes humanos concretos y devastadores. Esta sección cuantifica el precio humano de la crisis, al seguir la cifra de personas en riesgo de hambre, muerte y desplazamiento como consecuencia directa del colapso en cascada.

Una emergencia de salud pública con múltiples vectores

La convergencia de un sistema hídrico en quiebra, un suministro alimentario en colapso y una red eléctrica fallida está precipitando una catástrofe de salud pública con múltiples vectores. El coste humano se medirá en un aumento drástico de la mortalidad excesiva por calor, el resurgimiento de epidemias mortales y los efectos a largo plazo de una desnutrición generalizada.

El calor se está convirtiendo rápidamente en una de las amenazas más directas y letales para la población iraní. Los estudios epidemiológicos

ya han establecido un vínculo claro entre las olas de calor y el aumento de la mortalidad. Un metaanálisis exhaustivo para Irán concluyó que las olas de calor incrementan el riesgo relativo de mortalidad por todas las causas en un 23 por ciento en comparación con los periodos sin olas de calor. Este riesgo está aumentando de forma drástica. El informe Lancet Countdown de 2024 revela un incremento del 168 por ciento en el número de días de ola de calor sufridos por las poblaciones vulnerables durante la última década. Combinado con la incapacidad de la red eléctrica para sostener la refrigeración esencial, se dan las condiciones para un aumento masivo de la mortalidad excesiva por golpe de calor, deshidratación e insuficiencia cardiovascular.

El segundo vector de esta catástrofe será el regreso de enfermedades epidémicas. A medida que fallan los sistemas municipales de agua, la población se ve obligada a recurrir a fuentes insalubres, lo que crea condiciones idóneas para los patógenos transmitidos por el agua. Irán tiene un historial documentado de grandes epidemias de cólera vinculadas a un saneamiento deficiente, en particular en provincias vulnerables como Sistán-Baluchistán y Juzestán. El Lancet Countdown señala un aumento del 22,7 por ciento en la población que vive cerca de aguas costeras con condiciones propicias para la transmisión de Vibrio cholerae. La proyección es cruda: es altamente probable que se produzcan grandes brotes de cólera, fiebre tifoidea y disentería en los próximos cinco años.

Este coste humano también lo inflige directamente el Estado. Cuando los ciudadanos salen a la calle empujados por penurias insoportables, sus «protestas de supervivencia» reciben como respuesta fuerza letal. En el «Levantamiento de los Sedientos» de julio de 2021 en Juzestán, las fuerzas de seguridad emplearon munición real para aplastar las manifestaciones y mataron al menos a 11 personas. Este patrón se repitió durante el verano de 2025, cuando estallaron protestas en varias ciudades con ciudadanos coreando «Agua, electricidad, vida: nuestros derechos absolutos». El Estado respondió con represión, disparando gases lacrimógenos y presentando cargos de seguridad nacional contra activistas. Estas muertes y detenciones son un coste humano directo y cuantificable de una crisis provocada por el propio régimen. De cara al futuro, el saldo acumulado es sobrecogedor. Una previsión a 10 años estima un escenario intermedio de 1.350.000 muertes excesivas acumuladas directamente atribuibles a las crisis en cascada. Esto incluye unas 600.000 muertes por enfermedades relacionadas con el calor, 500.000 por desnutrición e inanición y 250.000 por enfermedades transmitidas por el agua.

El gran éxodo: desplazamiento masivo y desestabilización regional

El efecto acumulado del colapso de los sistemas agrícola, energético y de salud pública será convertir vastas extensiones de Irán en inhabitables, desencadenando un movimiento humano a una escala no vista en la historia moderna del país. Este éxodo ya está en marcha. El propio Gobierno iraní ha reconocido que aproximadamente 800.000 iraníes han sido desplazados internamente por problemas relacionados con el clima, incluidas la sequía y la desertificación. No se trata de una emergencia temporal, sino de una migración permanente que está creando una enorme población de «refugiados del agua» internos.

