La crisis del agua en Irán anticipa el problema del «día después» de un cambio de régimen

Muchos observadores de Irán aguardan con creciente entusiasmo la caída de la República Islámica: un sistema que lleva casi cuarenta y siete años en el poder, ha mostrado escasa piedad con sus opositores, ha maltratado a las minorías y —aprovechando la euforia posrevolucionaria y el apoyo popular de los primeros tiempos— ha empujado al país hacia lo que la filósofa estadounidense Hannah Arendt llamó la banalidad del mal.

Los destrozos infraestructurales y ecológicos que dejará el régimen serán enormes. La República Islámica no solo aplastó la política; empobreció a millones de iraníes. Y en el centro de esos destrozos se asienta una estructura de poder que demasiados analistas siguen despachando como un chiste: la «mafia del agua». No es una broma: desvían grandes porciones del presupuesto nacional hacia megaproyectos —a menudo con una supervisión mínima—, canalizando miles de millones hacia sistemas clientelares arraigados, entre ellos entidades vinculadas al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica.

Para cualquiera que siga la crisis del agua en Irán, la verdad es que la construcción de presas y los trasvases entre cuencas, vendidos como una ayuda «al pueblo», han logrado lo contrario: han agravado la escasez, impulsado la migración, empeorado el desempleo y la pobreza, y avivado tensiones regionales. Durante décadas, el régimen ha concentrado los mayores megaproyectos en el suroeste del país. Presentaron a las comunidades locales las presas en las cabeceras de los ríos como motores de empleo y garantía de agua permanente para la agricultura. En muchos casos, lo que entregaron fueron empleos de construcción a corto plazo, estrés hídrico a largo plazo y clientelismo político.

Buena parte de esta maquinaria ha operado a través de Khatam al-Anbiya como contratista dominante y de Mahab Ghodss, un brazo consultor clave. El resultado se ve en las estribaciones y llanuras de los Zagros: penurias, pueblos abastecidos por camiones cisterna y comunidades que antaño vivían junto a grandes ríos y hoy afrontan racionamiento y grifos secos. A medida que menguaban los caudales superficiales, los agricultores recurrieron a las aguas subterráneas, hasta que ese salvavidas también empezó a fallar. Entretanto, investigaciones persistentes apuntan a que parte del agua se ha desviado de las comunidades para sostener emplazamientos industriales y de seguridad estratégicos, entre ellos instalaciones ligadas al sector nuclear.

Irán resistió durante milenios con una gestión disciplinada de las aguas subterráneas. Desde mediados del siglo XX ha virado hacia la inestabilidad: la sobreexplotación ha consumido las reservas hídricas del país y ha provocado hundimientos del terreno en varias provincias. En zonas urbanas densas —sobre todo allí donde el riesgo sísmico es alto—, la subsidencia aumenta las probabilidades de que el próximo gran terremoto se convierta en una catástrofe con víctimas masivas.

Pero el terremoto que sacude hoy a Irán es político y hunde sus raíces en décadas de desgobierno económico y de una gestión catastrófica del agua. Hay un patrón en la geografía de los choques y protestas recientes: muchos focos coinciden con áreas que han sufrido un estrés hídrico severo en los últimos años. La pregunta de fondo es si alguien se está preparando para la estabilidad tras un colapso.

Irán se acerca a una bancarrota hídrica extrema. La bancarrota financiera puede gestionarse: las instituciones reestructuran la deuda, inyectan liquidez, ganan tiempo. La bancarrota hídrica es más dura: el consumo ha superado el balance real, no hay un plan creíble para reducir la demanda y los funcionarios siguen prometiendo suministros que no existen. Muchos acuíferos están agotados. En esa condición, la recuperación se convierte en una ventana que se estrecha, no en un resultado garantizado.

Sí, la desalinización en la costa sudoriental puede cubrir parte del déficit. Pero las costosas soluciones basadas en agua de mar no bastan por sí solas para salvar al resto del país. La vía racional es una gestión exigente de la demanda, la captación de crecidas y la recarga de acuíferos, la reutilización de aguas residuales y el fin de los incentivos que premian el consumo excesivo. Contra el argumento de venta que la mafia del agua lleva décadas repitiendo —que «más presas» salvarán a Irán—, la columna vertebral del suministro iraní siempre han sido las aguas subterráneas. Esa cuenta nacional de ahorro hídrico está casi seca, y hay que reponerla, no saquearla. El agotamiento de los acuíferos sirvió para justificar contratos multimillonarios, pero también dejó a millones de personas tan vulnerables que muchas sienten ya que no tienen nada que perder.

La escasez de agua se convertirá en escasez de alimentos. Y aunque se levanten las sanciones tras la caída del régimen, los puertos y los sistemas logísticos de Irán no se reactivarán por arte de magia para suministrar lo que el país necesita. Algunos creen que, una vez desaparecido el régimen, el antiguo príncipe heredero Reza Pahlaví y su equipo —armados con consignas y respaldo extranjero— arreglarán el país. Pero, incluso si los expertos avalan sus planes, los hechos sobre el terreno no se plegarán a los deseos. El futuro de Irán exige una gobernanza sostenible de los recursos y una estrategia seria para rescatar la tierra en un clima más cálido y más seco, de modo que millones de personas no se vean empujadas a emigrar por la sequía, el hambre y el colapso de los servicios. La planificación tiene que empezar ahora, guiada por expertos y no por aduladores que orbitan alrededor de un aspirante a salvador.