Por qué los ataques con misiles contra ciudades israelíes rara vez acaban en juicio

El 19 de junio de 2025, un misil iraní alcanzó el Centro Médico Soroka de Beerseba, hirió a civiles y dañó uno de los mayores hospitales del sur de Israel. En virtud de las leyes internacionales de la guerra, los hospitales gozan de una protección especial. Proteger a los enfermos y a los heridos fue el principio fundacional del Convenio de Ginebra de 1864. No son objetivos lícitos salvo que se utilicen con fines militares. Ninguna afirmación de ese tipo acompañó el ataque contra el Centro Médico Soroka. Aunque el suceso acaparó titulares, no dio lugar a acciones legales.

Aquel ataque no fue un hecho aislado. El 1 de abril de 2026 sonaron las sirenas en Tel Aviv después de que Hezbolá lanzara una salva de misiles. Los civiles se desplazaron a los refugios en toda la ciudad cuando se activó el sistema de alerta, mientras los misiles apuntaban a barrios civiles.

Otros grupos, como los hutíes de Yemen, también han lanzado misiles y drones hacia Israel y han prometido más. Hamás ha disparado cohetes no guiados hacia Ascalón, obligando a los civiles a refugiarse y a los equipos de emergencia a salir a la calle. Los autores pueden ser distintos, pero el método estratégico es el mismo: dirigen misiles y cohetes hacia zonas civiles para sembrar el terror, dañar propiedades y herir o matar a civiles.

El derecho internacional humanitario prohíbe los ataques directos y deliberados contra civiles y prohíbe específicamente los ataques que no pueden distinguir entre objetivos civiles y militares. Tanto los cohetes no guiados como las bombas de racimo disparados indiscriminadamente contra ciudades entran en esa segunda categoría. La proscripción internacional se aplica de forma universal, con independencia de quién lance este tipo de ataques.

Parte del problema radica en la jurisdicción y en la voluntad política, ya que muchos de los grupos responsables de estos ataques actúan fuera del alcance de los tribunales que, de otro modo, podrían procesarlos. Sus dirigentes residen en territorios donde la detención es improbable, y los Estados que los acogen o los respaldan tienen pocos incentivos para cooperar con la aplicación de la ley. Existen mecanismos internacionales, pero dependen de la acción de los Estados para hacerse efectivos y, sin esa cooperación, el camino que va de la violación al procesamiento se desvanece mucho antes de llegar a una sala de vistas.

Organizaciones independientes lo han señalado. Human Rights Watch ha concluido que los recientes ataques con misiles contra Israel, incluidos los que emplearon municiones de racimo, fueron indiscriminados y podrían constituir crímenes de guerra. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha advertido de que las municiones de racimo ponen en peligro a los civiles tanto durante un ataque como mucho después, cuando quedan submuniciones sin estallar dispersas por el terreno. Se trata de derecho consolidado.

Lo que resulta más difícil de identificar es un esfuerzo sostenido por hacer cumplir estas leyes. Caen los misiles, suenan las sirenas, una milicia reivindica abiertamente la autoría y, acto seguido, el mecanismo de aplicación necesario se evapora. Apenas hay iniciativas para promover detenciones, imputaciones o procesos vinculados a estos ataques contra centros de población israelíes.

La brecha llama la atención porque los hechos de fondo no están ocultos. Los comunicados de Hezbolá vinculan los ataques a las condiciones del conflicto en curso, mientras responsables hutíes describen públicamente sus operaciones, y Hamás lleva mucho tiempo atribuyéndose el mérito de sus lanzamientos de cohetes contra ciudades israelíes. En muchos casos, la atribución no requiere una investigación compleja, porque los autores no solo se identifican, sino que se adjudican el mérito de estos ataques.

Los mecanismos jurídicos existen. El derecho internacional prevé la rendición de cuentas y los tribunales tienen jurisdicción en determinadas condiciones. Los regímenes de sanciones pueden dirigirse tanto a personas como a organizaciones. El problema es la falta de aplicación de estas herramientas cuando las víctimas de los ataques son israelíes.

Cuando los ataques contra hospitales y ciudades no acaban en procesos judiciales, la ley empieza a perder fuerza. Sigue formando parte del lenguaje de la diplomacia y de la información, pero no disuade. La cuestión, por tanto, no es el contenido de la ley, sino su aplicación coherente. Una respuesta seria no exige nuevas normas, sino la aplicación equivalente de las existentes. Los responsables políticos y las instituciones jurídicas pueden identificar incidentes, atribuir responsabilidades y emprender acciones allí donde la jurisdicción lo permita, incluidas sanciones y detenciones.

En el caso concreto de Israel, parece haber poco interés en hacer cumplir las leyes de la guerra contra quienes atacan a civiles. Hasta que eso cambie, la brecha entre la ley y su aplicación seguirá siendo excepcionalmente amplia.