La escala potencial de los desplazamientos futuros es sobrecogedora. El informe de junio de 2025 proyectaba un escenario intermedio de

12 millones de iraníes desplazados internamente para 2035. Sin embargo, los acontecimientos del verano y el otoño de 2025 exigen una revisión al alza acusada de esta valoración de la amenaza. En julio de 2025, el propio presidente Pezeshkian advirtió de que la crisis del agua podría obligar a huir a hasta 15 millones de residentes solo de Teherán. Aunque en ese momento pudo sonar a hipérbole, su posterior declaración de octubre de que la capital debe trasladarse otorga a esa sombría advertencia una gravedad nueva y aterradora. La perspectiva de que una megaciudad de más de 10 millones de personas se vuelva funcionalmente inhabitable introduce un factor de desplazamiento de una magnitud sin precedentes.

A medida que se agoten los mecanismos internos de afrontamiento y se erosione el control estatal, un número significativo de personas se verá obligado a cruzar fronteras internacionales. La proyección intermedia original preveía una salida transfronteriza de 3,5 millones de refugiados para 2035. Un escenario de fracaso estatal centrado en el colapso de Teherán probablemente elevaría esa cifra de forma considerable, generando una crisis de refugiados que empequeñecería emergencias regionales previas, incluida la guerra civil siria. La estabilidad de los vecinos de Irán está directa e inmediatamente amenazada. Irak ya lidia con su propia grave crisis hídrica, y Turquía gestiona una de las mayores poblaciones de refugiados del mundo. No hay indicios de que ningún Gobierno regional u organismo internacional haya iniciado una planificación de contingencia para un acontecimiento humanitario y de seguridad de esta magnitud.

Tabla 2: El coste humano cuantificado del colapso (proyecciones 2025-2035)

El punto de ruptura político: un calendario acelerado hacia el fracaso estatal

La convergencia de fracasos sistémicos y sufrimiento humano masivo está generando una presión intolerable sobre el sistema político iraní. La crisis hídrica de base está derivando en una crisis de legitimidad estatal, que erosiona la autoridad del régimen y activa las fallas étnicas y sociales más profundas del país. Los acontecimientos de mediados y finales de 2025 evidencian una drástica compresión del calendario hacia el fracaso sistémico, que lleva a la nación de una crisis crónica a una fase terminal.

Un calendario acelerado hacia el «Día Cero»

La trayectoria del colapso iraní impulsado por el agua está regida por umbrales físicos y bucles de retroalimentación que empujan a la nación hacia fases diferenciadas de fracaso sistémico en un calendario discernible. La irreversibilidad de la «muerte del acuífero» por hundimiento del terreno condena a la nación a un estado de escasez hídrica perpetua, con independencia de futuros cambios políticos o pautas de precipitación.

La crisis ha pasado de una trayectoria crónica, de una década, a una emergencia aguda y estacional. A lo largo del verano, los medios estatales iraníes empezaron a lanzar advertencias sombrías de que Teherán podría alcanzar el «Día Cero» —el punto en el que la red municipal ya no puede suministrar agua corriente— en cuestión de semanas. A finales de julio, el propio presidente Pezeshkian advirtió públicamente de que los embalses de Teherán podrían secarse por completo en septiembre u octubre si no se gestionaba el consumo.

La confirmación definitiva de esta fase terminal llegó en forma de información de inteligencia contrastada. El «Iran Update» del 30 de septiembre de 2025 del Institute for the Study of War (ISW) reveló que las reservas de agua de la presa de Karaj —una de las cinco presas críticas que abastecen a Teherán— se desplomaron de 111 millones de metros cúbicos (mcm) (~4.000 millones de pies cúbicos) en septiembre de 2024 a apenas 28 mcm (~989 millones de pies cúbicos) en septiembre de 2025. Esto representa una pérdida asombrosa del 75 por ciento en un solo año. La presa, ahora llena solo al 15 por ciento, es incapaz de generar electricidad para Teherán, lo que confirma el vínculo directo entre la crisis del agua y los apagones de la capital. Estos datos, unidos a declaraciones oficiales de que las reservas totales de agua superficial de Teherán habían descendido 227 mcm (~8.000 millones de pies cúbicos) interanualmente, dibujan un cuadro innegable de un fracaso integral y sistémico de toda la infraestructura de agua superficial de la capital.

La «Década del Día Cero» se ha convertido en la «Temporada del Día Cero». La posterior declaración del presidente, el 2 de octubre, de que trasladar la capital «no es una elección; es un mandato» constituye una admisión de facto de que el «Día Cero» para Teherán es inevitable. La fase de «Emergencia Inmediata» (2025-2026) descrita en el informe de junio no es un acontecimiento futuro que haya que vigilar; es la realidad actual, plenamente materializada sobre el terreno.

Tabla 3: Calendarios revisados del fracaso sistémico (evaluación de octubre de 2025)

El desenlace: reevaluación de los escenarios para el futuro de Irán

El calendario acelerado y la respuesta política del régimen obligan a reponderar formalmente las probabilidades de los tres posibles escenarios finales esbozados en el informe de junio de 2025.

Escenario 1: Colapso y fragmentación del régimen (probabilidad elevada a alta). Este es ahora el desenlace más probable. La admisión pública del presidente de que el Estado ya no puede garantizar la viabilidad de su propia capital es un golpe profundo y probablemente irreversible al prestigio del régimen y a su pretensión de competencia. Es una señal para toda la población de que el Estado ha fracasado en su función más básica. Esto, combinado con la escalada de las «protestas de supervivencia» y la inmensa presión sobre un aparato de seguridad que ahora debe reprimir a una población sedienta y desesperada, aumenta drásticamente las posibilidades de un colapso sistémico. Una orden de disparar contra familias que reclaman agua podría desencadenar fácilmente una crisis de conciencia y la fractura de la lealtad de las fuerzas de seguridad, conduciendo a un rápido derrumbe del control central y a la fragmentación del país a lo largo de sus fallas hidroétnicas.

Escenario 2: Salir del paso por la coerción (viabilidad reducida a baja-media). Aunque la capacidad de violencia del IRGC sigue siendo formidable, las realidades físicas de la crisis hídrica hacen que este escenario sea mucho menos sostenible que hace cuatro meses. Un «Estado hueco» no puede funcionar indefinidamente si su capital carece de agua. El régimen puede disparar a los manifestantes, pero no puede disparar agua dentro de las tuberías. La insostenibilidad logística y física de Teherán hace cada vez más improbable un escenario de «salir del paso» a largo plazo centrado en la capital actual. El anuncio presidencial de un traslado de la capital es, en sí mismo, una admisión tácita de que la opción de «salir del paso» en Teherán ya ha fracasado.

Escenario 3: Reforma y estabilización improbables (probabilidad cercana a cero). La respuesta del régimen a la crisis ha cerrado definitivamente esta posibilidad. La «solución» propuesta —un fantasioso y corrupto proyecto multimillonario de traslado de la capital que enriquecerá al IRGC— es diametralmente opuesta a las dolorosas reformas basadas en la ciencia que exige la supervivencia nacional (por ejemplo, desmantelar el imperio económico del IRGC, poner fin a subsidios ruinosos, dotar de poder a una autoridad hídrica independiente). Esta maniobra confirma que el régimen es estructuralmente incapaz de una reforma genuina y que, en su lugar, redoblará su modelo fracasado y autoenriquecedor hasta el punto del colapso total. La propuesta no es una política para resolver un problema, sino un desenlace político que revela la lógica interna del régimen: prefiere ver cómo el país colapsa mientras su núcleo duro se lucra con el proceso antes que aplicar las reformas necesarias para la supervivencia nacional.

Un plan maestro para el renacimiento nacional

El análisis precedente establece un diagnóstico terminal de la crisis hídrica de Irán y de la bancarrota política del régimen en el poder. Esta sección final pasa del diagnóstico a la prescripción, y traza un plan maestro detallado y ejecutable para el renacimiento nacional. No es un plan para el Gobierno actual, que constituye una barrera estructural a la supervivencia, sino una hoja de ruta para un futuro Gobierno iraní postransición dispuesto a tomar las difíciles decisiones necesarias para apartar a la nación del abismo.

El Consorcio Internacional de Recuperación del Agua: un diseño para la supervivencia

El éxito de este plan de recuperación depende por completo de una transición política que lleve al poder a un nuevo Gobierno iraní definido por la transparencia, la rendición de cuentas y una apuesta estratégica por la colaboración internacional. La pieza central de la estrategia es la formación inmediata del Consorcio Internacional de Recuperación del Agua (International Water Recovery Consortium). No sería una conferencia de donantes al uso, sino una alianza operativa de naciones con experiencia probada y de primer nivel mundial en todas las facetas de la gestión del agua, cuyos expertos trabajarían codo con codo con las nuevas instituciones iraníes para codiseñar y ejecutar la recuperación. Cada socio ha sido seleccionado para un papel específico y sinérgico:

• Tecnología y gobernanza - Israel: Israel encabezaría el despliegue acelerado de tecnología de vanguardia, supervisando la planificación de grandes plantas desalinizadoras de ósmosis inversa de agua de mar (SWRO) y un programa nacional de reutilización de aguas residuales con el objetivo de alcanzar el 90 por ciento de reutilización en la agricultura. De forma crucial, expertos de la Autoridad del Agua de Israel (Israel Water Authority, IWA) aportarían el plan director de una nueva «Autoridad del Agua Iraní», unificada y políticamente independiente, que concentraría bajo un mismo techo todas las competencias de planificación, regulación y fijación de precios.
• Datos y asignación - Australia: Australia aplicaría los principios centrales de su exitoso Plan de la Cuenca Murray-Darling (Murray-Darling Basin Plan). Esto implicaría crear un registro nacional de derechos de agua y establecer Límites Sostenibles de Extracción (Sustainable Diversion Limits, SDL): topes legalmente exigibles a la extracción de agua en cada una de las cuencas de Irán, sustentados en medición moderna y transparencia pública.
• Resiliencia urbana y tarificación - Singapur: Expertos de la Junta de Servicios Públicos de Singapur (Public Utilities Board, PUB) diseñarían e implementarían una estrategia de «Cuatro Grifos Nacionales» (Four National Taps) para las principales ciudades, integrando todas las fuentes de agua en un único sistema optimizado. Su aportación más decisiva sería diseñar una nueva estructura nacional de tarifas del agua que elimine los subsidios destructivos y avance hacia la recuperación total de costes, incorporando al mismo tiempo tarifas «de subsistencia» para proteger a los pobres.
• Gobernanza local - Países Bajos: Especialistas neerlandeses aportarían el modelo para establecer una red de Juntas de Agua de partes interesadas a escala regional y de cuenca, inspiradas en su sistema centenario de waterschappen. Esto sustituiría el sistema iraní, vertical y opaco, por un modelo democrático en el que las partes interesadas locales eligen a representantes para gestionar sus propios recursos hídricos.
• Financiación y grandes proyectos - Arabia Saudí y socios del CCG: Arabia Saudí y sus socios del Golfo aportarían el capital ancla para la revitalización de infraestructuras por valor de miles de millones de dólares, en particular enormes corredores de desalación y energía solar. No se plantearía como ayuda, sino como una inversión estratégica crítica en la estabilidad regional, estructurada mediante sofisticados modelos de Asociación Público-Privada (APP) y de empresa conjunta (joint venture, JV).

Tabla 4: El Consorcio Internacional de Recuperación del Agua: mandatos y aportaciones

Destinos contrapuestos: por qué otros Estados de la región sí se han adaptado

La tesis de que la crisis de Irán es, ante todo, política y no ambiental queda respaldada por un análisis comparativo de cómo otras naciones áridas de la región han gestionado con éxito la escasez de agua. Los resultados divergentes entre Irán y sus vecinos demuestran que el principal factor determinante de la seguridad hídrica en Oriente Medio es la gobernanza y la voluntad política.

Estudio de caso de Israel: ante una escasez natural de agua extrema, Israel ha transformado su economía del agua mediante una combinación de reforma institucional, innovación tecnológica e inversión masiva. Hoy ha alcanzado la seguridad hídrica. La clave de su éxito fue la Ley del Agua de 1959, que nacionalizó todos los recursos hídricos y creó una única Autoridad del Agua de Israel (Israel Water Authority, IWA), de carácter tecnocrático, para gestionarlos, aislando la toma de decisiones de las presiones políticas de corto plazo. Esta gobernanza centralizada permitió una estrategia nacional coherente centrada en dos pilares: la creación de nuevas fuentes de agua y la gestión de la demanda. Israel desaliniza actualmente más del 80 por ciento del agua urbana destinada al consumo doméstico a partir del Mediterráneo, mediante algunas de las plantas de ósmosis inversa más eficientes del mundo. Es el líder mundial en reciclaje de aguas residuales: trata casi el 90 por ciento de sus efluentes con un alto estándar y los reutiliza en la agricultura. Esta estrategia, combinada con un sistema nacional de transporte de agua y una tarificación realista, le ha permitido asegurar su futuro hídrico.

Estudio de caso de Arabia Saudí: como uno de los países más secos del mundo, Arabia Saudí ha emprendido una estrategia ambiciosa e intensiva en capital, en el marco de su Visión 2030, para asegurar su suministro de agua. El Reino es el mayor productor mundial de agua desalinizada, con una producción diaria superior a 11,1 millones de metros cúbicos (~391 millones de pies cúbicos), y prevé cubrir el 90 por ciento de su demanda urbana de agua mediante desalinización en 2030. Su Estrategia Nacional del Agua 2030 ofrece un marco integral con 10 programas estratégicos centrados en la gestión integrada de los recursos, la gestión de la demanda y la participación del sector privado. Consciente de la insostenibilidad de su consumo agrícola de agua (que representa ~84 por ciento del uso de agua dulce), el Reino está invirtiendo con fuerza en la reutilización de aguas residuales. Se prepara para poner en marcha 96 proyectos con una inversión de 4.000 millones de dólares a fin de mejorar la infraestructura de reutilización, con el objetivo de reutilizar el 70 por ciento del agua tratada en 2030. La estrategia incluye el paso a tecnologías modernas de riego, la reducción de las pérdidas de agua en la red y la creación de nuevas empresas públicas que gestionen con eficiencia todo el sistema de transporte y distribución de agua.

El éxito de estas dos naciones, que afrontan condiciones naturales iguales o más severas que las de Irán, pone de relieve el marcado contraste en materia de gobernanza. Mientras Israel y Arabia Saudí han apostado por una gestión tecnocrática centralizada, tecnología avanzada e inversión estratégica, el enfoque de Irán se ha caracterizado por una autoridad fragmentada y politizada (la «mafia del agua»), la dependencia de megaproyectos destructivos y obsoletos, una infrainversión crónica y subvenciones populistas que fomentan el derroche. Los distintos resultados no son fruto del clima ni de la geología, sino de una elección política.

Una estrategia de recuperación por fases

El plan de recuperación se ejecutaría en tres fases diferenciadas pero superpuestas, que irían desde la estabilización de emergencia hasta una reforma estructural profunda y, finalmente, la modernización de la infraestructura a gran escala.

Fase I (primeros 100 días): triaje de emergencia y movilización. Los primeros 100 días de un nuevo gobierno serán decisivos. La atención debe centrarse en la estabilización inmediata y en la movilización del Consorcio. Ello implica invitar formalmente a los socios, enviar equipos de evaluación rápida a las cuencas de mayor riesgo, crear un «Fondo de Recuperación Hídrica de Irán» con el respaldo del CCG y de instituciones financieras internacionales, y aprobar una «Ley de Recuperación del Agua» de emergencia que establezca la base jurídica de la nueva Autoridad Iraní del Agua y del mandato operativo del Consorcio.

Fase II (años 1-3): reformas estructurales codiseñadas. Una vez estabilizada la emergencia inmediata, esta fase se centra en aplicar las reformas profundas necesarias para la sostenibilidad a largo plazo. La nueva Autoridad Iraní del Agua se constituiría formalmente, con expertos israelíes en funciones de asesoramiento. Se elegirían las primeras juntas regionales de agua de partes interesadas (Stakeholder Water Boards) bajo supervisión neerlandesa. El Sistema Nacional de Contabilidad del Agua, dirigido por expertos australianos, se desplegaría con contadores modernos y límites de extracción legalmente vinculantes. Se introducirían de forma gradual nuevas tarifas urbanas del agua, diseñadas con expertos singapurenses. Por último, la reestructuración agrícola comenzaría con incentivos para el cambio de cultivos y las primeras licitaciones de recompra de derechos de agua.

Fase III (años 3-7 y siguientes): modernización de la infraestructura liderada por la asociación. Esta fase marca la reconstrucción física a gran escala de la infraestructura hídrica de Irán. Se iniciarían la contratación y la construcción de la primera oleada de plantas desalinizadoras de gran escala y de los campos solares asociados, gestionadas mediante licitaciones internacionales transparentes con supervisión conjunta. Un programa masivo con apoyo estatal desplegaría tecnología avanzada de riego por goteo en explotaciones de todo el país, con formación a cargo de agrónomos israelíes. Se construiría una red de modernas plantas de reciclaje de aguas residuales cerca de todas las grandes ciudades para alcanzar el objetivo nacional del 90 por ciento de reutilización en la agricultura, liberando enormes cantidades de agua dulce para consumo potable.

Conclusión y recomendaciones estratégicas

Conclusión: un fracaso estatal en curso

Las pruebas presentadas en este informe conducen a una conclusión ineludible: Irán avanza de manera acelerada hacia el fracaso estatal, impulsado por una crisis del agua provocada por él mismo. El colapso de los sistemas hidrológicos del país ya no es una amenaza lejana, sino un proceso activo y observable. La base física del Estado —su capacidad para suministrar agua y electricidad a su capital— se está desmoronando. La legitimidad política del Estado ha quedado hecha añicos por el reconocimiento de ese fracaso por parte del propio presidente. El régimen actual, paralizado por su ADN político y rehén de intereses que lucran con la destrucción, es estructuralmente incapaz de evitar este desenlace. Su «solución» propuesta —un fantasioso traslado de la capital— es una maniobra de distracción que no hará sino acelerar la crisis, al desviar recursos inexistentes hacia las mismas entidades que se beneficiaron del desastre inicial.

Dos futuros se abren ante Irán. El primero, y el más probable bajo el régimen actual, es un futuro de colapso aislacionista: embalses que se vacían, apagones rotatorios, ruina agrícola y desplazamientos masivos, que culminarán en una catástrofe humanitaria y de seguridad capaz de desestabilizar toda la región. El segundo futuro es el de un renacimiento nacional mediante una asociación global. Es un futuro que solo podrá materializarse tras una transición política de fondo, encabezada por un nuevo gobierno que opte por la transparencia y la cooperación frente a la ideología y el aislamiento.

Recomendación principal: la necesidad imperiosa de una planificación de contingencia proactiva

Esperar a que se produzca una transición política en Irán para empezar a planificar una respuesta es la receta del fracaso. La ventana de oportunidad para una transición exitosa y estable será estrecha y caótica. La comunidad internacional debe actuar ahora para garantizar que exista un plan de recuperación creíble, integral y plenamente financiado, listo para su despliegue inmediato el «Día Uno». El plazo hasta un gran episodio de desestabilización se ha acortado de años a meses.

Por ello, la principal recomendación política de este informe es que Estados Unidos, la Unión Europea y el G7, junto con las naciones socias propuestas, constituyan de forma inmediata y proactiva un «Grupo de Trabajo en la Sombra para la Recuperación Hídrica de Irán». El modelo de planificación de contingencia multinacional y proactiva, similar a la creación por el G7 de un «Grupo de Trabajo sobre la Flota en la Sombra» para combatir el transporte marítimo ilegal, debería adaptarse para afrontar el inminente colapso iraní.

El mandato de este Grupo de Trabajo en la Sombra debe ampliarse de inmediato para ajustarse al calendario acelerado. Su foco debe pasar de la planificación de la recuperación a largo plazo a la gestión de crisis a corto plazo y a la respuesta de contingencia. Sus tareas serían:

1. Acelerar la planificación técnica de la respuesta de emergencia: los socios del Consorcio (Israel, Australia, Singapur, los Países Bajos, el CCG) deben ir más allá de redactar planes de recuperación a largo plazo. La prioridad inmediata es desarrollar «kits operativos del Día Uno» para la purificación de agua de emergencia, sistemas móviles de saneamiento e intervenciones de salud pública diseñados para su despliegue en un entorno urbano en colapso como Teherán.
2. Crear una célula de gestión de la crisis humanitaria y de desplazamiento: el Grupo de Trabajo debe ampliarse para incluir a altos representantes de ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y otras agencias humanitarias clave. El mandato de esta célula sería modelizar escenarios de desplazamiento basados en el colapso de Teherán y de otras grandes ciudades, identificar corredores logísticos e iniciar el proceso de preposicionamiento de recursos ante una posible salida masiva de refugiados hacia Turquía, Irak y el Cáucaso.
3. Elaborar planes de contingencia ante el caos del traslado de la capital: el Grupo de Trabajo debe realizar un análisis específico de las implicaciones de seguridad y logísticas de un intento caótico, dirigido por el Estado (o en colapso), de trasladar funciones gubernamentales clave y población fuera de Teherán. Ese análisis debería modelizar la posibilidad de que este proceso desencadene una descomposición social generalizada, violencia intercomunitaria y un colapso total de la autoridad estatal.
4. Implicar a los actores regionales en los efectos de contagio: deben iniciarse consultas inmediatas, discretas y de alto nivel con los gobiernos de Turquía, Irak, Azerbaiyán y los Estados del CCG. El propósito de estas consultas sería compartir información de inteligencia sobre el carácter acelerado de la crisis y poner en marcha el necesario proceso de planificación conjunta de contingencias para gestionar los efectos transfronterizos de seguridad, económicos y humanitarios de un gran colapso iraní.

Al emprender este trabajo ahora, la comunidad internacional puede garantizar que, cuando se abra una ventana de cambio en Irán, esta no se encuentre con indecisión y demoras, sino con una oferta de asociación concreta, creíble y atractiva. Así se transforma una crisis potencial en una oportunidad histórica, proporcionando a un nuevo gobierno iraní las herramientas, los conocimientos y los recursos que necesita para conducir a su nación del borde del colapso a un futuro de recuperación sostenible.

Guy Goldstein es CEO de Revenue Path, una consultora de estrategia de crecimiento, y asesora a gobiernos e instituciones sobre guerra cognitiva, desinformación y seguridad de la inteligencia artificial.

Rebecca Bar-Sef es fundadora de la iniciativa Understanding Humanity, dedicada a reavivar el pensamiento crítico y la cultura de la pregunta mediante la exploración de cómo ascienden y caen las civilizaciones.